Estela de Carlotto volvió a llamar a la solidaridad internacional para frenar el arrasamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia que intenta el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Como en aquellos años en los que ella y otras mujeres desafiaron a la dictadura, Estela sabe que cuando las puertas se cierran en el país hay que pedir ayuda en otras latitudes para denunciar las violaciones a los derechos humanos. “Llamamos al mundo a que mire lo que está sucediendo en la Argentina y actúe en consecuencia. Es fundamental frenar cualquier retroceso y defender los valores democráticos y los derechos humanos que tanto nos costó conseguir”, imploró la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Milei lleva un año y una semana en el poder. Esos doce meses fueron muy duros para buena parte de la sociedad argentina –y más aún para el movimiento de derechos humanos, que se convirtió en uno de los blancos preferidos del gobierno “libertario”. Abuelas de Plaza de Mayo se decidió a documentar cómo esas medidas regresivas impactaron en las políticas de memoria, verdad y justicia y en las que hacen al derecho a la identidad.
Este martes, Estela de Carlotto llegó a la Casa por la Identidad –que funciona en el espacio memoria de lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)– a presentar el informe que la institución confeccionó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll-Stiftung.
La exposición fue un grito de ayuda que lanzan las Abuelas para poder continuar con su búsqueda. “Al gobierno le pedimos una vez más que abandone el camino de la destrucción y se sume a la senda de una construcción colectiva de un país que durante más de 40 años de democracia ha sido un ejemplo”, dijo Estela.
“Este informe es un llamado urgente a referentes, defensores de derechos humanos y representantes de Estados e instituciones comprometidas con la democracia –continuó. Pedimos que nos escuchen y que unamos fuerzas. Hoy enfrentamos un contexto preocupante: el avance de políticas regresivas y de sectores que promueven la deshumanización y la estigmatización, transformando a compatriotas en enemigos. Nos preocupa especialmente el retroceso en el proceso histórico de memoria, verdad y justicia en Argentina, pilares que sostienen nuestra democracia”.
Carlotto estuvo acompañada en la presentación por Claudia Poblete, la nieta que Buscarita Roa –vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo– encontró en febrero de 2000, hace casi 25 años. Claudia integra la comisión directiva de Abuelas. y contó que, desde que Milei asumió, la institución ha tenido que redoblar sus esfuerzos para continuar con su misión. “Ahora también buscamos a una generación de bisnietos y bisnietas”, precisó. Su abuela la escuchaba desde la primera fila del auditorio.
Junto a ellas se encontraba Carolina Villella, que coordina el equipo jurídico de Abuelas. La abogada comenzó haciendo notar que cinco días después de llegar al gobierno Milei implementó el protocolo que limita la protesta. Cuarenta años antes, Raúl Alfonsín había creado la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) al quinto día de su estancia en la Casa Rosada. “Es muy gráfica la comparación”. señaló.
Villella habló de un ensañamiento de la administración de La Libertad Avanza (LLA) y de una decisión de poner en jaque las herramientas para contribuir a la búsqueda de los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado
En ese sentido, el gobierno apuntó sus cañones contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que se creó en 1992 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo. En primer lugar, el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el ministerio de Defensa de Luis Petri restringieron el acceso a documentación, diciendo que se trataba de un “organismo militante”.
Después vino el ataque frontal por parte de Milei: derogó el decreto 715/2004 con el que Néstor Kirchner había creado la unidad especial de investigación (UEI) de la Conadi, dedicada a hacer averiguaciones pre-judiciales. La UEI funcionó durante 20 años. En esas dos décadas abordó un total de 6938 casos. Resolvió 2468 casos y debió derivar un 25 por ciento de ellos al Poder Judicial.
Villella explicó que la decisión de desarmar la UEI de la Conadi impacta no solo en las investigaciones administrativas sino también en las judiciales, ya que implicará una sobrecarga para fiscalías y juzgados. En la sala estaba el fiscal Pablo Parenti, titular de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante).
La Conadi funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, anunció este martes el despido de 2400 trabajadores y el pago de la mitad de los salarios de otros 2000. En ese contexto de precarización y ajuste, la Conadi podría ver reducida su planta en un 67 por ciento, estimaron en Abuelas. El organismo, por obra y gracia de la Ley Bases, está a tiro de decreto del Poder Ejecutivo, que puede modificar o eliminar sus competencias o incluso disolverla.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), imprescindible para encontrar a los nietos y a las nietas, está siendo sometido a una política de ahogamiento. Para el año próximo, el gobierno había presupuestado 2333 millones de pesos, lo que implicaría una caída superior al 50 por ciento con respecto a 2023.
Estas no fueron las únicas políticas destinadas a horadar la búsqueda de verdad y justicia. Petri desarmó los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental que funcionaban desde 2010 en el Ministerio de Defensa y aportaban a las causas de lesa humanidad. Se desarmó también la mesa conjunta que funcionaba dentro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
En paralelo, el gobierno se preocupó por desfinanciar a organismos públicos y desacreditar las luchas por los derechos humanos. En la pantalla de la Casa por la Identidad se leyó el tuit que Villarruel le dedicó el 24 de marzo a la presidenta de Abuelas “Carlotto a vos no te votó nadie”, lanzó belicosa la vicepresidenta y completó la frase con un “no fueron 30.000”, el latiguillo favorito de los negacionistas.
En el informe también se recuerda que el ministro Cúneo Libarona usó sus redes sociales para decir que la lucha de las Abuelas es un “curro” y se menciona la visita de seis diputados oficialistas a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. Para las Abuelas, este hecho representó una banalización de los crímenes de la dictadura, la desacreditación del proceso de memoria, verdad y justicia y la victimización de los condenados.
Las Abuelas todavía buscan a 300 nietos y nietas. Varios de los que encontraron estaban en el Espacio Memoria acompañando a Estela y Buscarita: Leonardo Fossati, Manuel Goncalves y Daniel Santucho Navajas, entre otros. Daniel, el último que restituyó su identidad gracias a Abuelas, estaba acompañado por su hermano Miguel y por su papá Julio.
“Hoy en día el tiempo apremia. Quedan pocas Abuelas. Necesitaríamos multiplicar el compromiso del Estado”, reclamó Villella.
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