El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, finalmente remitió al Senado el proyecto que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. El envío se concretó en la tarde de este jueves, tras varios días de demora que habían generado fuertes reclamos de la oposición. La oposición lo acusó de haber demorado el trámite para evitar que se trate en la antesala de los comicios.
La iniciativa había sido aprobada por Diputados la semana pasada, aunque con modificaciones a uno de sus artículos, lo que obliga a una nueva revisión por parte del Senado. Ese paso, que se postergó hasta hoy, alimentó las sospechas de que Menem buscó evitar un debate legislativo incómodo para el oficialismo en la antesala de los comicios del 26 de octubre.
Paso al Senado y demoras estratégicas
El expediente ya fue girado -según reveló Infobae- a la Comisión de Asuntos Institucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo (Provincias Unidas), una de las impulsoras de la reforma. Desde allí deberá emitirse un dictamen que habilite la discusión en el recinto, ya sea para ratificar los cambios introducidos en Diputados o para insistir con la versión original aprobada previamente en la Cámara alta.
Sin embargo, todo indica que el tratamiento formal recién comenzará la próxima semana, lo que aleja la posibilidad de que el tema llegue al recinto antes de las elecciones. El oficialismo logra así ganar tiempo y evitar un escenario legislativo adverso que la oposición buscaba aprovechar para exponer debilidades internas del Gobierno.
En el Senado, los bloques peronistas habían intentado acelerar el análisis del proyecto este jueves con la intención de convocar una sesión antes del cierre de campaña. Sin embargo, sin el dictamen previo, esa posibilidad requeriría una mayoría especial de dos tercios, algo improbable en el contexto actual, especialmente tras el gesto de varios gobernadores que dejaron caer el polémico artículo 3.
La reforma en cuestión propone modificar la Ley 26.122, sancionada en 2006 durante la gestión de Néstor Kirchner e impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Entre sus cambios principales, se establece que ambas Cámaras del Congreso deben pronunciarse para convalidar un DNU, cuando hasta ahora alcanzaba con la aprobación de una sola.
De esta forma, la oposición podría anular decretos presidenciales con mayoría simple en cualquiera de las dos Cámaras. No obstante, el artículo rechazado en Diputados fijaba un plazo de 90 días para que el Congreso se expida, tras lo cual los decretos perderían validez automática, una cláusula que generó diferencias incluso entre aliados del oficialismo.
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