La Patagonia arde por los incendios y los conflictos territoriales que, con el fin de la feria judicial, podrían derivar en una ola de desalojos de comunidades indígenas. Como nafta al fuego, las autoridades nacionales siguen agravando la vulneración de sus derechos con medidas como la reciente eliminación de un plan que otorgaba subsidios a los pueblos originarios para que reciban asesoramiento, precisamente, por conflictos de tierras y otros asuntos legales.
Se trata del Programa de Fortalecimiento Comunitario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) –cuyo presidente es el exsecretario de Derechos Humanos del macrismo Claudio Avruj– destinado a brindar asistencia en temas jurídicos relacionados con la posesión de tierras. “La cuestión judicial no para, los ataques tampoco, no les importa si estamos padeciendo el drama de los incendios, ellos avanzan igual, ya tenemos un muerto”, dijo a Página/12 Mirtha Ñancunao, vocera de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
El Poder Ejecutivo sostiene que es necesario “dejar sin efecto determinados programas de este Instituto (INAI) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”. El Programa de Fortalecimiento Comunitario tenía como objetivo el “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las comunidades indígenas del país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”. Sin embargo, según informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación, el programa presentaba “deficiencia y desvíos”, e incluso incumplimiento de los objetivos planeados.
El año pasado el gobierno de Javier Milei derogó la ley 26.160 que suspendía los desalojos de comunidades indígenas, por eso el reinicio de la actividad judicial podría significar la activación de varios expedientes en los cuales esa medida ya había sido dictada. “Encima de los desalojos pendientes que tenemos en esta zona, se nos están quemando las comunidades, las familias mapuche y no mapuche están peleando por salvar sus animales, sus casas, han perdido su chacra completa, y el pronóstico dice que recién vendrían las lluvias fuertes en abril”, expresó Ñancunao. Según comentó, varias comunidades de la zona del valle y una en el área andina habían accedido al programa ahora eliminado, y enfatizó que se daba prioridad a aquellas más vulnerables. “Cumplía una función de asesoramiento jurídico para presentar una denuncia, defendernos de los desalojos, porque además necesitamos profesionales que conozcan de derecho indígena; era una suma que ni siquiera completaba el monto de los honorarios, aunque ayudaba, era importante”, explicó la vocera.
A su criterio, el INAI ya no cumple la función que debería para defender los derechos indígenas. “Al contrario, siguen quitando derechos, sacarnos el territorio, quitarnos todo, es su objetivo general a nivel nacional, y también provincial, acciones que no respetan los protocolos de consulta con nosotros, sin importarles que esos derechos indígenas están en la Constitución y los tratados internacionales”, describió.
La única herramienta legal que les queda en Río Negro es invocar la ley provincial Integral del Indígena, la 2.287, sancionada en 1988. “Nos atacan los gobiernos al servicio de los dueños de las tierras que son extranjeros, además de Benetton y Lewis ahora hay capitales qataríes y de Emiratos Árabes, que se están quedando con el agua dulce”, apuntó.
Ñancunao vive en Las Huaytecas, cerca de El Bolsón, y está en plena campaña de recepción de ayuda por los incendios en Mallín Ahogado. “Se quema Epuyén, El Manso, y nosotros estamos en el medio de los fuegos”, lamentó.
Página/12