El caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski volvió a escalar tras una conferencia del Gobierno provincial. La defensa de Emerenciano Sena cuestionó el pedido del Gobierno chaqueño para que los condenados cumplan la prisión perpetua en unidades federales y anunció que acudirá a la Justicia si se altera lo dispuesto en la sentencia.
Esta vez, el eje del conflicto no es el veredicto de prisión perpetua sino el lugar donde debe cumplirse la condena. La defensa de Emerenciano Sena, uno de los condenados junto a César Sena y Marcela Acuña, rechazó de plano la intención oficial de trasladarlos a cárceles federales y advirtió que recurrirá a un hábeas corpus preventivo o correctivo si la medida avanza sin autorización judicial.
La polémica se activó luego de que el Ejecutivo provincial formalizara un pedido de cupo ante el Servicio Penitenciario Federal, bajo el argumento de que se trata de internos de “alto perfil” y con fuerte repercusión pública. Sin embargo, la sentencia dictada por la jueza técnica Dolly Fernández estableció que las penas deben cumplirse en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial y que cualquier traslado requiere aval judicial.
En diálogo con Radio Libertad, el abogado defensor Ricardo Osuna fue categórico: “El fallo es claro y expreso: la pena se debe cumplir en cárceles provinciales. En ningún lado dice cárceles federales”. Y agregó que, si se dispusiera el traslado sin intervención judicial, “vamos a presentar un hábeas corpus”.
Un nuevo frente judicial en el caso Cecilia
La defensa sostiene que el intento de traslado desconoce lo resuelto en la sentencia y altera las condiciones de ejecución de la pena. Osuna cuestionó además los fundamentos políticos del pedido oficial y afirmó que “no pueden hacer lo que quieren si la jueza ya determinó dónde debe cumplirse la condena”.
El Gobierno provincial, en cambio, argumentó razones de seguridad institucional y la gravedad del caso para justificar la solicitud ante la órbita federal. El planteo, no obstante, deberá atravesar el tamiz judicial si implica modificar el lugar de detención fijado en el fallo.
La controversia se suma a otro frente abierto: el recurso de casación que la defensa prepara para impugnar el veredicto del jurado popular y la prisión perpetua. Osuna confirmó que trabaja en un escrito de más de un centenar de páginas para presentar ante el Superior Tribunal de Justicia dentro del plazo legal.
La perpetua y la ejecución de la pena
En paralelo al debate sobre el traslado, el abogado volvió a cuestionar la constitucionalidad de la prisión perpetua, argumento que ya fue rechazado por la magistrada. Según la defensa, la pena vulnera el principio de resocialización previsto en el sistema penal argentino.
Mientras tanto, los tres condenados continúan alojados en dependencias provinciales. La eventual decisión sobre el traslado dependerá de la intervención judicial y de la respuesta institucional del Servicio Penitenciario Federal.
El expediente, que ya atravesó el juicio por jurados y la etapa de cesura, ingresa así en una nueva fase marcada por la disputa sobre la ejecución de la condena. En el centro del escenario, la defensa insiste: cualquier modificación en el lugar de detención deberá contar con autorización judicial expresa.
Perfil NEA/Radio Libertad