La iniciativa se presentó este jueves en la comisión presidida por el diputado Aldo Leiva y el martes próximo ingresará a la Cámara Baja del Congreso.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y el Centro Veterano Ex Combatiente Islas Malvinas Berisso (CEVECIM) impulsan un proyecto de Ley de Políticas Soberanas para proteger los recursos naturales del Atlántico Sur frente a la ocupación británica. La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara de Diputados, presidida por Aldo Leiva. El proyecto ingresará a la Cámara Baja del Congreso el próximo martes.
El proyecto, denominado Ley de Políticas Soberanas, busca establecer un régimen específico para el resguardo de los recursos naturales del Atlántico Sur. Según sus fundamentos, la iniciativa parte de la premisa de que la explotación pesquera e hidrocarburífera en las islas contribuye al sostenimiento económico de la administración británica.
Entre sus principales medidas, el texto declara la nulidad de los actos administrativos, concesiones, permisos y licencias otorgados por el régimen británico en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. También prohíbe desarrollar actividades comerciales, industriales, extractivas, financieras o turísticas en esas áreas sin autorización expresa del Gobierno argentino.
La iniciativa también establece el decomiso de buques, aeronaves, instalaciones, equipamiento y otros bienes utilizados en infracción. A su vez, crea un Registro Público de Infractores y dispone una inhabilitación de 20 años para quienes operen en Malvinas con licencias británicas. Durante ese período no podrían operar, licitar, contratar ni poseer activos en el territorio continental argentino.
Penas de hasta 20 años de prisión
Uno de los puntos centrales del proyecto está en el régimen penal. La propuesta contempla penas de hasta 20 años de prisión para directivos, accionistas y financistas de empresas que exploten, almacenen o transporten recursos naturales renovables o no renovables en el Mar Argentino y en los territorios que el texto considera usurpados por el Reino Unido.
El alcance también incluye a quienes presten servicios de logística o soporte cuando faciliten, de manera directa o indirecta, la continuidad de la ocupación o de la explotación de los recursos. De esta manera, el proyecto busca alcanzar no solamente a las compañías que realizan las actividades extractivas, sino también a otros actores que formen parte de la cadena económica.
El acuerdo Mondino-Lammy, otro de los puntos del proyecto
El proyecto también propone dejar sin efecto el acuerdo alcanzado en septiembre de 2024 entre la entonces canciller argentina Diana Mondino y el entonces secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy.
El artículo 9 establece expresamente que debe quedar sin efecto el acuerdo firmado el 24 de septiembre de 2024 en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En sus fundamentos, los autores cuestionaron especialmente los compromisos relacionados con la cooperación pesquera y la conectividad con las islas. Según sostuvieron, esas medidas pueden reducir los costos económicos de la administración del archipiélago mientras continúa la disputa de soberanía.
El Destape