El economista y candidato a diputado de Unidad Popular por la Ciudad de Buenos Aires aboga por un juicio político para desplazar a Milei por supuestas violaciones de la Constitución y una convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas. Prevé un emperoamiento de la situación social por el impacto del dólar en precio y pide remover también a Espert de Diputados.
Claudio Lozano, graduado de economista por la Universidad del Salvador, ha tenido una larga trayectoria en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), después fue diputado entre 2003 y 2015, primero con el apoyo de Néstor Kirchner, después crítico del kirchnerismo. En 2019, con su partido, Unidad Popular, se sumó al Frente de Todos, integró el directorio del Banco Nación, pero en esta elección, si bien apoya la candidatura a senador del peronista Mariano Recalde en la ciudad de Buenos Aires, él encabeza una lista propia para diputados.
–¿Cómo tiene que resolverse el caso de su colega José Luis Espert?
–La primera solución es separarlo de la función de presidente de la Comisión de Presupuesto (de la Cámara de Diputados) y abrir una comisión que investigue los vínculos con este narco (en referencia a Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos). En función de eso, definir la continuidad o no de él en el Parlamento. Indudablemente su vínculo lo haría alguien falto de idoneidad como para seguir siendo diputado.
Del mismo modo que lo hicimos en su momento con (Luis) Patti, que fue electo diputado nacional, pero habida cuenta de su vínculo con el genocidio y su directa relación con la tortura en la provincia de Buenos Aires, una comisión llevó adelante el juicio, se presentaron todas las pruebas de las causas en las que Patti estaba involucrado, él hizo su descargo y después el Parlamento votó.
–¿También debería renunciar a su candidatura para la reelección?
–Si tuviera que ver con mi fuerza política, hacía rato que ya no estaría. Lo que pasa es que esa fuerza política está atravesada por el vínculo con el narco.
–¿Por qué dice eso?
–Porque casualmente no hay una reacción. El propio Milei no está planteándole que tiene que salir de su candidatura. Primero, Espert se encargó de decir que este era un aporte de campaña a la fuerza y no a él. Luego los que administraban la campaña lo desmintieron. Efectivamente, era un fondo que había recibido él en una cuenta personal y luego este explica que en realidad fue un aporte de una empresa minera a la cual estaría vinculado (Fred) Machado. Una empresa minera le pagó US$200.000 por algo que no se hizo, porque después de la pandemia se cortó la relación.
Él dijo que viajó una sola vez en su avión y el propio juez (Marcelo) Martínez de Giorgi ya dijo que fueron 35 veces. Además todos sabemos que le puso a disposición una camioneta. También está sobre la mesa que quienes conducían la camioneta eran exfuncionarios de la SIDE (Secretaría de Inteligencia). Con semejantes definiciones y a partir de las noticias de los propios Estados Unidos, que el Presidente lo siga sosteniendo habla a las claras de que el tema por alguna razón los vincula a todos.
–Justo esta semana publicamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) denuncia un aumento del contrabando y que despachantes advierten que la mercadería que va y viene de México y España, que antes se controlaba por canal rojo de la Aduana por tratarse de destinos sensibles del narco, ahora van por verde…
–Todo el proceso de desregulación, que incluye todas las áreas, incluso la de los cielos, abre a las claras el funcionamiento para los ilícitos. Los vínculos del poder con el narco no son de ahora, son viejos.
En el momento de la revolución de los aviones (gobierno de Mauricio Macri), Espert aparece vinculado a determinadas sociedades ligadas al narco. Aparte, las aerolíneas involucradas en el tránsito de mercadería es una cosa bastante común. Argentina ha vuelto al proceso de desregulación de los cielos con esta gente. Y la apertura importadora elimina controles.
–La Aduana es un área controlada por el asesor presidencial Santiago Caputo, que a su vez tiene como consejero a Leonardo Scatturice, el nuevo dueño de Flybondi al que no le controlaron las valijas en marzo…
–Pruebas no tengo, pero me merece sospecha.
