La última dictadura sancionó más de dos mil decretos, que circularon como leyes. El primero que maquilló el término para legalizar lo ilegítimo fue Onganía y en el marco de la “Revolución Argentina”, a las decisiones de uniforme se las pasó a llamar Decreto-Ley. Una década más tarde, al “Proceso” le pareció que podía profundizar el triunfo del relato cívico-militar y rebautizó a esas órdenes, quitando la palabra decreto.
Por Gustavo Campana
Casi 470 bandos firmados entre 1976 y 1983 aún siguen vigentes, fundamentalmente la Ley de Entidades Financieras, con la que el mercado defiende en el presente la especulación para seguir multiplicando los panes. En tiempos de Videla, los ocupas de la Rosada crearon un falso Parlamento, reemplazando a los legisladores por un miembro de cada Fuerza y así nació la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Tres a los que nadie votó, custodiando los privilegios de la minoría, en detrimento de los derechos colectivos.
La Argentina de Martínez de Hoz, se basaba en la recepción millonaria de crédito externo, para sostener la mentira interior. Fábricas cerradas y bancos bien abiertos, aparato productivo destruido y “patria financiera” de turno las 24 horas.
En Estados Unidos gobernaban los republicanos. El presidente era Gerald Ford y el vice, Nelson Rockefeller, hermano de David, presidente del Chase Manhattan Bank y amigo personal de nuestro ministro de Economía. Esta sociedad entre la familia que fundó la Standard Oil y los padres de la Rural fue clave para que ingresaran al país, entre 1976 y marzo del 81, préstamos por casi 20 mil millones de dólares.
El 4 de febrero de 1977 la dictadura confirmó la reglamentación de la Ley de Inversiones Extranjeras (21.382), norma que fijó las pautas de las futuras “inversiones”, que en realidad no eran otra cosa que capitales especulativos entrando y saliendo con la autoridad natural del zorro en el gallinero.
El país se convirtió en una zona liberada, apenas con controles formales, para que los capitales golondrinas jugaran a tasas altísimas y fugaran las ganancias. Diez días después fue presentada la Ley de Entidades Financieras, diseñada por Adolfo Diz, exdirector Ejecutivo del FMI (1967-1968) y luego representante económico de la dictadura ante la Comunidad Europea (1969-1973).
Técnicos del Banco Central redactaron el primer borrador del proyecto en el 76 y luego Economía creó una Comisión Asesora Honorífica para la opinión final. El grupo estaba integrado por el vicepresidente segundo del Central, José Carlos Jaime; los banqueros Benedicto Bianchi, Luis María Gotelli, Pablo Terán Nogues y Rodolfo Guido Martelli y por supuesto, representantes de las tres armas.
El texto llegó a la CAL el 28 de diciembre de 1976 y, después de un mes de reuniones, propuso al Ejecutivo que se aprobara con algunas modificaciones. El 21 de febrero salió publicada en el Boletín Oficial y la divulgación fue acompañada por un texto de Martínez de Hoz: “Establecer un adecuado marco para el desenvolvimiento de un sistema financiero apto, solvente y competitivo”.
La teoría juraba que la 21.526 iba a “regular la creación, organización y funcionamiento de las instituciones intermediarias, entre la oferta y la demanda de recursos financieros”. Que iba a “supervisar y controlar el sistema a través del Banco Central, velando por la estabilidad y protegiendo a los clientes”.
La realidad fue muy distinta. La Ley de Entidades Financieras fue la locomotora para armar la nueva matriz económica argentina, le entregó al poder financiero todas las herramientas para instrumentar el saqueo, matar a la industria y condenarnos al subdesarrollo. Bancos, compañías financieras y cajas de crédito pasaron a ser las armas del “poder real” para quedarse con todo y hacer de la Argentina fabriquera un mini paraíso fiscal. La ley de la selva se hizo cargo del sistema y la tentación fue la búsqueda ilimitada del rédito económico.
El artículo 56 fue el primer dolor de cabeza. La ley creó un régimen de garantía total de los depósitos para cubrir a los privados, que curiosamente reclamaban “igualdad de condiciones”, con la banca pública: el Estado como bombero en caso de quiebra. A mediados de 1979, 19 entidades financieras menores mostraron que un balance en rojo podía transformarse en un negocio millonario y tuvieron que ajustar la Ley. Tomar depósitos a una tasa altísima, para después presentar la quiebra; el Estado pagaba y los estafadores fugaban la ganancia a toda velocidad.
Hasta el padre de la criatura entendió que se estaban pisando la sábana entre fantasmas: “Hemos visto cómo dentro del sistema han crecido ciertos bancos gracias a la garantía del Estado -dijo el titular del Palacio de Hacienda-. Pero no se puede favorecer un negocio particular para que crezca a costillas de una garantía del Estado. Sin quererlo, hemos garantizado la irresponsabilidad de algunos, que no tuvieron la madurez necesaria para usar la libertad con responsabilidad”.
El capital no hizo otra cosa que responder a su naturaleza y el escorpión picó a la rana sin medir las consecuencias. Aquel artículo fue reemplazado por un régimen de garantía “optativo y oneroso”, que era voluntario y por el que se pagaba una prima muy importante.
La quiebra del Banco de Intercambio Regional, en marzo de 1980, fue el principio del fin para la primera parte de un reinado que lleva 49 años. 250 mil ahorristas en dólares colgados del pincel. Los depósitos del BIR representaban casi el 13% del total del país.
La Ley de Entidades Financieras impulsó la extranjerización de la banca, un fenómeno que se acentuó a partir de la década del 90. Cavallo organizó el oulet en las puertas de diciembre de 2001, imponiendo la bancarización de la vida cotidiana. Justo cuando el corralito había convertido a las entidades financieras en el enemigo público número uno de millones de ahorristas.
A partir de ese momento y con el cobro del salario vía bancos, los créditos personales pasaron a manejar un importante porcentaje del flujo de capital en detrimento de la financiación productiva. Y las tarjetas de crédito se transformaron en una de las mayores fuentes de ingresos bancarios y el ancla familiar a través de intereses usurarios.
En el siglo 21 las entidades públicas se redujeron a la mitad con relación a 1976 y un puñado de bancos extranjeros pasaron a concentrar el 80% del mercado. El gran resultado del experimento, a pesar del descrédito pasajero que vivieron en 1980 y 2001, convirtió a los bancos en el gran vencedor de la economía argentina después de la dictadura. Martínez de Hoz nunca se fue.
Publicado en Página 12