La auditoría que el presidente Javier Milei ordenó hacer sobre el uso del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), con el que entre 2020 y 2023 se mejoraron los barrios populares, no encontró indicios de malversación de dinero, pago de sobreprecios, o algún hecho que implicara la comisión de delitos durante la gestión anterior.
Tras revisar las cuentas y procedimientos realizados en el período a cargo de Fernanda Miño, la Sindicatura General de la Nación hizo sólo observaciones sobre procesos administrativos -recomendando cómo tramitar mejor los expedientes- y señaló cuestiones como las demoras en la realización de las obras, pero no más que eso.
El informe de la Sigen se suma, en este sentido, a lo que ya había planteado el funcionario que hoy está a cargo del área, Sebastián Pareja: que los fondos del FISU estuvieron siempre sometidos a “varios controles” y que la Secretaría de Integración Sociourbana tuvo un buen funcionamiento. El gobierno mileísta dice que esa política pública era una “caja” de Juan Grabois, pero no ha encontrado hechos que demuestren su afirmación.
La auditoría fue dispuesta por Milei en marzo pasado, luego de asegurar que los fondos fiduciarios eran “cajas negras de la política” y delegarle el manejo de todos ellos al ministro de economía Luis Caputo.
El FISU fue creado en noviembre de 2020. Recibió un porcentaje del aporte de las grandes fortunas, así como una parte del impuesto a la compra de dólares, para ejecutar obras de integración de los barrios populares. Esta política había sido aprobada mediante una ley del Congreso durante el gobierno de Mauricio Macri, pero los fondos para concretarla recién se consiguieron a partir de 2020, cuando a raíz de la pandemia se fijó un aporte a las grandes fortunas.
La auditoría tomó el período que va de enero de 2022 a diciembre de 2023. Sobre los resultados de este informe los medios afines al gobierno estuvieron difundiendo, en las últimas semanas, una serie de afirmaciones que resultaron fakes, anticipando que la auditoría había encontrado graves irregularidades. Por ejemplo, dijeron que había llegado a manos del ministro Caputo y que Caputo la había definido como “fulminante” o que la auditoría era “un escándalo”.
Sin embargo, resultó ser que el organismo de control no señaló delitos. Sí hizo una serie de observaciones sobre procedimientos administrativos y dio recomendaciones para mejorarlos. Por ejemplo :
*Aconsejó crear una base de datos única, ya que algunas actividades del FISU se registran en planillas excel, con lo que su seguimiento es difícil.
*Dijo que hubo demoras generalizadas en el avance de las obras, una situación lógica si se considera que se trata de la urbanización de barrios informales, donde suele haber pasillos y no calles, y en los que las viviendas fueron levantadas de la manera más precaria imaginable.
- En tres expedientes (nótese lo bajo del número) la auditoría encontró que las licitaciones no habían sido informadas de manera previa a su adjudicación; pero el informe aclaró que esta no fue una situación generalizada.
- Planteó que hubo cooperativas de trabajo que no tenían antecedentes “de especialidad e idoneidad”. Es algo lógico, ya que la idea del programa era, justamente, incluir en el mundo del trabajo a la población de los barrios a urbanizar.
- Criticó retrasos en las rendiciones de cuentas. Sobre este punto el informe de la Sigen no encontró desvíos de fondos ni sobreprecios, sino demoras en la presentación de las rendiciones.
“Nosotros estamos muy tranquilos y tranquilas. Es claro que hay una campaña para desacreditar el trabajo que realizamos, una campaña que apunta sobre todo a pegarle a Juan Grabois como impulsor de una secretaria de Estado villera, como lo fui yo”, dijo Fernanda Miño, ex titular de la Secretaría de Integración Sociourbana, tras conocerse el contenido de la auditoría. “Si quieren decir que hubo delitos, los van a tener que inventar”.
Miño indicó que los señalamientos que hizo la Sigen “fueron cosas de forma, técnicas, cosas propias de la gestión, que los que sigan a cargo del FISU podrían mejorar, si tuvieran la voluntad de seguir con las obras”. Cuestionó que, en cambio, el programa haya sido desfinanciado. “Creo que, de fondo, el gobierno busca inventar algo sobre una política que a las claras funcionó bien. Si me pregunta si podría haberse hecho mejor, tengo que contestar que seguramente. Me encantaría ver a este gobierno, en este tiempo, buscando la forma de hacerlo mejor”.
Desde diciembre, cuando asumió el gobierno libertario, las obras fueron frenadas; se realizan sólo algunas, a cuentagotas, debido a la falta de financiamiento.
Sobre el parate generalizado en las obras, Javier Montalvo, integrante de la Mesa de Barrios Populares y vecino del barrio Cura Vasco, en Córdoba, contó: “El gobierno de Milei dictó dos decretos que impiden la continuidad de las obras de urbanización: el decreto 193 que desfinanció el FISU, reduciendo del 9 al 0.3 el porcentaje del impuesto a la compra de dólares que se le destina y el decreto 251 que generó una burocracia interminable solo con el fin de no darle continuidad a las obras”.
“Nos preguntamos qué está haciendo el gobierno con el dinero (destinado a la urbanización) que viene recaudando desde diciembre a hoy. En todo el país hay 1500 obras ejecutadas o en ejecución. Si tienen que hacer más auditorías, le decimos que la hagan. A nosotros nos gusta que vengan a conocer nuestros barrios, que vengan a conocer nuestra realidad. Queremos que auditen a nuestras cooperativas, a las obras y a los trabajadores si es que eso permite que las obras sean retomadas, que sigamos teniendo trabajo y que las familias podamos vivir en barrios como el que todo ser humano sueña, con agua potable y electricidad segura”.
Página/12