Las y los mexicanos están convocados para elegir 881 funcionarios federales y casi 2000 estatales en 19 de los 32 Estados del país. Se tiene previsto que del total del padrón electoral -conformado por casi 100 millones de personas-, sólo el diez por ciento asista a votar.
Hasta el momento, Bolivia es el único país en la región que había adoptado un sistema de votación popular para los cargos judiciales. En México esto fue posible por una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado. Dicha reforma suscitó opiniones divididas respecto a qué tan democrático es elegir por vía popular a las personas que estarán a cargo de la justicia.
Antes de la reforma, las y los jueces y magistrados eran elegidos por medio de un proceso de selección realizado por el Consejo de la Judicatura Federal, que sometía a los aspirantes a un examen para medir su idoneidad en el cargo. En el caso de los magistrados de la Suprema Corte, el Ejecutivo era el encargado de enviar ternas de los aspirantes al Congreso para su nombramiento. La reciente reforma constitucional dio paso para que los candidatos fueran propuestos por comités evaluadores de los tres poderes del Estado, es decir, que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial presentaron a sus candidatos.
Cargos en juego
En la elección en la que participan 3.400 aspirantes a puestos federales se definirán los siguientes cargos: nueve ministros y ministras de la Corte, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 jueces y juezas de Circuito.
Estos cargos representan casi la mitad del total de puestos en el Poder Judicial de México, la otra parte será elegida en 2027. Para cada uno de estos cargos, habrá una boleta diferenciada por colores, donde aparecerán del lado izquierdo las candidatas y del lado derecho los candidatos. Cada uno tendrá asignados dos dígitos que los votantes tendrán que escribir en recuadros ubicados en la parte superior de las boletas.
El conteo de los votos estará a cargo de los Consejos Distritales y los Consejos Locales, conformados por ciudadanos seleccionados bajo una serie de requisitos. Estos consejos enviarán el escrutinio al Instituto Nacional Electoral (INE), la máxima autoridad mexicana en temas electorales, el cual dará a conocer los resultados definitivos el 15 de junio.
La campaña
La campaña electoral inició el pasado 30 de marzo. Debido a la prohibición que tienen los candidatos de recibir dinero público y privado para la contienda, algunos eligieron sus redes sociales para la difusión de spots; otros visitaron los barrios donde consideran que pueden recibir más apoyo de la ciudadanía.
En internet trascendieron videos de candidatos que usaron el humor para pedir votos, lo que también les valió la crítica ciudadana sobre su idoneidad en el cargo. Por ejemplo, Arístides Rodrigo Guerrero, profesor de la Universidad Autónoma de México, se comparó con un chicharrón para hacer referencia a que es un profesional “bien preparado” para optar al cargo de magistrado de la Corte.
Mientras que la aspirante a la magistratura de Circuito, Patricia López Guerra, apareció en un video con su cabeza dentro de una caja que decía “viejo poder judicial”, para luego dejar a la vista su rostro y señalar que el “viejo” poder judicial mexicano estaba así: “sin ver nada de lo que sucedía afuera”.
Opiniones a favor y en contra
La elección popular de funcionarios del Poder Judicial en México fue cuestionada por organizaciones sociales y académicos. Algunos indican que este tipo de procesos pueden favorecer al sistema político, no garantizar la independencia de poderes e incluso propiciar la injerencia del crimen organizado en el sistema judicial, tomando en cuenta el récord de violencia que vivió el país norteamericano en las elecciones nacionales de junio de 2024, donde al menos 30 candidatos a diferentes cargos públicos fueron asesinados en medio de la contienda electoral.
En abril pasado, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el INE que cuatro candidatos a jueces penales tienen presuntos vínculos con el crimen organizado y otros siete candidatos judiciales tienen supuesta vinculación con la iglesia Luz del Mundo, cuyo líder religioso, Naasón Joaquín García, fue condenado a 17 años de prisión en Estados Unidos por abuso sexual de menores hace tres años.
Después de que AMLO envió la propuesta de reforma constitucional para dar paso a estas elecciones populares, Margaret Lockwood Satterhwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, emitió una carta en la cual exponía que si bien el derecho internacional no establece cómo es el procedimiento para nombrar los cargos judiciales, cada país es responsable de garantizar un proceso de selección basado en la independencia de poderes.
“La elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, advirtió, en su momento, Lockwood Sattherhwaite.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió públicamente la elección del 1º de junio. En una conferencia de prensa, Sheinbaum señaló que ella renunciaba a su derecho de elegir a los ministros de la Corte porque “es decisión del pueblo por quien vota el pueblo”. También lanzó duras críticas al máximo tribunal de justicia, ya que dijo que durante la administración de AMLO -bajo la bandera de Morena, el partido por el que ella fue electa-, la Corte actuó “fuera de sus facultades” y frenó injustificadamente leyes aprobadas por el Congreso, dominado actualmente por el partido oficialista. “El poder judicial está mal, hay nepotismo. La justicia no es pareja, libera a delincuentes”, puntualizó la mandataria.
Para Stephanie Brewer, directora para México de la organización Washington Office on América Latina, el problema de estas elecciones no consiste en que se le asigne “mayor poder” de decisión a la población, sino que pueden facilitar la “filtración” de intereses políticos y la violencia organizada, hechos que afectarían la protección de los derechos humanos y la seguridad en México. “Se trata de un modelo que podría facilitar la captura política de los tribunales y profundizar el populismo penal”, sostiene Brewer.
Página/12