La medida firmada por el presidente Javier Milei quedó registrada en la Decisión Administrativa 26/2025, publicada en el Boletín Oficial y avalada por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
De forma sucinta, el texto oficial derogó la Decisión Administrativa N° 3 de 2004, que establecía que los contratos debían equipararse salarialmente según la categoría de la planta permanente correspondiente y ajustar el monto según la dedicación horaria. Con la medida, los salarios de los contratados dejan de estar vinculados a los de la planta permanente, abriendo la puerta a una mayor licuación de sus ingresos.
Entre los fundamentos, el Ejecutivo explicó que “la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, en su carácter de Autoridad de Aplicación del referido régimen, se encuentra efectuando una revisión integral de la normativa aplicable a la materia de contrataciones de personal, con la finalidad de optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión de los organismos que integran la Administración Pública Nacional”.
A pesar de la referencia a una modernización administrativa, el decreto concluye sin dar detalles adicionales, afirmando que “atento lo señalado deviene necesario derogar la Decisión Administrativa N° 3/04”.
Licuación salarial y ajustes en el sector público
La reducción del poder adquisitivo se convirtió en un eje central de la política económica de Milei para combatir la inflación. Tanto empleados públicos como privados sufrieron ajustes, pero los estatales fueron los más afectados.
Conforme datos de ATE Nacional, los salarios de los trabajadores del Estado acumulan pérdidas de hasta 19,4% en términos reales, y si se considera la evolución de precios de servicios, alquileres y educación, la caída supera el 40% desde diciembre de 2023.
Despidos y nuevas figuras laborales
La medida se enmarca dentro de un contexto más amplio de ajuste: más de 50 mil trabajadores contratados fueron despedidos, mientras que miles de empleados de planta permanente fueron pasados a la “situación de disponibilidad”, un régimen que permite mantener el sueldo por un período de entre seis y doce meses en tanto se busca su reubicación. La falta de reubicación puede derivar en el despido definitivo.
Qué sucede con los salarios en el sector privado
La batalla entre sueldos e inflación parece pelearse cabeza a cabeza hasta el último día de 2025. Si como muestra basta un botón, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central en base a 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de Argentina, proyectó que la inflación anual en 2025 será de 28,2% de mediana (28% interanual según el top 10 de pronosticadores consultados), poco más de un punto por detrás de los salarios relevados por PwC.
A la vez, al dar a conocer el Índice de Precios al Consumidor de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos mostró una aceleración intermensual del indicador de 0,2% (la segunda suba consecutiva) e indicó que en los primeros 8 meses del año los precios acumularon 19,5% de suba. PwC indicó que el promedio de aumento salarial brindado a empleados no agremiados en el mismo período fue de 19,48 por ciento.
Por lo pronto, algunos gremios ya se dieron cuenta de la aceleración de los precios y tarifas, y este mes comenzaron a cerrarse varias paritarias en torno al 2,5% de aumento o más, fuera del 1% mensual que pedía el Gobierno para la homologación de las actas en el Boletín Oficial. Otros siguen recurriendo a subas extraordinarias por única vez para no perder el paso de la inflación.
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