La campaña fue impulsada por Libres del Sur y dichas firmas fueron obtenidas en distintas ciudades de la provincia durante los meses de abril y mayo de este año. En la presentación participaron Martínez, Patricia Lezcano -directora del ISEPCI Chaco-, ciudadanos que llevaron adelante la campaña y referentes de comedores.
“En el caso particular de las tarifas, la Legislatura Provincial, a través de sus representantes, debe intervenir para garantizar el derecho social al servicio de provisión de energía eléctrica y de gas conforme a montos de tarifas y precios justos, equitativos y razonables, que contemple la real situación de los sectores sociales y sus posibilidades de pago”, expresó Martínez.
Y concluyó: “El contexto de recesión económica, con la baja de las ventas y el consumo, así como el deterioro de los ingresos, agravado en los últimos seis meses por las decisiones del gobierno nacional a cargo de Javier Milei, quien eliminó los subsidios en materia energética tienen un impacto devastador sobre la población. La gente vio en menos de 60 días, aumentar sus facturas de luz en porcentajes que van desde el 200 al 500% inclusive”.
Presentaron en esta primera etapa 30.946 firmas y, en los próximos días harán entrega a la Legislatura de la cantidad total que supera las 40.000.
Piden tratamiento de Ley de Emergencia Alimentaria
Lezcano explicó que “exigimos el urgente tratamiento del Proyecto de Ley 2502/2017, de Emergencia Alimentaria, autoría del Diputado Provincial con mandato cumplido, Carlos Martínez, presentado en el año 2017. Y si hay proyectos similares en tratamiento, solicitamos sean acumulados en orden posterior y conforme fecha de presentación”.
“Pedimos que la Legislatura Provincial convoque a una o varias Jornadas para debatir y analizar con los distintos actores sociales interesados el citado proyecto o las iniciativas que sobre la cuestión se encuentren en tratamiento actualmente en las Comisiones Legislativas”, sostuvo.
Por último dijo: “Los fundamentos sobran, es urgente abordar el gravísimo problema del hambre y sus efectos más nocivos para la salud de la población, como lo son la desnutrición y la malnutrición, no solo es un deber constitucional del Estado y del gobierno provincial de turno, sino que debe constituir una prioridad de política pública”, finalizó Lezcano.