Los vemos todos. Cada tanto, un abuelo sale llorando de una farmacia por no poder pagar sus medicamentos. Por reiterada, la imagen no deja de estremecer. El índice de pobreza del 52,9% (que equivale a 25 millones de argentinos), anunciado por el INDEC para el primer semestre del año, explica esa y otras postales de 2024. El drama en las farmacias se puede traducir en cifras.
Según le contó a Infobae Rubén Sajem, director de CEPROFAR (Centro de Profesionales Farmacéuticos), “la caída de recetas (las que se dejan de comprar) entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2024 alcanzó al 15%. Es muchísimo. En agosto de 2024 se dispensaron 51.850.000 unidades, en agosto del año pasado 61.010.000 millones. Es decir, hay una caída de 9.160.000 unidades, de las cuales el 70% corresponde a medicamentos recetados. Cuando decimos unidades hablamos de envases para un tratamiento. Son cerca de 10 millones de tratamientos caídos”.
De acuerdo a su testimonio, es más grave en medicamentos recetados a través de PAMI: “Lo que están diciendo las farmacias de distintos puntos del país es que los medicamentos que perdieron la gratuidad, y el jubilado tiene que pagar un porcentaje, no lo lleva”.
La cifra contrasta con la noticia de la facturación de la industria farmacéutica argentina, que en el mismo período alcanzó los 3.080 millones de dólares, un incremento del 332,9% respecto a igual período de 2023, según informó la agencia EFE en base a fuentes oficiales.
En el Gobierno están preocupados por los altos precios de los medicamentos y la dispersión que existe entre los diferentes laboratorios. Lo suele repetir Federico Sturzenegger, que impulsa medidas para desmantelar el lobby de los laboratorios: “El Omeprazol genérico sale 3 mil pesos y una marca no genérica vale alrededor de 23 mil”. Aunque según señala Sajem, “si hablamos con propiedad, en Argentina no hay medicamentos genéricos. Todas son marcas. Algunos laboratorios las hacen conocer más”.
Y lo explica: “Los laboratorios argentinos, en general, no producen medicamentos innovadores. Es una falla de la industria: son copias de otros que eran originales y por el tiempo transcurrido han vencido las patentes y los puede producir cualquiera. Por ejemplo, el Ibuprofeno entró en uso en 1969, hace 55 años. Hay 36 marcas de Ibuprofeno en el país, con una diferencia de precio mayor al 300%, de 1.500 pesos a 7.000. Y siempre, la que más se usa es la más cara”.
”El Omeprazol entró al mercado en 1979, hace 44 años. No es una innovación. Y hay 30 marcas. El más caro cuesta 21 mil pesos. El más barato, 3 mil. Hay un 800% de diferencia. Y el médico receta la primera porque es de un laboratorio muy conocido. Hay un abuso de la posición dominante a través de las técnicas de marketing, que unos laboratorios pueden manejar mejor que otros. Nosotros en la farmacia se lo podemos cambiar a la gente, le decimos que hay uno más económico, pero el paciente casi siempre se atiene a lo que le indica el médico. Revertirlo exigiría una presencia muy activa de la autoridad sanitaria”, agrega.
Además, Sajem desliza un dato revelador sobre la forma en que se manejan los recetarios en el país. Si realmente se quisieran bajar los precios, la diferencia entre lo que recetan los médicos y los medicamentos que usan las clínicas privadas y hospitales públicos para los mismos pacientes también resultan un escollo: “Los mismos médicos, cuando trabajan en una institución hospitalaria, a los pacientes internados le dan el medicamento más barato, ahí lo aceptan. Pero cuando recetan para que el paciente vaya a la farmacia, lo obligan a pagar el más caro. Hay una distorsión ahí, mucho para corregir”.
Comparaciones
En Argentina, el salario mínimo mensual asciende a $268.056, en Perú a 1025 soles ($338.434,5 —convertido con el valor del dólar libre a 1230 pesos—), en España 1.323 euros ($1.817.927,7), en Colombia 1.462.000 pesos colombianos ($ 432.898,5) y en los Estados Unidos USD 1.508 ($1.854.923). De acuerdo al relevamiento que hizo Infobae en Argentina, Perú, España, Colombia y los Estados Unidos, en la mayoría de los casos los medicamentos son muchísimo más caros en nuestro país, según el cuadro que abre esta nota.
