El fiscal Picardi y el juez Casanello avanzaron sobre los protagonistas visibles de la trama; la sombra de los hermanos Kovalivker; los Menem, en el horizonte.
El corazón de la trama que operó durante casi dos años dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) era un esquema de asociación ilícita, cohecho y defraudación agravada, al decir del fiscal federal Franco Picardi. La maniobra se estructuró sobre las “compulsas reducidas” y fue protagonizada por un puñado de exfuncionarios, empresarios e intermediarios para obtener un rédito patrimonial indebido que, solo en un período de un año, superó los $43.000 millones de las arcas públicas.
El fiscal Picardi y el juez federal Sebastián Casanello decidieron avanzar sobre los protagonistas más visibles de la operatoria, entre los que destacan los ahora exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Pero dejaron indicios de que avanzarán sobre aquellos que colocaron a Garbellini dentro de la Andis, y a quienes habrían dirigido la cartelización de las droguerías, entre los que descollarían los dueños de la firma Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker, de vínculos fluidos con los Menem. En particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
“Las evidencias recolectadas comienzan a confirmar lo que decía Spagnuolo en los audios”, indicó una fuente judicial a LA NACION. Aludía a los audios que salieron a la luz en los días previos a las elecciones bonaerense del 7 de septiembre pasado, en los que el entonces abogado particular del presidente Javier Milei y titular de la Andis detallaba cobros de sobornos, el rol de Garbellini como recaudador entre las droguerías, y el envío hacia “arriba” de los retornos, con alusiones explícitas a Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
¿Cómo se habría desarrollado la maniobra delictiva dentro de la Andis, según las evidencias que recolectó la Fiscalía? Se estructuró alrededor de la manipulación del sistema informático que utilizaba la Agencia para adquirir medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia. Los funcionarios crearon dos circuitos paralelos de compras: uno “regular” donde invitaban a competir a entre 14 y 16 droguerías, y otro de “compulsas reducidas” donde solo participaban 3 o 4 empresas cuidadosamente seleccionadas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
El patrón era siempre el mismo: dos de ellas actuaban como adjudicatarias reales mientras las otras dos simulaban competencia, pero no presentaban ofertas o cotizaban precios que no eran competitivos, creando una apariencia de legalidad en un mercado que en realidad operaba cartelizado en el que alternaban roles según el tipo de producto. Así, Profarma y Génesis dominaban las compulsas de medicamentos (concentrando el 93% de las adjudicaciones), mientras que New Farma y Floresta monopolizaban los insumos auditivos como implantes cocleares y audífonos.
El análisis técnico de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló casos extremos de sobrefacturación. El medicamento Macitentan, por ejemplo, que en compulsas abiertas costaba $411.764, llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas apenas tres días después: un incremento del 1900 por ciento. Y el Burosumab pasó de $19 millones a $45 millones por unidad, mientras que el Guselkumab experimentó aumentos del 15 al 20 por ciento respecto de ofertas simultáneas en compulsas abiertas.
Ese patrón se repitió de manera sistemática, remarcó el fiscal Picardi en su dictamen, al punto que si otras droguerías lograban participar en compulsas abiertas para los mismos medicamentos, ofrecían precios que representaban menos de la mitad de lo pagado a las empresas favorecidas. ¿Conclusión? Solo entre julio de 2024 y agosto de 2025, estas compulsas irregulares generaron adjudicaciones por más de $43.000 millones de pesos.
“Esto venía de antes”, remarcó una fuente tribunalicia al tanto de la investigación en curso ante la consulta de LA NACION. “Estamos hablando de nichos de corrupción en los que mezclan ‘cajas’ del Estado, intermediarios y sobornos, como también lo fue la operatoria de los ‘brokers’ de seguros”, detalló.
Tres niveles criminales
Siempre de acuerdo al dictamen de la Fiscalía, la presunta operatoria criminal registró tres niveles. En el primer nivel estaban los funcionarios que controlaban Andis. Es decir, Spagnuolo, como director ejecutivo, y Garbellini, como director de Acceso a Servicios de Salud. Ellos autorizaban y ejecutaban el direccionamiento, garantizaban cobertura institucional y recibían pagos en efectivo como contraprestación.
El segundo nivel era el de los operadores para-estatales: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. No tenían rol formal dentro de la administración pública, pero impartían órdenes dentro de la Andis como si fueran funcionarios, al punto de diseñar la estrategia, gestionar retornos y decidir adjudicaciones desde fuera. Lo notable es que incluso colocaron personal propio dentro del organismo: Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González actuaron como agentes internos de Calvete, filtrando información y facilitando pagos; y Luciana Ferrari hizo lo propio para Atchabahian como empleada del laboratorio Roche, pero con usuario y contraseña del sistema informático de la Andis para operarlo “desde afuera”.
El tercer nivel criminal, en tanto, lo componían los empresarios beneficiarios vinculados a las cuatro droguerías favorecidas. Es decir, Andrés Arnaudo de Génesis, Ruth Lozano de Profarma, Patricio Rama de New Farma, y Silvana Escudero junto a Alejandro Fuentes de Floresta, quienes coordinaban entre sí qué empresa ganaría cada compulsa. Roger Grant ejecutaba materialmente las compulsas en el sistema según las instrucciones recibidas.
El circuito de lavado
Los beneficios económicos de la presunta banda criminal fluyeron, en tanto, en múltiples direcciones. La Fiscalía encontró evidencias de Spagnuolo cobrando al menos $5 millones en efectivo de Calvete y su pareja Guadalupe Muñoz para un viaje a Israel que no se concretó. Y guardaba US$ 82.000 no declarados en una caja de seguridad, además de tener una máquina contadora de billetes en su casa.
Dinámicas similares se repitieron una y otra vez. Eduardo González consultaba a Calvete “cómo y cuándo hacerse de los dólares”, recibiendo como respuesta una fecha específica, mientras que Lorena Di Giorno recibía instrucciones de “pasar por Defensa a buscar lo tuyo” y facturaba millones de pesos a INDECOMM y Profarma, empresas vinculadas a Calvete. ¿Garbellini? Realizó obras millonarias en su vivienda que derivaron en una multa del country por $22,5 millones, mientras que acumulaba gastos por más de $4 millones por mes en tarjetas de crédito, muy por encima de su salario como funcionario.
Pero para el presunto blanqueo a gran escala, el fiscal Picardi consideró que existen evidencias suficientes para avanzar contra otros dos presuntos eslabones de la operatoria. ¿Quiénes? Alan Pocovi, hijo del exmarido de Zulemita Menem, y Sergio Mastropietro, vinculado a la empresa Baires Fly.
Pocovi recibía sistemáticamente efectivo y transferencias que luego invertía en criptomonedas a través de la plataforma “NEBLOCKSHAIN”, cumpliendo un rol de recaudador. Mastropietro recibía transferencias millonarias desde las droguerías investigadas hacia Baires Fly bajo el concepto genérico de “compra de kilómetros nacionales para aeronaves”, emitiendo facturas por montos idénticos. Federico Santich y Guadalupe Muñoz completaban el engranaje financiero moviendo fondos entre las empresas del entramado.
Pocovi y Mastropiero quedaron en evidencia, incluso, las escuchas telefónicas que captaron a Calvete dando órdenes para mover dinero a través de ambos (“llamalo a Alan”, “preguntale a Sergio primero”), evidenciando que ambos constituían la infraestructura financiera del esquema, mientras que Baires Fly, con su servicio de aviación privada 24 horas, representaba además un potencial medio de fuga.
Fuente: Hugo Alconada Mon / La Nación