Este lunes se reunió la comisión salarial del Poder Judicial en la sede de la cúpula para determinar los pasos a seguir en razón de la actualización que requiere el sector en el contexto económico actuar. Graciela Aranda, secretaria General del Sindicato de Empleaos Judiciales del Chaco (SEJCH), quien forma parte de esta mesa de negociación como referente del gremio, visitó este martes los estudios de CIUDAD TV para dar ca conocer detalles de la discusión en esa órbita y de la convocatoria urgente que solicitan por parte del gobernador Jorge Capitanich.
Remarcó que si bien concluyeron en este pedido “es más bien al ministro de economía (Santiago Pérez Pons), que es con quien veníamos tratando”. “Esto se vino trabajando todo el año 2022 y en lo que va de 2023, porque se venía implementando y cumpliendo con una ley que se sancionó en 2021, que es la Ley 3424- A, que establece e implementa una bonificación que se denomina Ajuste por Revisión”, explicó.
Dijo que, teniendo en cuenta “el retraso” del Poder Judicial del Chaco en los salarios, se prevé a partir de esa ley una revisión teniendo en cuenta “la media” de la Región NEA, de los salarios de los jueces de cámara de las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa. “El promedio de la diferencia en menos que signifique para jueces de Chaco iba directamente a esa bonificación de Ajuste por Revisión y se establecía dos veces al año: en febrero, para abonarse en marzo, y en agosto, para abonarse en septiembre”, mencionó.
Recalcó que 2023 fue el año de mayores complicaciones en cuanto a esta aplicación, fundamentalmente por la inflación, “y de alguna manera se compensaba con los adelantos más allá de los plazos y fechas establecidas. Se adelantaban para poder compensar la inflación. Pero la misma ley, 3424-A establece que a partir de agosto de 2023, a través de la mesa técnica conformada por todo el sector judicial,
Esta mesa se reunió de hecho el 17 de agosto, un encuentro que pasó a un cuarto intermedio para el 19 de septiembre. También ese 19 se pasó a otro cuarto intermedio, y el conclave contó con la presencia del ministro de Economía, Pérez Pons.
Esta segunda reunión se retomaría en la segunda semana de octubre, teniendo en cuenta que a finales de septiembre se iba a presentar el presupuesto general de la provincia para determinar la posibilidad de implementar un monto que se equipare a la media nacional. “Además, viene hace bastante tiempo, la idea de reducir los plazos de esta revisión y que, en vez de hacerse cada seis meses, se realice cada tres meses. Esta respuesta se iba a otorgar en la segunda semana de octubre”, comento Aranda aunque recalcó: “No tuvimos novedades, a pesar de todos nuestros escritos y pedidos de convocatoria”.
Finalmente, según comentó, se les otorgó una convocatoria para el 25 de octubre, pero “el 24 de octubre por la tarde nos encontramos con que se suspende la mesa técnica sin establecer una nueva fecha”.
“Hemos insistido de todas las formas que se nos fije una fecha cierta, una próxima convocatoria, teniendo en cuenta el compromiso establecido el 19 de septiembre, pero no hemos obtenido respuesta”.
Por el lado de los trabajadores, se reunieron como “intergremial” y definieron medidas de fuerza, “las que se vieron el jueves y viernes pasado y ahora la haremos el miércoles 1° de noviembre y el viernes 3 de noviembre”.
“Somos trabajadores judiciales, estamos acostumbrados a trabajar y sabemos lo que significa el trabajo, el compromiso, el esfuerzo y la responsabilidad. Pero, en este caso, no nos vamos a hacer responsables de estas medidas de fuerza porque no fuimos los que cortamos el diálogo. Al diálogo lo cortó el Poder Ejecutivo que nos dejó sin esta convocatoria donde se iban a dar las respuestas que se venían hablando en forma consecutiva”, sostuvo.
“Responsablemente definimos esta medida porque teníamos que hacer un alto para ser escuchados. No somos nosotros los que originamos el conflicto, pero sí debemos ser escuchados porque hoy, nuestro salario, está en juego. Hoy, tenemos trabajadores, que recién se inician en el Poder Judicial, cuyos salarios están por debajo de la canasta familiar. El trabajador judicial, como todos los trabajadores, depende de su salario”, recalcó y recordó que este sector “por incompatibilidad no puede realizar otra tarea, solamente el servicio de justicia. Y, muchas veces, ese salario no alcanza”.