A horas de votarse en el Senado el proyecto de financiamiento universitario, bajo riesgo de veto por parte del gobierno nacional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el ajuste que la administración de Javier Milei aplica en la educación es igual a los beneficios impositivos que le otorga a los sectores más ricos.
La comparación realizada por el Centro de Estudios para la Recuperación de Argentina (Centro RA) de la Facultad de Económicas, “evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos” y “revela una discrepancia alarmante en las prioridades del Estado”.
El financiamiento universitario, en la mira de otro veto
El dato fue dado a conocer a horas de que la Cámara alta debata sobre tablas el proyecto de ley que recompone el Financiamiento de Universidades Nacionales y que propone una actualización del presupuesto universitario sobre la base de un esfuerzo fiscal de 0,14 por ciento del PBI.
Ese exiguo porcentaje equivale a un monto con el cual las casas de estudio podrían financiar sus gastos, así como también el de “hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes”, según precisó el informe de la UBA. “El impacto en las cuentas fiscales luce mucho menos oneroso al compararlo con algunas directrices recientes, tanto por decisión como por omisión”, indicó el estudio.
El proyecto de ley impulsado por el radicalismo ya tiene media sanción de Diputados, pero el gobierno nacional ya anticipó que en caso de aprobarse lo vetará de la misma manera que lo hizo con el aumento a las jubilaciones aprobado por el Congreso.
Las prioridades de Milei
El porcentaje que le demandaría al Estado la actualización del financiamiento universitario es equivalente a los beneficios que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) le otorga a los sectores más ricos, algunos de ellos inclusive beneficiados con el multimillonario blanqueo de capitales. Es decir que elige darle a los sectores más pudientes lo mismo que le quita al sistema educativo superior.
El estudio de la UBA explica que la reciente reforma fiscal incluye una fuerte baja en los impuestos al patrimonio de las clases más altas.
“La modificación del mínimo no imponible” y las alícuotas “del impuesto a los bienes personales se traduciría en una caída en la percepción de ingresos pública de aproximadamente 0,14 por ciento del PBI”. Es decir, lo mismo que requiere la actualización de los recursos del sistema universitario que tratará el Congreso.
El informe agrega que ese esfuerzo fiscal del 0,14 por ciento queda por debajo del derivado del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que es del 0,22 por ciento.
Según el estudio de la Facultad de Ciencias Exactas, “con un esfuerzo fiscal equivalente al 0,14 por ciento del PBI, similar al beneficio otorgado a las élites más adineradas del país y significativamente inferior al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, se evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos”.
El informe de la UBA resalta, además que “las recientes reformas fiscales subrayan la necesidad urgente de revaluar y priorizar el financiamiento de las universidades”, que es “una inversión estratégica para el país, vital para la formación profesional y el progreso social”.
Página/12