El juez Sebastián Casanello procesó a 19 personas por fraude, cohecho y asociación ilícita, ordenando nuevas declaraciones indagatorias para ampliar la investigación. En su fallo dio por acreditada la existencia de una asociación ilícita enquistada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), integrada por exfuncionarios y empresarios, que habría direccionado contrataciones públicas, manipulado pagos y utilizado empresas pantalla para defraudar al Estado.
En una resolución de más de 300 páginas, el juez procesó a 19 personas por delitos que incluyen asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y violaciones a la Ley de Ética Pública, y además ordenó nuevas declaraciones indagatorias para ampliar la investigación.
Según el fallo, la organización operó mediante un esquema que combinó selección arbitraria de proveedores, sobreprecios, demoras deliberadas en pagos a empresas “no alineadas” y el uso de dinero en efectivo para evitar la trazabilidad.
“Los fajos de dinero en efectivo constituyen un indicio de ilicitud, en la medida en que la parte subterránea de la operatoria necesitaba dinero físico para evitar su trazabilidad”, sostuvo el juez..
Cómo funcionaba la maniobra
De acuerdo con la resolución, las contrataciones se iniciaban con la selección discrecional de la oferta, tras lo cual se emitían órdenes de compra y se cargaban remitos en el sistema SIIPFIS, aunque muchas veces sin constancia real de entrega. Luego, el pago se tramitaba por fuera del sistema principal, a través de expedientes administrativos paralelos.
El magistrado advirtió que el circuito permitía habilitar o frenar pagos según la empresa involucrada: “Se daba curso a los pagos o, por el contrario, se los frenaba, según la empresa de la que se tratase”, señaló el fallo, que calificó el procedimiento como “informal y arbitrario” .
En ese contexto, se incorporaron audios en los que se menciona la instrucción de demorar firmas a proveedores que “no eran de los nuestros”, lo que para el juez refuerza la hipótesis de un esquema de favoritismo sistemático.
Empresas pantalla y prestanombres
La investigación también reconstruyó el uso de empresas controladas de manera encubierta, inscriptas a nombre de terceros, con el objetivo de ocultar a los verdaderos beneficiarios de las contrataciones.
“La utilización de nombres de terceras personas para ocultar a los beneficiarios finales era un modus operandi del grupo”, afirmó el fallo .
En ese marco, se destacó el rol de sociedades como Profarma, Indecomm y Resposane, que facturaron millones de pesos a la ANDIS, mientras se tomaban recaudos explícitos para negar cualquier vínculo con sus verdaderos controlantes.
Funcionarios y empresarios, bajo la lupa
El juez consideró que la maniobra no podría haberse sostenido sin la participación activa de funcionarios públicos, que facilitaron información interna, intervinieron en los procesos de compra y avalaron pagos.
“El funcionario seguía al servicio del empresario y se advierten intentos por ocultar parte de lo actuado ante la llegada de nuevas autoridades”, señaló la resolución al analizar intercambios de mensajes posteriores al inicio de la investigación .
Además, se valoró el incremento patrimonial de algunos imputados, con gastos y movimientos bancarios incompatibles con los ingresos declarados.
Procesamientos y nuevas indagatorias
El fallo dispuso el procesamiento de 19 personas, entre ellas exautoridades de la ANDIS, funcionarios intermedios y empresarios, por su presunta participación en la asociación ilícita.
En paralelo, el juez ordenó nuevas declaraciones indagatorias para profundizar la investigación sobre la circulación de dinero en efectivo, el pago de sobornos y el armado societario de las firmas involucradas. Entre las nuevas indagatorias figura el empresario de la aviación Sergio Mastropietro.
Auditoría y severas críticas al funcionamiento de la ANDIS
La resolución también incorporó los resultados de una auditoría interna integral realizada tras la intervención del organismo, que detectó graves falencias estructurales.
“Se identificaron irregularidades en los procesos de compra de insumos y medicamentos, carencias en la gestión documental, debilidades en el control de expedientes y problemas persistentes en la trazabilidad de la información”, consignó el informe oficial citado en el fallo .
Para el magistrado, esos déficits institucionales facilitaron el accionar delictivo y permitieron que la maniobra se sostuviera en el tiempo.
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