Los casos más extremos son el Omeprazol, que aquí se comercializa a 25.997 pesos y es un 680,1% más caro que en España, y el Bisoprolol, que en Argentina cuesta 36.119 pesos y supera en un 1.011,9% el precio de las farmacias españolas. En los 10 medicamentos que integran la canasta consultada, sólo el ibuprofeno fue un 16,1% más barato que en Colombia; el paracetamol un 30,9% más económico que en los Estados Unidos, la amoxicilina fue un 1,2% más cara en Argentina y un 67,1% en Colombia; y en el enalapril hay una diferencia del 10,5% con el que se vende en Colombia a favor del argentino. En el resto de las 31 comparaciones, en nuestro país hay que pagar más por los medicamentos.
Por supuesto, los precios extremadamente caros de los medicamentos en la Argentina no comenzaron hace apenas 9 meses con el nuevo gobierno. Un informe de la CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) firmado por Gerardo Esteban Gómez Santiago y Guillermo Oglietti reveló la situación que se vivió en América Latina con el costo de los remedios durante la pandemia.
Ellos presentaron un análisis comparativo en una región donde el gasto en salud representaba – en esa fotografía de 2020 y 2021-, el 6,6% del PBI, y el gasto per cápita ascendía a 1.026 dólares. Allí se mencionaba que casi el 8% de los hogares gastaban más del 10% de su ingreso en gastos sanitarios, lo que ocasionaba que el 1,7% de la población cayera debajo de la línea de pobreza.
Desde la perspectiva de Argentina, el informe revelaba algunas conclusiones preocupantes sobre el acceso a medicamentos y su impacto económico en la población:
En primer lugar, mencionaba que nuestro país se encontraba entre aquellos con los precios más altos de la región. La canasta hipotética de medicamentos en Argentina era un 26% más cara que el promedio latinoamericano, lo que afectaba directamente el poder adquisitivo y la capacidad de acceso a tratamientos esenciales para la población.
En segundo lugar, calculaban las horas de trabajo que se necesitaban en nuestro país para adquirir medicamentos. Y el resultado era que los argentinos necesitábamos trabajar 4 horas más que el promedio regional para cubrir la canasta básica de remedios.
Además, mencionaba que la baja capacidad adquisitiva de medicamentos en Argentina se debía tanto a los precios elevados como a los salarios bajos. La mitad del problema (51%) la atribuían a los altos precios de los medicamentos, mientras que la otra mitad (49%) se relacionaba con salarios insuficientes.
Y por último, señalaba que la regulación de precios de los medicamentos en nuestro país era limitada a pesar que en 2002 se implementó la Ley de Prescripción por Nombre Genérico. Esto redujo los precios en su momento, pero no cambió en forma notable los hábitos de consumo, prescripción o las estrategias comerciales de los laboratorios. Como resultado, según la CELAG, solo el 3% del mercado está compuesto por medicamentos genéricos sin marca, y muchos de los medicamentos genéricos son comercializados con marca, manteniendo precios elevados.
Los argentinos – concluían – se encuentran en una posición desventajosa en términos de acceso a medicamentos asequibles en comparación con otros países de la región.
De acuerdo a Sajem, esto se explicaría porque “otros países de la región no tienen la industria farmacéutica que tiene Argentina. Por ejemplo, Uruguay importa todos sus medicamentos. Chile tiene una industria mucho más limitada. Lo que encontramos aquí es que existe una gran diferencia de precios entre distintas marcas del mismo medicamento”.
Sajem cuenta que en el 2002, antes de la promulgación de la Ley 25649 de promoción de la utilización de medicamentos según su nombre genérico, el panorama con respecto a quienes no podían adquirir medicamentos recetados era mucho peor: “Había un 50% de recetas caídas, contra el 15% de hoy. En aquel momento tuvo mucho efecto el genérico, pero hay que hacer una salvedad. En Argentina no hay genéricos, son marcas de laboratorios poco conocidos que compiten por precio”. Y subraya que los medicamentos genéricos han sido una solución para aliviar el bolsillo de los pacientes en muchos países.
