El pasado sábado 21 de febrero, el Bachillerato para Adultos de la localidad de San Bernardo fue escenario de una asamblea de referentes del pueblo Moqoit convocada para conocer el estado de la causa judicial que investiga la Masacre de El Zapallar, ocurrida en 1933, y para organizar la recolección de testimonios de descendientes de sobrevivientes ante el llamado de la Fiscalía Federal.
Del encuentro participaron referentes de comunidades moqoit de San Bernardo, La Tigra, El Pastoril, Pegouriel y Las Tolderías, entre ellos docentes, investigadores, caciques y pastores. Estuvieron presentes Juan Carlos Martínez, Rubén Salteño, Florencio Ruiz, Patricia Olmedo, Silvia Martínez, Raquel Córdoba, Nahuel Luis Valdez, Axel Salteño, Yansal Maribel Martínez, Anselmo Córdoba, Antonio Martín y Fabián Valdez.
Durante la reunión se leyeron las pruebas incorporadas a la investigación judicial y se escuchó a descendientes de sobrevivientes que conocen los hechos a través del relato oral transmitido por sus mayores. Como resultado del encuentro, se propuso la realización de una jornada de testimonios ante la Fiscalía Federal en una localidad del interior para el mes de abril. Los referentes también mantuvieron un diálogo vía zoom con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal, en cumplimiento de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que establece el Convenio 169 de la OIT.
Desde la Fiscalía Federal informaron sobre el avance de la investigación, cuyo objetivo es el dictado de una sentencia por el Derecho a la Verdad, de carácter reparatorio, que contemple la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad sobre los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas. Al cierre de la asamblea se proyectaron dos próximas reuniones para alcanzar a todas las comunidades del territorio: una en Los Toldos, localidad de Charata, y otra en El Pastoril.
Juicio por la Verdad
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia lleva adelante esta investigación tomando como antecedente el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpi, realizado en 2022. La causa ya ha incorporado testimonios de sobrevivientes como Pedro Valquinta, Ramona Pérez y Justino Lalecori, además del expediente judicial de la época, notas periodísticas, certificados de defunción y trabajos de investigación histórica. Entre la bibliografía incorporada figuran obras como “De la Algarroba al Algodón” de Edgardo Cordeu y Alejandra Sifredi, “Historia de los Aborígenes” de Orlando Sánchez, “Del Olvido a la Esperanza” de Eduardo Barreto y “El Zapallar Tenemos Historia” de Rubén Guillon, entre otras.
La Fiscalía solicitó la colaboración de las comunidades moqoit para identificar a descendientes de sobrevivientes que, por el relato oral de sus mayores, puedan dar testimonio de lo ocurrido. Con ese fin se difundió un listado de sobrevivientes que estuvieron detenidos junto a familiares en la Comisaría de El Zapallar —hoy General San Martín— según consta en el Expediente N° 926, Causa Común N° 254 del año 1933, del Juzgado Letrado del Territorio Nacional del Chaco.
Los hechos que se investigan se remontan a septiembre de 1933, cuando el Territorio Nacional del Chaco atravesaba una sequía extrema que había sumido a las comunidades indígenas en una grave situación de hambre y penuria. En ese contexto, a principios de ese mes partió desde la Reducción Napalpi un grupo de unas 300 personas de la comunidad Moqoit, encabezadas por el cacique Luis Durán, en busca de trabajo y alimentos. A la marcha se sumaron contingentes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña, y la columna se dirigió a pie, recorriendo unos cien kilómetros, hacia la localidad de El Zapallar.
El 7 de septiembre, en horas de la siesta, las familias intentaron ingresar a la localidad divididas en pequeños grupos de veinte personas, con mujeres y niños al frente como señal de sus pacíficas intenciones. Sin embargo, por orden del comisario Francisco Prestera, la policía del Territorio Nacional abrió fuego contra la marcha con el argumento de defender a la población de un malón. Al operativo se sumaron refuerzos llegados desde Resistencia y algunos civiles armados. El saldo fue de aproximadamente cincuenta muertos, entre niños, mujeres, ancianos y hombres. La causa judicial busca que ese crimen sea reconocido como un delito de lesa humanidad.