La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, presenta su informe anual estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en la Argentina.
El documento consigna datos de elaboración propia a partir de la sistematización, procesamiento y análisis de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales especializadas de todo el país, actualizados hasta el 2 de diciembre pasado, sobre la situación de las personas sujetas a proceso y el avance de las causas judiciales.
Precisa que, desde el año 2006, cuando se reiniciaron los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo de Estado, se obtuvieron 332 sentencias y que actualmente las personas condenadas son 1.195 y las absueltas, 196. El informe también desglosa los datos de 2024 e indica que hubo 14 sentencias por las que 20 personas fueron condenadas y otras 12 resultaron absueltas.
El documento también señala que, durante estos 18 años, el Ministerio Público Fiscal solicitó investigar a 3.775 personas por crímenes de lesa humanidad y que hay 668 causas en trámite. En tal sentido, señala que “durante el año 2024, y hasta el cierre de este informe, se iniciaron 15 juicios orales, de los cuales 7 continúan con el debate en curso, y 8 ya obtuvieron sentencia, 2 de los cuales se resolvieron por juicio abreviado. Además, hay 65 causas con elevación a juicio y,de las cuales, en dos casos, se fijó fecha de inicio de debate para fines de 2024, lo que implica un descenso en relación al año anterior.
“El número de personas sometidas a proceso y que no han obtenido sentencia representa el 46%. De ellas, 370 se encuentran procesadas, 161 con falta de mérito y 100 fueron sobreseídas”, indica el documento, al tiempo que precisa que 465 tienen pedido de indagatoria, mientras que 70 personas ya declararon en esos términos pero aún no se resolvió su situación procesal.
Del universo de 370 personas procesadas, sobre 117 (32%) ya fue requerido su juzgamiento en juicio oral y 128 (34%) están siendo sometidas a debate oral por primera vez, y se apartó de los procesos a 38, en virtud de haberse determinado su incapacidad sobreviniente.
Además, hay 33 personas prófugas, de las cuales a 11 se les negó la extradición, 1 enfrenta ese proceso, 3 han sido ubicadas y 18 aún continúan con paradero desconocido.
De las 3.775 personas investigadas por crímenes contra la humanidad, 1.450 (38%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 613 (16%) están detenidas bajo las siguientes modalidades:
- El 81% tiene arresto domiciliario.
- El 10% está alojado en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales.
- El 9% está detenido en su mayor parte en la Unidad Penitenciaria N°34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. También se registra la detención de una persona en una dependencia de una fuerza de seguridad federal.
Delitos contra la integridad sexual
El informe indica que desde que el MPF investiga los crímenes de violencia sexual como delitos autónomos “se ha registrado una constante en la cantidad de sentencias que, año a año, juzgan dichos delitos, quedando demostrado que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado”.
En 2024 se registraron 4 sentencias por este tipo de hechos, lo cual implica un descenso en relación a las 6 registradas el año pasado. Sin embargo, aumentaron las sentencias dictadas que abordan estos delitos de manera autónoma (17%) respecto de las sentencias de lesa humanidad en general.
De esta manera, hoy suman 57 las sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad que contemplan delitos por violencia sexual. En ellas se impusieron condenas por hechos en los que fueron damnificadas 220 mujeres y 39 varones, precisa el relevamiento.
Promedios de tiempo en diferentes etapas del proceso
El documento advierte “la persistencia de las demoras en las instancias recursivas” y señala que 123 sentencias se encuentran firmes: 9 tras ser dictadas la sentencia definitiva por el tribunal oral federal interviniente, 30 ante la Cámara Federal de Casación Penal por no haber sido recurridas en la instancia superior, y 84 fueron confirmadas por la Corte Suprema.
Durante 2024, la Cámara Federal de Casación Penal revisó 21 sentencias definitivas: 11 las confirmó y 6 las reenvió al tribunal de origen, mientras que las 4 restantes corresponden a revisiones de segundos y terceros pronunciamientos dictados tras haber sido reenviadas al tribunal originario.
En tanto, 184 sentencias aún poseen alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas juzgadas.
De acuerdo con el relevamiento estadístico de la procuraduría especializada, el promedio general de tiempo para las causas firmes, desde que se presenta el requerimiento de elevación a juicio hasta que queda firme la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de 5 años y 9 meses. En ese contexto, el promedio temporal entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura del proceso es de 5 meses; entre la elevación a juicio y el veredicto es de 2 años y 7 meses; y el de las instancias recursivas es de 4 años.
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