La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, presentó ayer una denuncia por “amenazas” e “intimidación pública”, como había anticipado en plena sesión de la Cámara alta, por las publicaciones realizadas desde las redes sociales en cuentas asociadas a militantes libertarios contra el Congreso. “Fue una amenaza muy grave la de los trolls libertarios, porque además son la voz paraestatal del Gobierno. Van a tener que dar explicaciones porque a esto hay que darle un corte, se tiene que terminar. Que no nos tomen el pelo, hay límites en la democracia y los límites los ponen las instituciones”, reiteró la senadora en diálogo con PáginaI12.
La denuncia radicada en los tribunales federales de Morón plantea que se lleve adelante la investigación por distintos delitos establecidos en varios artículos del Código Penal, algunos de los cuales contemplan que “los hechos se produjeran para amedrentar a la población en general o a ciertos sectores de la población, o para intimidar a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, o a las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad” y “recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”. La presentación judicial apunta a que se investigue a los denunciados y sus vínculos políticos y económicos con quienes están a cargo del Estado nacional.
La denuncia de la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, que integra el interbloque de UxP en el Senado, fue presentada antes los juzgados federales de Morón aunque aún no ha sido sorteada por la Cámara Federal de San Martín. Fue la primera presentada en el fuero federal por fuera de Comodoro Py –donde el juez Julián Ercolini ya concentró las primeras denuncias sobre el tema– pero no será la única que transite el mismo camino. La estrategia de los denunciantes es que no sea un solo juez el que investigue los hechos ni que todas las presentaciones judiciales recaigan en los tribunales de Retiro.
“Yo voy a hacer una denuncia penal, este bloque de Unión Ciudadana va a hacer una denuncia penal por intimidación pública, por apología del delito, por amenazas, porque la verdad es que es inaceptable”, había dicho Di Tullio al dar cuentas de las “amenazas” contra los legisladores y el Congreso en plena sesión en la que se debatía media docena de proyectos que rechazaba el Gobierno, algunos de las cuales finalmente convirtieron en ley como el aumentos a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.
La senadora dio detalló allí las amenazas vertidas por parte de los ahora denunciados. “Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro”, posteó Fran Fijap (Franco Antunes), que acompañaba con un video realizado a través de Inteligencia Artificial de un misil que salía de la Casa Rosada y estallaba en pleno recinto del Senado. “El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”, posteó en sus redes sociales “El Trumpista” (Luciano Carera), un libertario uruguayo; “Javo, poné un F16 a sobrevolar el Congreso” y “Los tanques a la calle ya. Es ahora”, sumó el Gordo Dan (Daniel Parsini), que frente a la advertencia de que tendría que responder ante la justicia intentó posteriormente caricatulizar el tuit para intentar despegarse y agregó a su posteo una foto con tanques de agua plásticos en una vereda. Todos ellos, mas una cuenta identificada como “Gordo Edición”, son los apuntados en la denuncia penal.
El escrito judicial por “amenazas” e “intimidación pública”, del que todavía no se conoce el texto completo, tiene como ejes –según supo este diario— varios artículos del código penal. Entre ellos, el 210 bis que establece que “se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional”, y entre sus características incorpora las de “operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país” y “recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”. Uno de los objetivos de la denunciante es que se investigue los nexos políticos y económicos con el Gobierno de los implicados en las amenazas.
Así como el Artículo 210 quáter, donde se especifica en su inciso d, que “los hechos se produjeran para amedrentar a la población en general o a ciertos sectores de la población, o para intimidar a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, o a las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad”.
“Por más que lo quieran minimizar el hecho fue grave. Hay que cuidar la democracia que hemos construido, y el presidente (Javier) Milei debería cuidar la democracia que le permitió ganar”, expresó Di Tullio en declaraciones a Radio 10 tras confirmar la presentación judicial y sobre las publicaciones agregó: fueron “gravísimas en el marco de una democracia de bajísima intensidad, porque hay un presidente que no tiene ningún compromiso con las instituciones. Milei es un peligro para la Argentina”.
Página/12