Los jefes provinciales no están dispuestos a permitir, al menos en estos términos, el avance de iniciativas que comprometan la productividad de sus distritos, desde suba de retenciones hasta nuevos impuestos a economías regionales pasando por actividades centrales para los territorios como, en el caso de Santa Fe, el biocombustible.
La defensa de las economías regionales y actividades productivas tuvo su respaldo en el parlamento, mostrando la primera acción conjunta de esta etapa entre gobernadores y legisladores. Pero también hubo coincidencias a la hora de rechazar la delegación de facultades tal y como la plantea el presidente, pero con altas chances de acompañar si el gobierno accede a modificar los plazos y las formas.
Según se plantea desde ambos polos de poder de Juntos por el Cambio, la declaración de emergencia podría ser aceptable si, en vez de ser once, fuera un número menor y si, en vez de ser por dos años prorrogables por otros dos a sola firma de Javier Milei, sean por un año con chances de ampliarla por un período similar con acuerdo del Congreso.
Pero las coincidencias no solucionarán el problema financiero de las provincias. El retorno del impuesto a las ganancias todavía está en stand by y el Gobierno podría presentar el proyecto con el inicio de las sesiones ordinarias para no entorpecer el debate de la ley ómnibus, que es la que le interesa en este momento.
El presidente dejó en claro su intención de no buscar vías alternativas para el financiamiento de las provincias que, en paralelo, se vieron perjudicadas por la eliminación de la obra pública y de los aportes del Tesoro. Pero los mandatarios no calcularon el costo-beneficio de semejante decisión y todavía no hay una posición clara al respecto.
El semáforo
Para trabajar esas iniciativas, los bloques que supieron integrar el antiguo interbloque de Juntos por el Cambio armaron una especie de sistema didáctico visual que permita ordenar los artículos en aprobables, sujetos a modificación, postergables o invotables. Verde, amarillo y rojo. Un semáforo ideado en las entradas de la UCR, dinámico, cambiante, y que recibe cambios según el especialista que vaya a desasnarlos con cada uno de los temas.
En el rojo, está la delegación de facultades o la intención de votar a libro cerrado la posibilidad de privatizar 41 empresas del Estado. Tampoco consiguió adeptos la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria que sólo podría ser acompañada por una propuesta superadora – para los más exigentes – o por un nuevo cálculo para los aumentos que no sea extremadamente perjudicial.
Pero el posicionamiento no es uniforme en cada uno de los temas. Algunos diputados, por ejemplo, están en contra de desfinanciar la cultura y decidieron poner este ítem en rojo, pero otros no. Por eso, la dinámica es constante aunque la lectura de la herramienta fue positiva porque permitió sumar adeptos.
Los bloques dejaron de analizar en soledad el proyecto de ley para pasar a conformar nuevamente un equipo, en este caso entre el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, todos ex Juntos por el Cambio. Casi como la puesta en escena de la unidad pregonada por los gobernadores apenas perdieron las elecciones nacionales y se vieron en la difícil misión de comandar provincias desde una coalición en crisis.
En esa dinámica, los legisladores y los mandatarios se encontraron con una actitud del gobierno diferente a la planteada por Milei. Los funcionarios con los que mantuvieron reuniones llegaron con una actitud y se fueron con el compromiso de revisar varios puntos. Pero en algo coinciden las distintas fuentes, hasta que eso no se plasme en el dictamen final, todo es terreno de especulación.
La reforma electoral pareció quedar para sesiones ordinarias, a partir de marzo, porque hasta los propios diputados libertarios fueron contra el proyecto defendido por el ministro del Interior, Guillermo Francos. La delegación de facultades también podría ir por el camino de la solicitud cambiemita, reducción de emergencias y de plazos. Hay modificaciones enviadas por el gobierno – que ya deberían estar cerradas – y otras presentadas por los colaboracionistas.
Para afinar, ya hubo un mitin en el despacho de Emilio Monzó junto a Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Carlos Gutiérrez de Hacemos Coalición Federal. Por la UCR estuvieron Danya Tavela, Alejandro Cacace, Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo. Por el PRO, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Damián Arabia y Laura Rodríguez Machado. Les quedó mucha tela para cortar dada la extensión del proyecto.
Oposición responsable, oficialismo intransigente
Bajo la idea de “oposición responsable”, intentarán acercar posiciones lo más que se pueda para votar el proyecto con cambios, ya sean desde el Gobierno, propios o por rechazos en particular. Si el presidente quiere desoír al Congreso y modificar la sanción – en caso de salir – en la reglamentación, lo que surja de allí será responsabilidad suya y no de los legisladores.
Todas estas negociaciones, habituales y necesarias en el Congreso, se hicieron muy difíciles por la ausencia de interlocutores claros. Se remarcó que no existe una figura de peso que distribuya las terminales políticas con las que los diputados deberían charlar y, por el contrario, los ahogaron con discursos contradictorios y promesas que, por ahora, prefieren no creer hasta que se concreten.
Esta semana más reuniones de bloque deberían servir para sentar posición frente al dictamen. La UCR lo hará cuando esté la fecha de firma, el PRO se encuentra todos los martes, Hacemos Coalición Federal lo hizo este miércoles a la mañana y tal vez se vuelvan a ver el martes.
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