El ajuste, los recortes y la quita de prestaciones empujan a miles de hogares al endeudamiento para cubrir alimentos, medicamentos y cuidados básicos, mientras el retiro del Estado profundiza la sobrecarga sobre mujeres cuidadoras y deteriora la salud física y mental.
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el colectivo de las personas con discapacidad se convirtió en uno de los blancos más claros y sostenidos del ajuste.
La puesta en marcha de supuestas auditorías masivas sobre miles de pensiones, los recortes a las prestaciones y tratamientos, las demoras en la entrega de medicamentos, y un discurso oficial violento que redefine los derechos como “gastos”, a sus titulares como “privilegiados” y a sus vidas como extinguibles y sin valor, fueron algunos de los gestos métricamente orquestados por el ejecutivo.
Todo este escenario de violencia material y simbólica se complementa con el incumplimiento sistemático de la Ley de Emergencia en Discapacidad que inauguró esta semana un nuevo paso a partir del debate en el Congreso de la Nación de un Presupuesto 2026 que directamente estipula derogar la norma, incluso después de haber sido, tras el veto presidencial, reaprobada por diputados y senadores con más de dos tercios de los votos.
En ese contexto, el Informe de la Encuesta Federal sobre Discapacidad y Endeudamiento, realizado y publicado por Movida Ciudad, logra poner números y estadísticas para armar una foto certera de las características sociodemográficas, laborales y financieras de los hogares, y entender cómo viven cotidianamente las familias argentinas con personas con discapacidad.
En el documento se observa con claridad que el ajuste y la baja en el poder adquisitivo tiene como consecuencia el endeudamiento, pero también el deterioro de la salud física y mental, con la imposibilidad de proyectar y con más sobrecarga para quienes cuidan.
Cuando el ajuste se convierte en deuda
El relevamiento fue realizado sobre 214 hogares de la Ciudad de Buenos Aires y Cordoba, mayormente, y otras provincias como Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Corrientes, Tierra del Fuego, San Luis, Salta, Misiones, Mendoza, Chubut y Catamarca. Los resultados muestran un dato contundente: el 88% de las familias con personas con discapacidad está endeudado.
Y no hablamos de créditos para financiar proyectos grandes como una vivienda, un vehículo, bienes de consumo durable o computadoras, sino de deudas contraídas para sostener lo básico. Al desagregar los datos el texto indica que el 41% se endeudó para comprar alimentos, el 33% para pagar tarjetas de crédito y casi un 30% para refinanciar deudas previas o comprar medicamentos. La deuda deja de ser una elección y se convierte en una imposición para garantizar la subsistencia.
La financiación aparece como el lado B del retiro estatal y la política de ajuste que pretende el gobierno libertario. El 27% afirma que se endeuda con bancos a través de tarjetas de crédito, el 17% lo hace con billeteras virtuales y plataformas, y el 21% acumula deudas con familiares o amistades, lo que muestra una combinación de deuda formal e informal.
Más de la mitad de los hogares endeudados tiene dos o más acreedores simultáneos, y el 63% desconoce la tasa de interés que paga. La supuesta “libertad” del mercado se traduce, en la práctica, en mayor opacidad, dependencia y negocio para unos pocos.
La situación de salarios profundiza el cuadro: el ingreso promedio de los hogares encuestados es de $1.289.900, pero la mediana baja a $925.000, lo que implica que la mitad de las familias vive con menos de ese monto mensual. En hogares donde habitan tres personas, en los que el 91% convive con al menos una persona con Certificado Único de Discapacidad, estos ingresos resultan claramente insuficientes para cubrir cuidados, tratamientos y gastos cotidianos sin recurrir a deuda o financiamiento externo.
Estrés financiero: el desgaste psíquico y mental del endeudamiento
El impacto subjetivo completa una foto de total fragmentación social del colectivo: el 87% de quienes respondieron denuncia un deterioro en su salud mental en el último año que se advierte en casos de ansiedad (89%), angustia (83%) e insomnio (63%) como síntomas generalizados, especialmente entre mujeres cuidadoras endeudadas, y otras sensaciones físicas como el ahogo, la irascibilidad (30%) y la taquicardia (25%) relacionados con el estrés cotidiano.
La deuda no solo empobrece sino que agota y genera un estado permanente de dependencia, sacrificio e incertidumbre. De alguna manera se convierte en un dispositivo político de disciplinamiento que recae mayormente en mujeres.
“La deuda es parte de los mecanismos que están individualizando los costos del ajuste, impidiendo o, mejor dicho, absorbiendo un malestar en las familias y en las personas por lo que implica una economía en ajuste permanente. Eso tiene necesariamente impactos en la salud mental, la pérdida de la posibilidad de imaginar un futuro, sobre todo porque el futuro está absolutamente asociado y atravesado al pago de la deuda – explica Cavallero – trae también situaciones de ira, fragilización de los vínculos familiares y comunitarios porque está pasando cada vez más que la gente se presta dinero entre sí en los barrios y luego las relaciones se ven afectadas por el impago. Es decir, la deuda es mucho más que una cuestión de insustentabilidad económica”.
El Destape