El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja trabaja, por estas horas, en la notificación de las familias. Las identificaciones fueron posibles gracias a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
No hay mejor antídoto contra la negación que la evidencia. No hay bálsamo más eficaz que la verdad. Tras décadas de búsqueda, la justicia federal de Córdoba informó que identificó los restos de doce detenidos-desaparecidos en el predio donde funcionó el campo de concentración de La Perla. Las doce familias que recibirán la noticia estarán frente a una certeza —desgarradora—: la del exterminio perpetrado por la última dictadura. Para las otras familias, será la esperanza de que la búsqueda quizá las acerque a seres queridos para despedirlos y para que no exista —como dice la sobreviviente Graciela Geuna— una democracia con cuerpos insepultos.
El juzgado federal Miguel Hugo Vaca Narvaja trabaja por estas horas en la notificación de los resultados a las familias de quienes fueron identificados por el trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
Recién cuando las familias sean informadas y se les consulte si están dispuestas a que la información se haga pública, se espera que el juzgado convoque a una conferencia de prensa para dar a conocer los nombres de los doce detenidos-desaparecidos que fueron identificados. Fuentes judiciales estiman que el anuncio podría realizarse entre el viernes de esta semana y el lunes de la próxima.
“Es una noticia que confirma la importancia de la búsqueda encarada por parte de los familiares y los organismos de derechos humanos. Para las familias que lograron el hallazgo, es la confirmación de la existencia del plan sistemático. Para otras, es un punto de partida para seguir buscando. La desaparición de personas es un delito que se continúa cometiendo y, a 50 años del golpe, es una responsabilidad inexorable del Estado seguir buscando”, afirma el abogado querellante Ramiro Fresneda en diálogo con Página/12.
El fiscal Facundo Trotta comparte la impresión. “Siento una enorme satisfacción de que pudimos identificar a doce personas víctimas del terrorismo de Estado que se encontraban desaparecidas y que finalmente los familiares podrán recuperar los restos de sus seres queridos. Es una noticia que nos alienta a seguir buscando”, le dice a este diario.
La maquinaria del horror
La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) entre 1976 y 1978. Estaba ubicada en terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, a la vera de la Ruta 20 que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz. El campo de concentración dependía del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba.
Entre 2200 y 2500 personas estuvieron secuestradas en esa mazmorra, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria. La gran mayoría de las víctimas están desaparecidas.
Teresa Meschiati, que estuvo allí secuestrada, dejó una frase contundente sobre cuál era la mecánica del exterminio en ese campo de concentración: “Así como en la ESMA se iban para arriba, nosotros nos íbamos para abajo”.
En Córdoba, los vuelos de la muerte no fueron la modalidad predominante para hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas, sino los enterramientos. En La Perla se hablaba de los pozos, del metro ochenta o de ver crecer los rabanitos desde abajo. Esos eran los eufemismos siniestros a los que recurrían los oficiales que eran dueños de la vida y de la muerte.
Había toda una dinámica propia del exterminio. Los secuestrados que iban a ser “trasladados” eran preparados. Se los separaba de la cuadra donde estaba el resto de sus compañeros. Les ponían una venda en los ojos y una mordaza en la boca para que no pudieran gritar. Les sujetaban también las manos por detrás. Después eran subidos a un camión Mercedes-Benz. Con jactancia de su perversidad, los represores hablaban de los “Menéndez Benz” porque eran los vehículos que estaban al servicio de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército.
En los primeros meses de la dictadura, los traslados eran masivos. Las trasladadas podían ser entre 60 o 70 personas. Con el paso del tiempo, el número fue menguando. Los camiones solían llegar a las tres o cuatro de la tarde, cargaban a los prisioneros que serían asesinados y partían. En general, estaban de regreso en un lapso breve: entre 20 y 30 minutos. “Lo que daba la idea de que el lugar de fusilamiento estaba dentro de los terrenos de la misma guarnición militar”, dejó establecido el tribunal oral que estuvo a cargo de la megacausa La Perla.
Hubo militares que hablaron sobre la metodología de exterminio en La Perla. Uno de ellos fue el teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, quien en 2004 presentó un reclamo porque no había sido ascendido a coronel. En ese escrito, Bruno Laborda reconoció haber actuado en La Perla e intervenido en tres fusilamientos —incluido el de una mujer que acababa de parir—. En su descargo, detalló que después de las ejecuciones arrojaban el cuerpo en un pozo y le prendían fuego. También afirmó que había participado “activamente” en la remoción de los cadáveres en 1979, meses antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país para documentar las denuncias contra la dictadura. Según la versión de Bruno Laborda, se usaron máquinas del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 para sacar los restos, que luego eran “compactados” y arrojados en las proximidades de una salina de La Rioja.
Existieron también vecinos que vieron cuál era la dinámica. Tal fue el caso de José Julián Solanille, un trabajador rural que se acercó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y declaró luego en los juicios. Solanille habló de los camiones que se iban hacia la Loma del Torito, las explosiones que se escuchaban después y de los enterramientos que él mismo llegó a contabilizar.
El trabajo del EAAF
Entre septiembre y noviembre del año pasado, el EAAF estuvo excavando en la zona de Loma del Torito, que se encuentra dentro del predio militar de La Calera. En la zona lindera a La Perla existieron búsquedas desde 2004, pero nunca de esta magnitud. En 2014, el EAAF logró identificar a cuatro estudiantes cuyos restos fueron encontrados en los hornos de cal de La Ochoa.
Otra novedad fue el acceso a fotografías aéreas de 1979 —que mostraban los cambios en el terreno de los que habían hablado Bruno Laborda y otros militares— que fueron analizadas por el Equipo de Geología Forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
En el comunicado que emitió el juzgado de Vaca Narvaja se habla de “resultados parciales”, lo que da cuenta de que se podría estar trabajando en la identificación de otras víctimas. Desde el EAAF resaltaron la importancia de que las familias de personas desaparecidas actualicen sus datos de contacto.
La intención de las familias es que la búsqueda se profundice durante este año. Por lo que pudo saber este diario, la perspectiva es que el EAAF haga excavaciones en todo el terreno de Loma del Torito y trabaje en base a otras hipótesis que surgen del análisis de documentación y testimonios.
A pocos días de que se cumplan los 50 años del inicio de la dictadura, la identificación de las doce víctimas no hace más que mostrar que la verdad —por más que se la sepulte o se la niegue— termina saliendo a la luz.
Página/12