Diferentes ONG alertan que más de 5 millones de personas podrían quedar jurídicamente desprotegidas si se sanciona la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsada por Javier Milei. El debate en comisión se reanuda este miércoles en un plenario de comisiones del Senado.
Distintas ONG alertan que más de 5 millones de personas podrían quedar jurídicamente desprotegidas si se sanciona la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsada por el gobierno de Javier Milei. El debate en comisión se reanuda este miércoles.
Al respecto, la organización TECHO advirtió que la iniciativa, tal cual la redactó La Libertad Avanza, “podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle”. No se descartan cambios a la letra chica.
La semana pasada, con la presencia del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el Senado comenzó a tratar en comisión la ley que busca fortalecer la propiedad privada. Se trata de uno de los proyectos “reformistas” impulsados por la Casa Rosada, que introduce cambios en una serie de leyes vigentes.
Entre otras, pone la mira en la ley de Tierras, la de Manejo del Fuego, así como también en la Ley 27.453, que declara de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Sobre esta reforma es que distintas ONG, como TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron que “representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país”.
¿Qué dice la ley 27.253? A grandes rasgos, la normativa, que fue sancionada por el Congreso de manera unánime en 2018, establece la suspensión de desalojos; la regularización dominial –a través de la facilitación de acceso a la titularidad de la tierra–; la integración socio-urbana –por medio de obras de infraestructura–; la creación del Fondo de Integración Sociourbana (FISU); y la entrega de certificados de vivienda familiar.
Propiedad privada: qué propone el Gobierno
Ante un plenario de comisiones, el ministro de Desregulación defendió la letra chica del proyecto. Planteó que la implementación de la Ley 27.257 “fracasó”. En este sentido, en los fundamentos del proyecto libertario se señala que, “lejos de lograr su objetivo, luego de más de 7 años desde la entrada en vigencia de la ley, tan solo un 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada, es decir, un número extremadamente bajo de sus habitantes posee título de propiedad sobre la tierra que habita”.
“Esto recién empieza”, dicen desde las ONG que advierten sobre las consecuencias que podría traer la sanción de la ley, al cuestionar los argumentos libertarios. Y plantean que, antes de concretar el proceso de regulación, se debe avanzar con el diagrama funcional de cada barrio.
En otras palabras, antes de otorgar escrituras a los vecinos, se debe avanzar con obras como hacer manzanas, abrir calles, así como también resolver situaciones de hacinamiento y reubicar familias. Una vez saldada esa instancia, se puede avanzar con los trámites. Todo eso lleva tiempo. Y más si el Gobierno paraliza la obra pública.
Lo que planteó Sturzenegger es que, en buena medida, la demora de la implementación de la ley impulsada por Juntos por el Cambio en 2018, gobierno del que el propio ministro formó parte, responde a que todo queda en manos del Estado Nacional.
Por eso, lo que se propone el texto es un “modelo que reconozca no solo el rol del Estado Nacional, sino también el rol preponderante de las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la implementación de los procesos de regularización dominial, en línea con el sistema constitucional de distribución de competencias”.
La advertencia de las ONG
A raíz de la presentación del proyecto, desde las ONGs alertaron que la reforma impulsada por el Ejecutivo elimina tres pilares fundamentales de la ley.
Por un lado, da marcha atrás con la declaración de utilidad pública y expropiación lo que, explicaron esas ONGs a través de un comunicado, le quita al Estado “capacidad de intervención sobre inmuebles incluidos en el Renabap”.
Por otra parte, las ONGs alertan que la reforma libertaria suprime la suspensión de desalojos por 10 años, lo que para TECHO es una “condición indispensable para garantizar estabilidad”.
A propósito de la suspensión de los desalojos, en el ministerio de Desregulación explicaron: “Eso es lo que genera un incentivo perverso. Porque como no se desaloja, el Estado dice ‘no hace falta expropiar, porque igual no podrá haber un desalojo’. Y no expropia nada. Entonces, no es una solución, sino un congelamiento”.
Por último, las organizaciones advierten que, de sancionarse el proyecto, se eliminaría la participación de cooperativas y economía popular, al eliminar la adjudicación del 25% de las obras a cooperativas de los propios barrios.
En concreto, ¿qué señalan desde TECHO? Que para aplicar procedimientos de regularización dominial se requiere de un marco legal que garantice tiempo y garantías. Esto se da a través de dos figuras que –advierten– la ley suprime. Por un lado, la prohibición de desalojos y, por otro, la expropiación.
Sobre este último punto, el proyecto de LLA incluye una modificación a la Ley N° 21.499 sobre expropiaciones, para limitar los casos en los que se aplica el concepto de utilidad pública. Lo cual va a contramano del espíritu de la Ley 27.453.
Tal cual explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su última conferencia de prensa, cuando dio los detalles de la iniciativa, apunta a que “aplique sólo a circunstancias excepcionales”. Al mismo tiempo, el proyecto incrementa la indemnización que percibirá el damnificado. “El Estado no puede decidir, unilateralmente de la noche a la mañana, que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobierno de turno”, fundamentó Adorni en aquel momento.
A propósito de los desalojos, el texto oficialista incluye modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial para, como señaló Adorni, “hacernos cargo del flagelo nacional, que son los okupas”.
En concreto, los cambios apuntan a darle vía sumarísima a los procesos; evacuar rápidamente a los infractores y a que se restituya los inmuebles al propietario en menos de 5 días. “El riesgo de que se tomen la propiedad les sube el precio a los alquileres del país”, aseguró Adorni sobre este punto.
Así las cosas, este miércoles a las 15, en comisión, el Senado retoma el debate por la ley que busca fortalecer la propiedad privada. Habrá que ver si el oficialismo acepta hacerle cambios a la letra chica del proyecto enviado por la Rosada y, sobre todo, seguir de cerca qué hace la UCR y el PRO, que hace 8 años impulsaron la ley que, ahora, LLA (gobierno del que es aliado) busca cambiar. Por lo pronto, las ONG irán al Senado a defender su postura.
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