La Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó intervenir en la causa donde, a pedido de la CGT, se suspendieron artículos de la reforma laboral, apeló la cautelar y advirtió sobre el impacto de la decisión judicial en las empresas y el clima de inversión.
La Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó formalmente su incorporación como parte en la causa judicial que suspendió artículos centrales de la reforma laboral, al tiempo que apeló la medida cautelar dictada por la Justicia del Trabajo tras una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
A través de una presentación firmada por su presidente Martín Rappallini, el vicepresidente Rodrigo Pérez Graziano y sus abogados, la entidad empresaria pidió intervenir en el expediente para defender lo que definió como los intereses colectivos del sector empleador. Además, expresó sus agravios contra la resolución judicial que suspendió la aplicación de parte de la norma.
La movida judicial confirma la decisión de la central industrial de involucrarse activamente en la disputa legal en torno a la Ley de Modernización Laboral, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Ojeda, hiciera lugar a un planteo de la CGT y dispusiera la suspensión provisoria de 82 artículos hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Según trascendió, la UIA sostiene que la reforma no implica regresividad en materia de derechos laborales ni presenta inconstitucionalidades, y advierte que la medida judicial impacta de manera directa sobre el funcionamiento de las empresas. En esa línea, también planteó, dando por hecho que lo hace, que el Poder Judicial no debería reemplazar al Congreso en la definición del modelo laboral.
En un comunicado difundido días atrás, la entidad manifestó su preocupación por la cautelar y remarcó la importancia del respeto a la división de poderes para el normal funcionamiento institucional y económico. En ese sentido, sostuvo que dejar sin efecto una ley aprobada por el Congreso debería ser “el último recurso del orden jurídico y no el primero”.
Desde la organización también señalaron que el país necesita “reglas claras, previsibles y estables” que promuevan la inversión, el empleo formal y la competitividad, suponiendo que esta ley lo haría, al advertir que la incertidumbre normativa puede afectar el clima de negocios y postergar decisiones productivas.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional introduce modificaciones profundas en aspectos como el régimen de indemnizaciones, las modalidades de contratación y distintos componentes salariales, con el objetivo, según sus impulsores entre los que está la UIA en primera fila, de «modernizar el mercado de trabajo». Llamativo es que la modernización no hace mención al trabajo en plataformas, o ponga el ojo en el uso de la Inteligencia Artificial para reemplazar empleados.
En su momento, el fallo judicial que suspendió parte de la ley a pedido de la CGT advirtió sobre una posible afectación de derechos constitucionales y el riesgo de perjuicios para los trabajadores. Entre los principales argumentos se menciona el principio de progresividad, que establece que los derechos laborales no pueden retroceder una vez reconocidos, así como el deber de las leyes de garantizar la protección del trabajador.
La disputa judicial suma ahora a uno de los principales actores del sector empresario como es la UIA, en un conflicto que va a escalar tanto en el plano judicial como en el político y sindical.
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