En diálogo con CIUDAD TV, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, Fabiana Bardiani, explicó por qué presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley de honorarios. Asegura que la norma atenta contra la independencia judicial y establece sanciones desproporcionadas que afectan tanto a los jueces como a los ciudadanos.
La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco, Fabiana Bardiani, fue tajante al referirse a la nueva ley de honorarios que rige en la provincia: “Nosotros decidimos interponer esta demanda porque estamos convencidos de que la limitación al ejercicio de la judicatura atenta contra la independencia judicial”.
La magistrada sostuvo que esa independencia no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la ciudadanía. “Los jueces tienen que poder dictar sentencias libremente y no coaccionados como dispone esta ley”, remarcó.
Bardiani reconoció que la norma necesita una actualización en sus montos, pero advirtió que el texto sancionado contiene mecanismos que consideran abusivos. “Más allá de compartir o no los mínimos y los máximos de esta nueva ley de honorario —que sí, necesita una reivindicación—, la ley resulta ser extorsiva, intimidatoria”, afirmó. Según explicó, la legislación establece dos tipos de sanciones: una que anula los honorarios regulados por debajo del piso fijado y otra “expulsiva” que puede derivar en un juicio de juiciamiento (jury) y eventual destitución del juez.
Uno de los puntos que más preocupa a la asociación es la creación de un observatorio para monitorear las decisiones judiciales. “Al efecto han creado un observatorio tipo gran hermano para observar la conducta de los jueces que regulan por debajo de los mínimos para una eventual sanción de jury”, denunció la presidenta. Y cuestionó: “La Constitución establece cuándo el juez puede ser destituido por mal comportamiento o mal desempeño, pero esta ley establece una sanción expulsiva por el contenido de su sentencia. Es improponible”.
La magistrada relató que la norma fue aprobada sin consultar al Poder Judicial ni a la asociación que preside, algo inusual en la relación con la Legislatura. “Esta ley salió en la oscuridad, en secreto, tanto del Poder Judicial como de la asociación de magistrados. Nunca fueron consultados”, enfatizó. Y agregó: “Si era un lobby en la legislatura, era lógico que si trabajábamos juntos, esta sanción disciplinaria no hubiera salido nunca”. Incluso revelaron que, tras conocer la sanción, pidieron el veto de los artículos que hoy impugnan, pero el Poder Ejecutivo no lo hizo.
Para graficar el impacto de la norma, Bardiani puso un ejemplo contundente: “Una ejecución por 90.000 pesos, tenés que regularle 3 millones de honorarios. Entonces, eso es desproporcionado”. Explicó que lo que buscan con la acción de inconstitucionalidad es que el juez pueda apartarse de esos mínimos en casos puntuales, “simplemente para hacer justicia y que no sea una resolución arbitraria”. Aclaró que no se trata de desconocer la ley, sino de corregir un exceso que perjudica a la gente y también al Estado, que paga honorarios en organismos como el InSSSeP o el Banco del Chaco.
La acción fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia, con una medida cautelar para suspender los efectos de los artículos cuestionados mientras se resuelve el fondo del asunto. “Es inconstitucional desde todo punto de vista”, sentenció Bardiani. Y cerró con un mensaje de confianza en la Justicia: “Esperaremos respetuosamente los tiempos de la justicia y acataremos la decisión de la justicia”.