En diálogo con CIUDAD TV, la concejala del Frente Chaqueño, Lucila Masin, advirtió sobre las intervenciones realizadas por el municipio en el predio del Parque Caraguatá sin un informe de impacto ambiental previo, y reclamó que el espacio sea declarado reserva natural, educativa y cultural. También cuestionó el intento de derogar la Oficina de Violencia Laboral del Concejo Municipal.
Masin recordó que desde su bloque presentaron una iniciativa el 12 de septiembre del año pasado, con el objetivo de dotar al parque de un equipo especializado de manejo. Sin embargo, la propuesta aún espera definición tanto del Ejecutivo como de los concejales. En ese contexto, denunció que en los últimos días el municipio avanzó sobre el predio de manera inconsulta: “Lo real es que nosotros entendemos que es un espacio que hay que preservarlo y que hay que cuidarlo. Es el último pulmón verde de nuestra ciudad, en la que conviven especies nativas, flora, fauna, que ya está en proceso de extinción”.
La edila describió que la intervención de las máquinas generó un impacto grave sobre el ecosistema. “Los vecinos del lugar nos exponían de qué manera las especies, los árboles, y cualquier animalito intentaban resguardarse y buscar un lugar seguro frente a la escucha de maquinarias”, relató. Además, señaló que se abrieron senderos de aproximadamente nueve metros de ancho que nada tienen que ver con las tareas de saneamiento que habilitaba la resolución del Concejo Municipal, ya que las chatarras, motos abandonadas y vehículos secuestrados siguen en el predio sin ser retirados.
Ante la audiencia de mediación celebrada con el juez Julián Flores, el municipio argumentó que actuó en base a una resolución del propio Concejo que habilitaba intervenciones de saneamiento. Masin rechazó esa interpretación: “Lejos de intervenir con los equipos para sacar las chatarras, lo que hicieron es desmontar. Es decir, que no han cumplido con una resolución emanada y emitida por el Concejo Municipal”. La concejala también cuestionó la falta de coordinación interna entre los funcionarios del Ejecutivo, cuyos discursos sobre el destino del parque resultan contradictorios entre sí.
Para Masin, la situación evidencia una forma de gestión que prescinde de la participación ciudadana. “Este municipio es un municipio a puertas cerradas, y hacen y deshacen según sus pretensiones y según sus decisiones, independientemente de lo que piensa el otro”, afirmó, y añadió que Argentina suscribió el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar la participación de la ciudadanía y las organizaciones en el manejo de estos espacios, algo que en este caso no ocurrió.
La legisladora convocó a vecinos, organizaciones y ciudadanía en general a acompañar la audiencia prevista para este jueves a las 17 horas en el propio Parque Caraguatá, donde el juez Flores constatará en el lugar las intervenciones realizadas. “Esto es un espacio que nos pertenece y nos corresponde a todos los resistencianos, independientemente del espacio político. Hay que aprender a separar las discusiones y entender que hay un fin común: la preservación, el cuidado y el avance sobre una iniciativa que tiene que ver con que el Caraguatá sea una reserva para nuestros vecinos y vecinas, educativa y cultural”, sostuvo.
Contra el cierre de la Oficina de Violencia Laboral
En otro tramo de la entrevista, Masin se refirió a la propuesta ingresada por el concejal Dunrauf para derogar la Oficina de Violencia Laboral del Concejo Municipal, un tema que marcó el inicio de las sesiones ordinarias. Rechazó los argumentos del Secretario de Gobierno, quien aseguró que la oficina continúa funcionando a través de la Subsecretaría de Legal y Técnica. “La oficina está cerrada, en términos operativos y prácticos está cerrada, no funciona, no hay persona designada que pueda trabajar con un equipo interdisciplinario”, señaló.
La concejala consideró que derivar las denuncias de trabajadores al área Legal y Técnica del municipio implica una asimetría estructural que desalienta las presentaciones. “Imagínate que yo tenga que ir a denunciar a mi superior, al Ejecutivo, que también es jerárquico. En las relaciones laborales hay una enorme asimetría de subordinado y de jefe. Partimos de la base que la discusión ya hace parte desde esa asimetría y desde esa vulnerabilidad”, explicó. Además, advirtió que el 90% de quienes realizan denuncias por violencia laboral son mujeres, lo que le imprime un sesgo de género a la problemática.
Para Masin, la iniciativa de derogar esta oficina forma parte de un retroceso más amplio en materia de derechos laborales. “No es casual que este tipo de iniciativas ingresen, se presenten, se intenten discutir en estos tiempos y en este momento político. Hay un contexto de retroceso enorme en la consagración de los derechos”, concluyó, y reclamó que la discusión se aborde con seriedad y sin eufemismos: “Hay que hablar con la verdad y no esconder ni tapar ni intentar argumentar cuando las cosas se hacen mal”.