Por Mempo Giardinelli
En los últimos años se ocupó de analizar empresas nacionales y/o de capital extranjero que serían propietarias del 100 % de las cuotas de captura y exportación de una codiciada especie: la merluza negra, un negocio anual estimado en unos 70 millones de dólares, ya que su valor por tonelada es superior al de la centolla o los langostinos.
En función de ello ha venido denunciando en la Subsecretaría de Pesca que el buque Tai An (ex Daishin Maru 28) de la firma Prodesur SA, de capital chino y radicado en Tierra del Fuego, habría pescado sin autorización cientos de toneladas de la muy valiosa variedad de merluza negra, en aguas argentinas.
Si bien el portal digital de Prodesur SA destaca que el Tai An “es el único buque en Sudamérica dedicado a la elaboración de Surimi a bordo, capturando y procesando las especies Polaca y Merluza de Cola en una factoría de última generación”, el especialista argentino duda que esto sea posible ya que se trata de un buque bastante viejo, botado en Japón en 1981.
Como también cuestiona que, como informa la empresa, este buque “captura y procesa especies como la Merluza Negra, respetando el medio ambiente, trabajando en forma responsable y haciendo una explotación sustentable de los recursos marinos”. Virtudes que Lerena refuta precisamente porque “procesan a bordo la Merluza Negra y además pescan toneladas sin autorización”, lo que es totalmente contrario a las prácticas de explotación sostenible y cuidadosa del medio marino.
Esa extracción ilegal, describe Lerena, se concreta además “tanto en Malvinas por parte de los británicos y de otros, como por los buques chinos, taiwaneses, coreanos y españoles que pescan ilegalmente en alta mar los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina”.
Considerado una autoridad en la materia, Lerena ha dicho en diferentes ocasiones que “la pesca ilegal también ocurre con buques nacionales dentro del mar argentino, debido a la falta total de control de la Subsecretaría de Pesca y de las fuerzas de seguridad en el mar”.
Así, más de una vez denunció, basado en informes de organismos nacionales e internacionales, que “hay un 30% de descartes en el mar y que se sustituyen especies al momento del desembarco, entre otras prácticas prohibidas”. Lo que es grave porque cuando una empresa no está autorizada a capturar y procesar una especie, pero igual lo hace, atenta contra la sostenibilidad de las especies y puede provocar depredación por sobrepesca. Y además afecta a las compañías que sí están autorizadas a pescar volúmenes preestablecidos (por ejemplo, de Merluza Negra) que sufren daños en su planificación y cumplimiento con los mercados. Como se ve, el daño es doble: biológico y empresarial.
Estas cuestiones, ha sostenido Lerena en más de una ocasión, deberían ser prevenidas y detectadas directamente por los organismos de control, así como denunciadas y sancionadas. “Porque sí hay responsables además de los empresarios infractores, y porque en este tipo de prácticas hay agentes públicos irresponsables que contribuyen con sus inacciones e incapacidades a la anarquía productiva y a la administración descontrolada del recurso y la consecuente depredación general”.
Ante reiteradas irregularidades de este tipo, los buques infractores deberían ser abordados o intimados a dirigirse de inmediato a puerto (como manda la Ley Nº 24.922) para la debida inspección y eventuales sanciones, que pueden ser multas o decomisos de mercaderías e incluso de la nave, y hasta la pérdida de habilitación para pescar.
El centro del problema –es evidente– radica en que si bien es necesaria la denuncia de ilícitos por parte de las empresas concesionarias para que actúe la Autoridad de Aplicación, en este caso y como se viene denunciando desde esta columna, también es el Estado el que no administra debidamente el Mar Argentino. Ésa es la razón de tantos hechos anómalos.
De hecho, según Lerena, se sabe de responsables de incumplimiento con sus deberes de funcionarios públicos “y sería bueno indicarlos por su nombre, porque de otro modo las responsabilidades se diluyen”.
La Canciller Diana Mondino, por caso, designó hace muy poco a su sobrino político Pablo Ferrara, de quien se dijo que “carece de antecedentes suficientes ni experiencia ejecutiva previa para ocupar los cargos que la Cancillería le asigna”. No obstante, fuentes diplomáticas indicaron que habría sido designado Coordinador General del Ministerio de Relaciones Exteriores, y para colmo con atribución de funciones propias de director de la COPLA (Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental). Y desde el 26 de enero pasado representante de Cancillería ante el “Consejo Federal Pesquero”, organismo que no funciona hasta la fecha.
No obstante, hace menos de dos semanas se designaron miembros para ese Consejo Federal tras la supuesta presión de Cancillería a favor de un empresario chino. Pero hasta donde conoce esta columna, dicho Consejo sigue sin ser convocado. Ante todo esto Lerena no ha dejado de señalar “el desconocimiento de la temática y la carencia de rigor técnico y científico, arrojando confusión y oscuridad a la gravísima pesca ilegal que se realiza en el Atlántico Suroccidental; lo que no contribuye ni siquiera con su amparo al conocimiento jurídico y a la divulgación popular en esta materia”.
Las autoridades de aplicación en asuntos pesqueros son las responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en toda jurisdicción marítima nacional, y deben asegurar la observancia de la ley de Pesca, pero no lo han hecho. Los responsables directos, entonces, con su inacción comprometen la sustentabilidad de las especies y la de terceras empresas. Ambas cuestiones habrían sido puestas en riesgo por el “Tai An”.
A mediados de marzo se informó de renuncias por la grave irregularidad de no llevar a cabo acción alguna o impedir las acciones necesarias para detener la pesca ilegal por parte de un buque nacional de capital chino en aguas argentinas. Todos los funcionarios estaban anoticiados en tiempo real de los hechos porque a bordo de ese barco se encontraban un inspector y un observador oficial.
Pero según Lerena la cosa es más grave, porque todos habrían incumplido sus funciones al no controlar la observancia de las regulaciones de la actividad pesquera en aguas argentinas ni sobre los recursos migratorios originarios de nuestra ZEE en alta mar.
Todo se agrava porque la Merluza Negra es una especie que además de su altísimo valor tiene una gran fragilidad biológica. Por eso es también capturada ilegalmente por barcos extranjeros en las aguas que hoy están bajo el abusivo control británico en las Islas Malvinas. Y a los cuales el gobierno argentino actual deja hacer alegre y cipayamente.
Lo cierto es que según Lerena el “Tai An” pescó ilegalmente. Sin cuota de captura y especies de tallas menores, ocasionando depredación y, encima, procesando las capturas sin autorización. Es improbable que sea un “caso aislado”, dice Lerena, sino más bien “un caso testigo”. Y es que, como él ha dicho: “Sin administración, el mar argentino sin mayúsculas deviene pura agua. Salada y fría”.
Publicado en Página 12