Habrá paro en la educación superior pública desde el 16 de marzo y al menos por una semana por la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La adhesión de al menos 31 Universidades públicas de todo el país provocará que miles de estudiantes no comiencen el primer cuatrimestre a término.
¿El motivo? Reclaman que la ley de Financiamiento Universitario, sancionada, vetada y revertida por las dos cámaras durante el 2025, aún no se implementa pese a una medida judicial. Ante ello, el Gobierno trazó un camino alternativo: presentar un proyecto propio y aprobarlo en un Congreso más amigable.
“Durante el mes pasado hubo varias reuniones con la cúpula de las Universidades para avanzar en algunos aspectos de la nueva ley”, señalan a este medio desde el oficialismo, en donde subrayan el encuentro del 5 de febrero que quedó registrado a través de un fotografía protocolar, en donde confluyeron Carlos Torrendell (secretario de Educación), Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias), Carlos Greco (UNSAM) y Franco Bartolacci (UNR y vicepresidente de la Consejo Interuniversitario Nacional).
Las declaraciones de las autoridades académicas tras la reunión mostraban un clima positivo que, un mes después, no se sostiene en la mayoría de los rectores. “No veo sostenible un acuerdo entre ellos porque nunca están unificados. Siempre hay sospechas de algunos dialoguistas que resuelven lo suyo y operan al conjunto, mientras que hay otros más alineados con los claustros docentes y estudiantiles”, explicaron desde el sector que promovió la ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno parece haber percibido esta descoordinación entre los directivos universitarios – que contrasta con la postura unánime del personal docente y no docente que convoca al paro desde el 16 hasta el 22 de marzo – y elevó al Congreso un proyecto de ley durante el período de extraordinarias. Aunque la iniciativa no fue ni mencionada por Javier Milei durante su discurso de apertura de sesiones, distintos miembros del bloque libertario aseguran que es prioridad.
“Queremos terminar con el tema judicial, el tema político y el tema económico financiero”, plantearon para Ámbito, y consideraron que “el Gobierno quiere una ley que sea cumplible y pagable”. La Comisión de Educación no fue constituida aún ni en Diputados ni en el Senado.
El proyecto aprobado en septiembre estipula gastos por 0,23% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. En su contrapropuesta, la gestión nacional promete “una recomposición presupuestaria destinada a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales” y garantizar la “recomposición salarial del personal docente y no docente de las universidades nacionales”. La última paritaria consensuada entre el Gobierno y los gremios fue en octubre del 2024; a partir de allí todos los incrementos fueron por decreto.
Como antecedente que provoca suspicacias se encuentra el intento de Gobierno de derogar en su Presupuesto 2026 la ley de Financiamiento Universitario. Aunque le faltaron votos para ese objetivo, logró eliminar los incrementos paulatinos de inversión en educación presentes en el artículo 30 del proyecto presupuestario, que removió párrafos de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, además de suprimir el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.
Conflicto legal entre Universidades y el Gobierno
La tensión entre el Gobierno y las universidades se pronunció luego de que se promulgara la ley de Financiamiento Universitario, ratificadas por el Congreso el 2 de octubre luego de que los legisladores rechazaran el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, mediante el decreto 759/2025, el Ejecutivo paralizó la implementación de la propuesta -y por ende, el envío de fondos- aclarando que no podría ejecutarse la medida sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos.
En esa línea, el Ejecutivo recordó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implica la norma. Ante ello, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que se cumplan los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
Esos artículos establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como la actualización del monto de las becas estudiantiles, en función del índice inflacionario. Este jueves, el Gobierno apeló ese fallo, pero la intención de sancionar un proyecto de ley podría reemplazar la estrategia judicial.
Según un informe del CEPA, el presupuesto destinado para universidades se redujo en términos nominales un 33% desde el 2023 y un 2,3% desde el 2025 hasta este año, mientras que la caída en becas estudiantiles es de un 76% en los últimos tres años y de un 4,2% en los últimos 12 meses.
Es por eso que la agrupación de gremios universitarios nucleados en CONADU criticó “la intención de pagar apenas un 12% de aumento del 55% que nos corresponde” y sujetó la posibilidad de extender el paro de una semana en caso de que no se implemente la actual ley sancionada.
Ámbito