Sobre la posible “inducción” de los laboratorios sobre las farmacias a vender ciertos productos en detrimento de otros, Sajem defiende a su sector: “El farmacéutico, con los laboratorios menos conocidos, puede negociar las condiciones: dan más facilidad de pagos, de financiación. Con los de marcas no hay posibilidad, la farmacia tiene un margen de ganancia mucho más chico. No es que le conviene el de marca porque es más caro. Y también está la sensibilidad social que tenga. A la gente no se la puede hacer pagar un ibuprofeno a 7.500 pesos cuando por 1.500 puede obtener el mismo producto”.
Según cuenta, la regulación de los precios de los medicamentos existe en todos los países del mundo. Y cita a los Estados Unidos: “Muchos países van incluso contra su industria farmacéutica cuando se excede. El propio Joe Biden, en su dimisión a la candidatura, enumeró los diez logros de su gestión, y en segundo lugar puso que mejoró la accesibilidad en cuanto al precio de los medicamentos. Y es el país más liberal del mundo, pero California importa medicamentos desde Canadá. Y a los laboratorios que aumentan sobre la inflación les aplican multas”.
En comparación, dice, “aquí hemos generado una industria farmacéutica que le da trabajo a 40.000 familias, genera valor agregado, pero en función de vender medicamentos viejos, de 40 o 50 años, que son copias y los venden a través de estrategias de marketing en las que sí se han desarrollado, pero no innovan y no investigan. ¿Es una industria estratégica? Sí, porque necesitamos quien produzca enalapril, ibuprofeno, omeprazol, amoxicilina. Pero al principio activo lo importan. Acá le dan la forma farmacéutica, la ampolla, el jarabe, el comprimido…”
Para él, existen formas de controlar que el precio de los medicamentos sean razonables. En primer lugar, la importación, como anunció la provincia de Mendoza. “Ellos lo pueden hacer sólo para su territorio, si hicieran tránsito de medicamentos ya implicaría la intervención de la ANMAT, que tratándose de un laboratorio de la India, debería ir a inspeccionarlo porque no entra dentro de los sistemas de regulación sanitaria de los controles europeos o norteamericanos. Pero a Mendoza sí los pueden enviar. Todo esto a pesar que estas marcas, que nosotros llamamos genéricos, son producidas para Sanofi, Pfizer o Novartis en la India o en China. Son medicamentos que ya tienen la patente vencida. Y el laboratorio hará un control antes de ofrecerlos al público”.
Por otro lado, el fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares. “Por ejemplo en España – explica -, el médico no receta lo que quiere. Si no lo hace, le llaman la atención y puede hasta perder la posibilidad de recetar para determinada obra social”
En segundo término coloca a las compras centralizadas con un pacto entre países: “Hoy existe un acuerdo entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que suman una población aproximada a la de Argentina, para monitorear y comprar juntos para frenar el precio de los medicamentos, sobre todo en el caso de los de alto costo”.
En tercer lugar, dice que sería útil “establecer listas de financiación de la seguridad social. Por ejemplo, si un omeprazol cuesta el 800% más que otro, que no se lo incorpore en las listas. Porque acá, a ese medicamento más caro, un médico lo receta por PAMI, y PAMI lo tiene que pagar. Y por otro lado, le saca medicamentos a los jubilados…”
Sajem también habla de las importaciones paralelas, que tienen lugar cuando “un país tiene un laboratorio productor que es el dueño de la marca o tiene una posición predominante. Es lo que sucedió en Estados Unidos con la insulina, que en Canadá es muchísimo más barata, o con los medicamentos para enfermedades respiratorias”.
Por último, señala la conveniencia de poner precios de referencia. “El gobierno anterior lo intentó. Cuando se toman esas iniciativas, como por ejemplo si un medicamento está entre 2.000 y 20.000 pesos ponerlo a 4.000, los laboratorios enseguida se sientan a conversar. Todas son estrategias de regulación que preocupan mucho a los laboratorios. Son medidas que no se toman en forma extrema porque los gobiernos tampoco quieren quedarse sin industria farmacéutica”.
Hoy, indica, “en Argentina no se toma ninguna de ellas. Ni siquiera la más básica, que es conversar con los laboratorios para acordar que los precios no aumenten por encima de la inflación, y que si están un 3% arriba, al mes siguiente estén el 3% abajo”.
(Con información de Infobae España, Infobae Colombia e Infobae Perú)