–Usted quería armar una lista conjunta con el peronismo, pero no pudo y terminó sumándose a la fragmentada oferta de la tercera vía electoral en la Ciudad…
–Efectivamente queríamos un bloque político amplio de lo que serían las fuerzas nacionales, democráticas y populares en la Ciudad. Le hicimos una propuesta en esa dirección tanto a Fuerza Patria como al FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores) y a otras agrupaciones menores respecto a ir con una sola lista de senadores que se ordenará en función de los votos que se habían obtenido en la última elección.
Pero vamos con una lista propia de compañeras y compañeros con trayectoria en la defensa de los derechos de trabajadores, los jubilados, las mujeres, el ambiente, las pymes, los derechos urbanos, los inquilinos. Tenemos la voluntad de que el Parlamento no sea una escribanía del poder económico ni del Fondo, como tampoco de Milei, como lo fue durante casi todo este tiempo hasta hace dos meses, donde en la debacle del Gobierno muchos de los socios naturales que tuvo para todo el desastre que promovió durante este tiempo se le estén abriendo.
Hay todo un espacio de una oposición cómplice o complaciente con el Gobierno, que en realidad comparte la hoja de ruta del acuerdo con el Fondo este y que consecuentemente no supone ninguna modificación significativa respecto a la perspectiva futura de de la Argentina.
–Hablando de desregulaciones, uno de los asesores del ministro Federico Sturzenegger en la materia fue Lucas Llach, que ahora junto a Javier González Fraga serán indagados por el préstamo que le dieron desde el Banco Nación, como vicepresidente y presidente, respectivamente, a Vicentin en el gobierno de Macri. Usted, como director del Nación, impulsó esa causa hace cinco años…
–Buena parte de los elementos que aparecen en la presentación que ha hecho el fiscal fundamentando el pedido de citación indagatoria y que el juez ha validado fue aportada por mí. Son informes que hice en el banco, comparecí ante el fiscal y le entregué absolutamente todo. Es una pena que se despierten cinco años después porque hubiera sido de utilidad que todo eso fuera público en ese momento.
La actitud de González Fraga, Llach y de todo ese directorio de no haber defendido los intereses del banco llega a límites realmente alarmantes. El crédito tenía una cuenta en garantía, por la que ingresaban los dólares de las exportaciones de Vicentin. Era una cuenta en donde había US$791 millones, lo que más que duplicaba el total de la deuda que Vicentín tenía, pese a que tenía la calificación vencida hacía dos años y desde agosto de 2019 había dejado de pagar.
Estos señores no solo no ejecutaron la garantía porque con eso se hubiera recuperado el dinero, sino que además permitieron que sacaran el dinero de la cuenta. De manera tal que cuando ingresamos al banco la cuenta en garantía en dólares estaba vacía. Cuando había algún tipo de dificultad en el banco para las negociaciones para mantenerle el cupo de crédito a Vicentin , sus directivos se cruzaban a la Casa Rosada y desde ahí el propio Macri llamaba a González Fraga para que despejara de alguna manera el camino. Así era la connivencia entre Macri y el grupo empresario Vicentin, principal aportante de la campaña.
El presidente del PRO en la provincia de Santa Fe era al mismo tiempo directivo de Vicentin. Ahora es la connivencia entre Luis Caputo, Milei y las siete cerealeras más importantes. Ahora no hay US$ 300 millones de credito, sino US$1.500 millones que no se pagaron de retenciones. Llach ya dijo por qué aparece esto ahora. Hay distintas interpretaciones. Obviamente la relación Macri-Milei es de conflicto. Y también la Caputo-Sturzenegger. Llach es un hombre de Sturzenegger.
En el marco de las eventuales discusiones sobre cambio de ministro, también hay disputas en los negocios. La propuesta que hay en curso por parte de Vicentín, que ahora está parada, en el marco del concurso de acreedores en la propuesta. es que quede en manos de Viterra y Bunge, que hoy son un solo grupo empresario a nivel internacional. Cargill quedaría fuera del negocio, pero algunos señalan que tiene buena llegada a Comodoro Py…
–¿Por último, cómo ve la situación económica antes y después de las elecciones?
