Mediante el Decreto 429/2025, que firma junto a Guillermo Francos y Luis Caputo, Milei derogó por completo la Ley 26.060 y su decreto reglamentario 527, de 2006 y 2007 respectivamente, que dieron forma al Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, con aplicación en aquellas regiones del país que, por sus características ecológicas, cultura productiva y áreas sembradas, reúnan el carácter de “especialización algodonera”. El cultivo es clave especialmente en Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Formosa y especialmente la provincia del Chaco, donde existen todavía gran cantidad de pequeños y medianos productores.
El argumento de Milei para derogar esta política activa en favor de esa economía regional -que implicaba la reserva en el Presupuesto Nacional de una partida de dinero que nunca fue relevante- es que uno de los objetivos de aquella ley de 2006 fue “la contratación de seguros para garantizar la sustentabilidad de la actividad” algodonera. Pero que esto nunca fue posible porque debido a “condiciones agroclimáticas adversas y a la elevada exposición al riesgo del cultivo de algodón, las compañías aseguradoras han manifestado de forma reiterada su negativa a ofrecer productos de cobertura para dicha actividad, imposibilitando así la implementación efectiva del componente de seguros previsto en la ley”.
“En consecuencia, las facultades que el Título I de la Ley 26.060 otorga al Poder Ejecutivo Nacional han devenido innecesarias, habida cuenta de la imposibilidad fáctica de ejecutar los instrumentos centrales del régimen”, es la excusa que encontró el gobierno libertario para eliminar de cuajo otro renglón de la política pública agropecuaria.
Porque hay aquí una clara interrupción de un plan de fomento que usualmente era consensuado con las provincias involucradas. De hecho, en 2023, en el tramo de gestión del ex ministro Sergio Massa, se decidió relanzar la política algodonera con un Plan de Desarrollo rediseñado hasta 2035, que en rigor de verdad luego del cambio de gobierno nunca se llegó a desplegar realmente.
Lo cierto es que como ya sucedió con la Ley Ovina, que había sido creada por el Congreso y debía recibir fondos presupuestarios todos los años que luego se distribuían en las provincias involucradas, en este caso la motosierra aprovechó para talar el Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA).
En el último Presupuesto vigente de 2023, a ese fondo se le asignaron recursos por 13.500 millones de pesos. Esos recursos tenían como objetivo declarado de “garantizar la sustentabilidad del cultivo del algodón a través de mecanismos que permitan atenuar los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas de los precios y promuevan certidumbre de largo plazo para cada productor algodonero”. En los hechos debían ir a financiar diferentes componentes de la política algodonera.
En este caso, el argumento de los libertarios es que ese fondo se había constituido en 2006 por un plazo de solamente diez años, que ya está vencido, y que lo mismo sucedió con la prórroga por otros diez años decidida mediante la Ley 26.933. “El plazo dispuesto por la mencionada prórroga ha finalizado”, argumentó el gobierno, “sin que se haya dispuesto una nueva extensión ni se hayan introducido modificaciones a las disposiciones legales pertinentes”. Luego determina que “la totalidad de los recursos asignados al referido Fondo han sido ejecutados en la asistencia brindada para la campaña 2023/24, y no se prevé su renovación o reposición presupuestaria”.
Otro componente de la política de fomento algodonero que ahora se caerá era el Registro Nacional de productores, que también fue dado de baja.
“El Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera se basaba sustancialmente en la asistencia financiera proporcionada por el Estado Nacional, por lo que el vencimiento del citado Fondo y la imposibilidad de instrumentar sus herramientas determinan su agotamiento operativo”, es la sentencia definitiva de este nuevo gobierno, que muy lejos estuvo este año y medio de gestión de querer instrumentar una continuidad de estas políticas.
Ahora, en todo caso, debería ser el Congreso Nacional el que retome la discusión sobre las políticas de promoción para dicha actividad regional, que explica la siembra de cerca de medio millón de hectáreas con dicho cultivo clave para la industria textil local, pero que a la vez se ha ido concentrando en cada vez menos número de productores.
Los argumentos esgrimidos por el gobierno de Milei para derogar la política algodonera chocan de bruces con los que planteó la gestión anterior de signo peronista para pensar su continuidad hasta 2035, cosa que finalmente no sucederá.
“La alta variabilidad es una de las características propias de esta actividad, y ello hace necesario la concreción de políticas públicas tendientes a estabilizar los distintos indicadores, con el objetivo de promover el crecimiento y desarrollo sostenible de esta importante economía regional, paradigmática en las principales provincias algodoneras. Las oscilaciones de estos parámetros (superficie, producción) determinaron importantes saldos exportables en algunos casos y en otros la importación de volúmenes significativos de fibra para abastecimiento de la industria textil nacional”, fue uno de los argumentos de aquel plan fallido de 2023.
Bichos de Campo