“Instrúyese al PODER EJECUTIVO NACIONAL a impulsar todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la JUSTICIA NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en un plazo máximo de TRES (3) años”, indica el artículo 439 del “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su discusión en sesiones Extraordinarias.
La Cámara del Trabajo argumentó que la norma “implicaría, ante todo, una inadmisible delegación de facultades exorbitantes en favor del Poder Ejecutivo Nacional en cuestiones que se oponen al sistema federal de gobierno delineado por nuestra Constitución Nacional, así como la transgresión del principio de división de poderes propio de la República”.
A su vez, con esta decisión, los jueces ratificaron la histórica postura de rechazar el traspaso que ya había sido expresada en otras cinco resoluciones dictadas entre 1996 y 2019.
“La transformación de la Justicia Nacional en Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, lleva a su eliminación dentro del diseño de competencias. Así, aun cuando se intentara llevar a cabo cumpliendo con los recaudos legales correspondientes, no podría superar el test de constitucionalidad, en tanto se asignarían a los/as jueces/zas locales competencias que la Constitución no les otorga”, indicaron.
El texto también cita un editorial del diario La Nación del 30 de diciembre de 2016 en el cual, el actual Procurador General de la Nación, Rodolfo Barra, rechaza el traspaso al tildarlo de inconstitucional. “Los tribunales de la ciudad de Buenos Aires no son ‘provinciales’, simplemente porque la ciudad no es una provincia. Esto es así por expresa decisión del constituyente de 1994, que en cada caso en que quiso equiparar a la ciudad con las provincias lo hizo expresamente”, había argumentado en aquella oportunidad el exjuez de la Corte Suprema durante el menemismo.
La Cámara del Trabajo también expresó que “el mantenimiento de una Justicia Nacional del Trabajo se justifica también en que sus magistrados/as vienen ejercitando desde hace muchos años una jurisdicción que exorbita con mucho el ámbito territorial de la Ciudad y abarca a habitantes de todas las provincias de la Nación que vienen a litigar ante sus estrados en razón del domicilio de alguna de las partes (en especial del sector empresario/empleador)”.
Además, agregaron que el fuero del trabajo también debe “entender en asuntos de naturaleza indiscutiblemente federal, en el sentido de que es el ámbito competente para resolver cuestiones sindicales en todo el país, según dicta la ley 23.551de Asociaciones Sindicales.
La Asociación de Magistrados también se pronunció en contra
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), en un comunicado firmado por su presidente Andrés Basso, también rechazó el traspaso de la Justicia la Ciudad de Buenos Aires.
“La Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución Nacional, hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente”, indica el texto.
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