En diálogo con CIUDAD TV, la abogada Mayra Leguiza descartó que la nueva ley laboral vaya contra la mal llamada “industria del juicio” y aseguró que gran parte de su articulado es “inconstitucional” porque afecta el principio de progresividad de los derechos. Por el contrario, advirtió que a pesar de la alta informalidad laboral solo el 10% de los casos llegaba a juicio.
La abogada Mayra Leguiza descartó que la nueva ley laboral vaya contra la mal llamada “industria del juicio” y aseguró que gran parte de su articulado es “inconstitucional” porque afecta el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores. Por el contrario, advirtió que antes de la aprobación de la nueva norma solo el 10 por ciento de los casos de informalidad laboral llegaban a juicio.
La abogada Mayra Leguiza descartó que la nueva ley laboral vaya contra la mal llamada “industria del juicio” y aseguró que gran parte de su articulado es “inconstitucional” porque afecta el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores. Por el contrario, advirtió que antes de la aprobación de la nueva norma solo el 10 por ciento de los casos de informalidad laboral llegaban a juicio.
“Este gobierno promulga esta ley y también la promociona, más que nada, con el fin de terminar con la industria del juicio. Pero nosotros, como abogados y defensores de los derechos y de la Constitución, por ejemplo, podemos hacer muchos planteos de inconstitucionalidad dentro de los artículos”, aseguró Leguiza.
En ese sentido, explicó que “nuestro mandato legal máximo dice que la ley tiene que ser progresiva. Quiere decir que tiene que progresar: siempre más derechos, nunca menos”. Así, graficó: “si un trabajador es despedido hoy y yo aplico la nueva ley porque ya el viernes pasado entró en vigencia, pero me doy cuenta que al intentar reclamar por sus derechos hay algo que la aplicación de esa ley hace que sus derechos se reduzcan, vuelvan para atrás, yo puedo plantear la inconstitucionalidad de ese artículo”.
“Quizás me puede servir para plantear un tope indemnizatorio, por ejemplo, pero no para aplicar la indemnización que rige por esa ley. Por eso siempre es importante estar bien asesorado”, advirtió la abogada chaqueña.
“No podemos hablar de industria del juicio”
Leguiza aseguró que no se puede hablar de “industria del juicio” cuando según datos oficiales solo el 10 por ciento de los casos por trabajo informal llegan a esa instancia. “Argentina tiene alrededor de 13 millones de trabajadores en informalidad hoy y hay un registro de 1.300.000 juicios. Quiere decir que de 13 millones de trabajadores que podrían estar haciendo juicios, solamente el 10% lo está haciendo”, ejemplificó.
“Lo que sí podemos hablar es que afecta directamente a los empresarios y a los empleadores esta ley, porque si un trabajador va y se asesora, un abogado abre, primero, la forma en la que le comunican el despido, todo lo que nosotros analizamos, la famosa carta de documento que le llega cuando se finaliza el contrato, y ya empezamos a ver en dónde podemos plantear una inconstitucionalidad”, adelantó la abogada laboralista.
“Entonces, vamos a tener dos opciones: hacer una conciliación y que utilicemos viejas estrategias de la antigua ley para que el trabajador sea bien beneficiado. O bien, vayamos a juicio para que un juez discrepe si es o no. Porque esa es la función del juez, no es un tercero imparcial que ante una discrepancia establece. Y la inconstitucionalidad es algo que se plantea mucho en el fuero laboral con la ley antigua, no me quiero imaginar con esta nueva ley”, reflexionó Leguiza.
¿Qué pasa con los contratos anteriores a la nueva ley?
Consultada sobre la situación de los trabajadores con contratos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley, la abogada aseguró que “se mantienen tal y cual porque ya fueron convenidos, por así decirlo. Los nuevos contratos son los que están en cuestionamiento. No así los nuevos despidos, que como dijimos, se aplican a la nueva ley”.