Tras una semana en la que el Gobierno sufrió un duro revés en el Congreso, el presidente Javier Milei utilizó una cadena nacional para anunciar una nueva fase de su gestión: la judicialización de la política económica. En un mensaje de 23 minutos, adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar “la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal” con sanciones para legisladores y funcionarios que no cumplan la norma.
También informó que prohibirá que el Tesoro Nacional financie el gasto primario mediante emisión monetaria. Milei acusó al congreso de querer “quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo” y dijo que el poder legislativo impulsa “gastos sin explicar su fuente de financiamiento” que causará un “genocidio sobre las generaciones futuras”.
El discurso, plagado de conceptos ya repetidos, buscó enviar señales de tranquilidad a los mercados y se inscribe en una campaña de extrema polarización. “Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico”, advirtió en clave electoral. El gobierno sabe que tiene por delante meses adversos hasta diciembre en los que podría perder por primera vez las votaciones en el Congreso para blindar los vetos.
La Casa Rosada asumió por primera vez esta semana que ya no podrá controlar el Congreso, al menos hasta que cambie la composición de ambas cámaras en diciembre. El día después del “miércoles negro” en Diputados, el temor a la reacción del sector financiero se instaló en los despachos oficiales. El presidente eligió la noche del viernes para transmitir un mensaje dirigido a los mercados, en el que le trasladó a la sociedad la responsabilidad de optar de cara a octubre entre “la fuerza imparable que busca cambiar el rumbo económico” o “el objeto inamovible que es la adicción de la política al gasto público sin respaldo”.
Milei cargó a fondo contra diputados y senadores a quienes acusó de haber “redoblado sus esfuerzos de sabotaje y obstrucción” para “quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo”. “Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional”, dijo en otro tramo de su discurso grabado.
El día después del cierre de alianzas para las elecciones de octubre Milei insistió: “Tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico, entre hacer lo correcto aunque implique tener paciencia, o tomar el atajo e inevitablemente volver a chocar”. Y remató: “No hay terceras vías en esta encrucijada”.
El Presidente repitió que los proyectos aprobados por ambas cámaras no tienen fuentes de financiamiento para justificar los vetos y anunció el envío de un proyecto para condicionar la actividad parlamentaria “estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”.
El mandatario exige que “todo nuevo gasto deberá implicar un recorte de la misma proporción”. Luego envió una advertencia que anticipa meses de conflictividad con el Poder Legislativo: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.
Falacias libertarias
La primera falacia libertaria es que las leyes aprobadas no tienen fuentes de financiamiento. Milei miente cuando asegura que los legisladores de la oposición “no dicen de dónde se saca la plata”. El argumento choca de frente con la realidad: el propio proyecto de aumento a los jubilados fue trabajado en las comisiones de la Cámara de diputados detalla seis mecanismos concretos para cubrir el gasto.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal anualizado del aumento del 7,2 por ciento a jubilaciones y pensiones, junto con el bono de $110.000 y las mejoras a pensiones no contributivas, equivalía al 0,78 por ciento del PBI. Para cubrirlo, el proyecto incorpora seis fuentes de financiamiento:
- Reducción del presupuesto de la SIDE: reasignación de $32.616 millones del Programa 16 de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
- Eliminación de la exención del IVA para directores de sociedades anónimas: derogación del inciso f) del artículo 2° de la Ley 25.239 para gravar a este segmento de altos ingresos.
- Eliminación de la exención del Impuesto a las Ganancias para las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR): derogación del artículo 29 de la Ley 25.300.
- Nacionalización de fondos de entes cooperadores (registros automotor, de la propiedad, etc.): obligación de transferir al Tesoro todos los ingresos recaudados por estos entes, hoy fuera del presupuesto, lo que aportaría más de $130.000 millones anuales.
- Fondo anticíclico: uso del excedente de esta reserva (presupuestada en $6 billones) para mejoras jubilatorias, disponiendo de unos $2,5 billones adicionales, equivalentes a 0,4 % del PBI.
