La vieja máxima que dice “Justicia lenta no es Justicia” obliga a preguntarse qué tanta lentitud se está dispuesto a soportar. Esa idea rondó por estas horas la cabeza de los 10 mil afectados por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, una voladura que sacudió a esa ciudad el 3 de noviembre de 1995, provocó la muerte de 7 personas, lesiones en otras 300 y destrozos en gran parte de las casas de la zona.
La Justicia penal logró responsabilizar a funcionarios por esa explosión que, se sostuvo, fue intencional. Con la voladura de la fábrica militar se buscó esconder el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. El ex presidente Carlos Menem fue acusado en este proceso, pero terminó sobreseído. La causa por el tráfico de armas en su contra también cayó en la Cámara Federal de Casación Penal.
Pero lo que aún no se resolvió es cómo reparar económicamente los daños. Ayer, viernes, la Cámara Federal de Córdoba llevó adelante una reunión entre los representantes de las víctimas y el Estado para ponerse de acuerdo con el pago de indemnizaciones que ya ordenaron por ley. Pero todavía no hay definiciones sobre cómo y cuándo se cumplirá.
Desde que ocurrió la explosión hubo innumerables gestiones para obtener una reparación ante los daños sufridos y la falta de respuestas del Estado. En 2007 hubo una audiencia con el gobierno de ese momento y se ofreció la sanción de una ley para solucionar el conflicto. La condición era suspender los procesos judiciales. Tardó ocho años.
En 2015 el Congreso sancionó la Ley N° 27.179 que estableció el derecho a percibir una indemnización por sí, o a través de sus herederos, en su caso, las personas que a la fecha de su entrada en vigencia se encontraren reclamando judicialmente los daños y perjuicios, pero enfatiza que “tales pretensiones no han sido satisfechas”. Sin embargo, demoró varios años en reglamentarse. Eso recién ocurrió en 2018. La autoridad de aplicación era el Ministerio de Defensa.
Según explicó a Infobae el abogado Mario Ponce, patrocinante de 8.000 damnificados, durante el Gobierno de Alberto Fernández no pudo avanzarse. “Desde entonces hemos presentado miles de certificados expedidos por el juez que sostiene que existe un daño moral y emergente. Pero todo se transformó en trabas burocráticas de las que fuimos ajenos”.
Las víctimas habían paralizado las demandas civiles que llevaban pero, ante la falta de avances, en 2022 decidieron reactivar el reclamo por vía judicial y denunciaron el incumplimiento del compromiso estatal. Desde entonces, la Justicia ordenó pagar al Estado una multa de 400 mil pesos por día por ese incumplimiento. El fallo fue apelado pero la Cámara Federal de Córdoba lo confirmó.
En ese contexto, a iniciativas del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, ya candidato presidencial, el Ejecutivo publicó en noviembre del 2023 el Decreto de Necesidad y Urgencia 596/2023 que estableció una compensación económica de tipo monetaria de 1.000 módulos en caso de muerte, 700 módulos para lesiones gravísimas, 600 módulos para lesiones graves, 100 módulos por daño moral y 95 módulos por daño material. A valores de 2023, son 8.000.000 pesos para los casos de fallecimiento, $ 5.600.000 por lesiones gravísimas, $ 4.800.000 por lesiones graves, $ 800.000 por daño moral y $ 760.000 por daño material.
Pero el Gobierno cambió y el presidente Javier Milei firmó un decreto en donde permitía al Banco Central a emitir para hacer frente a compromisos financieros, entre ellos la ley que disponía el pago de indemnizaciones a las víctimas de Río Tercero.
Entre idas y vueltas, los familiares volvieron a ir a la Justicia su intervención para avanzar en el expediente por “daños y perjuicios”. La Cámara Federal de Córdoba citó a una audiencia en marzo, que después tuvo que reprogramarse. El encuentro fue ayer. Estuvieron un apoderado del Fabricaciones Militares, tres de Ministerio de Defensa y de Economía, y los abogados de las víctimas.
“Hoy en día aún no se paga a los damnificados. La mayoría ya fallecieron. Son humildes, sin medios para afrontar esta situación. Es un reclamo justo”, subrayaron los querellantes. Se trata de personas que aquella mañana perdió sus casas, buscó a sus hijos sin saber si estaban bien y quieren terminar con este proceso. Hay, además, un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Nacional, que espera definiciones.
En la audiencia, el representante del Ministerio de Defensa explicó que Economía ya estaba a punto de pagar las indemnizaciones con bonos en el gobierno anterior, pero como el procedimiento fue engorroso salió el DNU que incrementó los montos. El encargado de Economía agregó que nunca había sido parte de este proceso judicial que no conocían y que para abonar debía haber una aprobación de la Dirección de Deuda Pública. Por eso en su momento, cuando se aprobó la ley en 2015, se había dispuesto el pago en bonos. El DNU planteó el pago en efectivo.
“El pago tiene que ser en pesos. El Estado es uno, más allá del Gobierno de turno”, insistió el abogado Ponce. “Las víctimas cumplieron todos los trámites”. Su colega Claudio Viale, que representa a los otros dos mil accionantes, añadió: “necesitamos saber si hay vocación de pagar”.
Los jueces Abel Guillermo Sánchez Torres, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos, a cargo de la audiencia, resolvieron pasar a un cuarto intermedio: en 30 días habrá una nueva reunión entre las partes para intentar llegar a la solución.
“Acá hay que superar los tecnicismos. Si acá existe una decisión política, tiene que aparecer el dinero -dijo Ponce a Infobae-. Tenemos 28 años y medio de mentiras, de darle la espalda a las víctimas. Esta promesa de pago la han hecho en diferentes oportunidades. Todos los gobiernos”.
Y un detalle: se está hablando de montos que quedaron atrasados. La devaluación hizo lo suyo. “Suena a poco: a una persona que le volaron la casa, que tenia sus niños en la escuela, mientras la ciudad explotaba…Van a cobrar menos de lo que va a cobrar un senador que se triplicó el sueldo”, dijo Ponce.
Infobae