El envejecimiento de la población es uno de esos fenómenos que avanzan con la lentitud de lo demográfico pero con la certeza de lo inevitable, y que van erosionando en silencio la sustentabilidad de los sistemas previsionales.
Por Federico Vacalebre*
A medida que la expectativa de vida se alarga y la natalidad se derrumba, las reglas jubilatorias necesitan adaptarse de manera permanente para no quedar desfinanciadas. La lógica es sencilla. Cuanto más se demora esa adaptación, mayores son los traumas presentes y más severos serán los futuros. En la Argentina, sin embargo, prevalece una resistencia notable a aceptar esta realidad, y esa negación tiene un costo que ya se está pagando.
Esa resistencia no se limita a rechazar las reformas necesarias, sino que muchas veces se traduce en algo peor, que es la sanción de normas que empujan en la dirección exactamente opuesta. El resultado es un nivel de gasto previsional muy elevado en comparación con países de demografía parecida.
El fenómeno se observa en el sistema nacional, pero adquiere una gravedad particular en las trece provincias que nunca transfirieron a la Nación las cajas jubilatorias de sus empleados públicos provinciales y municipales. Se trata de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz y Tierra del Fuego, un grupo que concentra buena parte del problema.
Los números que surgen de observar las dos últimas décadas son elocuentes. Entre 2005 y 2024, el gasto público total de estas trece provincias creció un 40% por encima de la inflación, un aumento ya de por sí considerable. Pero el gasto previsional de ese mismo conjunto se expandió un 87% en términos reales, es decir, más del doble que el gasto total. En seis de ellas, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz, el gasto en jubilaciones directamente más que se duplicó.
La conclusión que se desprende de esa dinámica es inquietante, ya que en un período de fuerte crecimiento del gasto público provincial, las jubilaciones tuvieron un comportamiento todavía más expansivo, ganando peso relativo dentro del presupuesto año tras año.
Ese avance tiene una consecuencia concreta sobre la capacidad de los Estados provinciales para cumplir con sus funciones esenciales. En cinco provincias, que son Santa Cruz, Entre Ríos, Chubut, Santa Fe y Chaco, el gasto en las jubilaciones de sus ex empleados públicos ya consume casi la cuarta parte del presupuesto total. Cuando una porción tan grande de los recursos se destina a sostener el sistema previsional, el margen que queda para atender áreas estratégicas como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura se vuelve peligrosamente estrecho.
Dicho de otro modo, el crecimiento del gasto jubilatorio no es un problema abstracto de las cuentas públicas, sino que compite de manera directa con los servicios que definen la calidad de vida de los habitantes de cada provincia.
¿Cómo se llegó a esta situación? La explicación no está en el envejecimiento por sí solo, sino en la manera en que la política provincial reaccionó frente a él. En lugar de encarar reformas que adaptaran las reglas a la nueva demografía, en la mayoría de los casos se legisló en sentido inverso, acumulando normas, fallos judiciales y modalidades de gestión que reflejan una improvisación que hizo explotar el gasto.
Un ejemplo reciente ilustra el mecanismo. La provincia de Buenos Aires sancionó una norma que obliga a los colegios y a las empresas privadas con participación estatal provincial a dejar de aportar a la ANSES para pasar a hacerlo al instituto previsional de la provincia. El problema es que los aportes que realizan los docentes a lo largo de su vida activa son insuficientes para financiar el costo de sus futuras jubilaciones.
Por cada docente que se incorpore a la caja provincial, los ingresos presentes aumentarán en una magnitud menor a la del incremento del gasto que ese mismo docente generará cuando se jubile. De prosperar la iniciativa, se estaría legalizando un esquema de características similares a las de una estafa piramidal, en el que se elevan los ingresos de hoy con la promesa de pagar prestaciones que, de antemano, se sabe que no podrán financiarse.
El trasfondo de todo esto es que la sociedad del futuro tendrá una fisonomía muy distinta de la actual. Habrá muchas más personas mayores que niños y jóvenes, y esa inversión de la pirámide poblacional pondrá una presión creciente sobre cualquier sistema que dependa de que los activos financien a los pasivos. Por eso resulta tan urgente como esencial adaptar las reglas jubilatorias para controlar el crecimiento explosivo del gasto, un imperativo que alcanza tanto al sistema nacional como a las trece provincias con cajas propias. Postergar esa adaptación no hace desaparecer el problema, sino que lo traslada, agrandado, hacia adelante.
La salida, en definitiva, no puede ser fragmentaria ni improvisada. La manera más eficiente de encarar un desafío de esta magnitud es a través de una reforma integral que involucre a la Nación y a estas trece provincias de manera conjunta y simultánea. Un abordaje coordinado permitiría repartir los costos de la transición con criterios comunes y evitar que cada jurisdicción intente resolver su propia crisis a costa de las demás o de las generaciones futuras.
La demografía ya escribió buena parte del guion, y no admite postergaciones indefinidas. La única variable que sigue estando bajo control es la decisión política de actuar a tiempo, antes de que la bomba que hoy crece en silencio termine por estallar.
(*) Economista. Profesor de la Universidad del CEMA.
Publicada en Data Clave