- Reducción de recargos sobre la deuda con el FMI: destino directo de los 500 millones de dólares ahorrados a la mejora jubilatoria.
- En conjunto, estas fuentes sumaban el 0,72 por ciento del PBI, casi la totalidad del costo anual de las medidas vetadas.
Según el CEPA, el costo de financiar el aumento a jubilaciones, el bono y las pensiones no contributivas en los últimos cinco meses de 2025 representaría una fracción menor de otras erogaciones recientes del Estado. Equivaldría, por ejemplo, a apenas el 22,77 por ciento del giro de utilidades que el Banco Central transfirió al Tesoro en abril por $11,98 billones, o al 39,51 por ciento del superávit fiscal acumulado entre enero y mayo, que sumó $6,9 billones. Incluso, comparado con la capitalización de las Letras de Financiamiento (LEFI) en el mismo período —$3,77 billones—, el gasto previsional implicaría un 72,40 por ciento. Cifras que muestran que, más que un problema de disponibilidad de fondos, la negativa oficial responde a una cuestión de prioridades políticas.
Superávit, pero ¿A qué costo?
Si bien la moratoria previsional no cuenta con fuentes específicas de financiamiento, la oposición en la Cámara baja la puso en perspectiva frente al superávit fiscal. En junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado primario positivo de $790.533 millones (unos USD 655 millones) y un superávit financiero de $551.234 millones. En el acumulado del primer semestre, el indicador mostró un superávit primario equivalente al 0,9 por ciento del PBI y un resultado financiero positivo del 0,4 por ciento del PBI, cifras difundidas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.
Sin embargo, ese superávit no se traduce en más inversión social, sino que en su mayor parte se usa para pagar intereses de la deuda. En mayo y junio, lo que el Estado destinó a intereses capitalizables fue incluso más que el presupuesto para jubilaciones. Este mecanismo de capitalización permite mostrar cifras positivas, aunque la deuda siga creciendo. Según la OPC, en julio también hubo superávit pero la tendencia es la misma: el excedente va casi todo a los acreedores y no a reforzar la seguridad social, la educación o la salud pública.
Para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo de la moratoria —que permitiría que 220 mil personas accedan a la jubilación— representa apenas el 0,08 % del PBI. “Solo el superávit financiero del primer trimestre, equivalente al 0,16 % del PBI, iguala lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó como el costo de dos años de moratoria”, explicó a Página/12 una diputada que trabajó en la iniciativa.
En el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene sólo un 0,3% del PBI de costo fiscal según la OPC. En el Senado la ley fue aprobada con dos tercios de los votos, lo que deja mejores chances para insistir en el Congreso a pesar del veto presidencial. Danie Arroyo autor del proyecto dijo a ese diario: “No tiene impacto fiscal pero no se trata de impacto sino de deuda. El estado no actualizó el nomenclador en todo el año, aumento solo un 0,5 por eso es el Estado el que le debe a las personas con discapacidad y sus familias”
Débil con los fuertes
La lista de beneficios para los más ricos es extensa. La eliminación del impuesto a los Bienes Personales —que representaba alrededor del 0,4 % del PBI— alivió la carga impositiva de los patrimonios más altos. La reducción de la alícuota del impuesto PAIS —que el año pasado aportó el 5 % de toda la recaudación tributaria y este año podría haber sido aún mayor por el récord de consumo con tarjetas de crédito en el exterior— recortó una de las principales fuentes de ingresos fiscales.
La baja de retenciones al agro implica una pérdida de entre 0,1 % y 0,2 % del PBI, mientras que la rebaja de retenciones a la minería significó resignar USD 9 millones de recaudación. Medidas que, sumadas, revelan que el “no hay plata” se convierte en un argumento selectivo: hay recursos cuando se trata de beneficiar a los sectores de mayor poder económico, pero no cuando se trata de sostener derechos básicos para la mayoría.
Página 12