–Estamos en el marco de una crisis de deuda y cambiaria absolutamente esperable de un esquema de política económica que canjea la inflación en pesos por inflación en dólares. Es incapaz de acumular divisas frente a una economía profundamente endeudada y sólo se sostiene con más deuda, es absolutamente insustentable.
En esa insustentabilidad hoy está puesta al extremo y demanda una corrección cambiaria que viene dándose. Hemos pasado del dólar cerca de $1.000 a 1.400 y estamos en vísperas de una devaluación que seguramente tomará forma después del 26 de octubre y va a tener impacto en precios. Se va a volver a deteriorar el poder adquisitivo, va a profundizarse el cuadro recesivo. Se pretende seguir la hoja de ruta del Fondo Monetario con tres reformas absolutamente regresivas en materia laboral, previsional e impositiva.
Ese es el escenario futuro de la Argentina, con el agravante de que en esta fuga hacia adelante el Gobierno busca el amparo y la subordinación completa en el peor de los momentos mundiales a la potencia norteamericana. Justo en el marco de la disputa mundial de los Estados Unidos con China. Esto es un disparate marca cañón. Primero, porque la Argentina tiene fuertes niveles de asociación comercial y financiera con China y porque tiene fuertes niveles de competencia con los Estados Unidos. Esto tiene que ver con el acceso al continente antártico, poniendo una base en Ushuaia. Tiene que ver con el control sobre YPF y las utilidades de Vaca Muerta en un contexto de juicio en los Estados Unidos.
Tiene que ver con este el acceso a bienes comunes, al litio en particular; el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina. La idea de nación termina desapareciendo y le proponen a la Argentina una absoluta subordinación colonial. El 26 de octubre termina siendo casi determinante para frenar esto y abrirle la puerta a una discusión diferente.
El apoyo del Tesoro (de EE UU) va a estar subordinado a la capacidad de vertebrar nueva gobernabilidad por parte del Gobierno. Ahí es donde radica el problema, porque estamos frente a un gobierno terminado. Terminado en lo económico, porque su esquema capotó. No hay con qué sostener un país que en el curso de estos ocho meses muestra un balance cambiario donde salieron de la Argentina US$17.000 millones por fuga de capitales y casi 7.000 millones por turismo y compras al exterior. Al mismo tiempo pagaste casi US$10.000 millones de deuda.
O sea, se te fueron más de 35.000 millones, prácticamente el 90% de las reservas brutas de la Argentina, en un país que no acumula y tiene un montón de vencimientos a futuro. Por eso la desesperación de que el Tesoro norteamericano compre deuda para remar este asunto. Pero no veo un gobierno capaz de reinventarse en lo económico, ni tampoco muy abierto a reinventarse en lo político porque ha perdido a sus propios socios. Este.
No sé si los gobernadores están en voluntad de volver a articular con Milei. Así que creo que es un gobierno terminado cuando le faltan dos años. Está la sombra de tener que avanzar en una solución institucional previa a 2027. Es una de las alternativas que tiene el escenario actual.
–Pocos dirigentes hablan abiertamente como usted sobre la posibilidad de que Milei no termine el mandato…
–Hace ya varios meses hemos venido presentando sistemáticamente causales de juicio político. Es un gobierno que sistemáticamente ha violentado la Constitución. Hicimos siete presentaciones, desde el DNU 70/23 hasta el de la deuda, pasando por quitarle los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, el alimento a quienes padecen hambre. Ha sido francamente vergonzosa la actitud del Parlamento de no frenar ninguno de los decretos, sin que nadie se anime a decir que está a tiro de juicio político.
Tenemos el caso $Libra, la corrupción en el área de discapacidad, la definición de no promulgar o no acatar las leyes. Ha hecho gala de la suma del poder público gobernando por decreto durante dos años, porque el Parlamento se lo permitió. Hubo un delito de traición a la patria. Así que estamos muy convencidos de que hace falta un juicio. A este gobierno hay que desplazarlo y hay que ir a elecciones anticipadas. No se puede permitir que se siga acumulando daño sobre el sufrimiento de buena parte de nuestra sociedad. Menos todavía que sigan hipotecando el futuro y la posibilidad de que seamos una nación soberana.
El Diario Ar