Los senadores de la UCR y Pro son claves para cumplir con los deseos de Karina Milei; el debate en comisión recién se retomará en dos semanas y con la discusión de las elecciones primarias encapsuladas a la espera de un acuerdo político
No arranca. La reforma política que con tanta pompa y con la etiqueta de prioridad número uno el Gobierno de Javier Milei envió al Senado en abril último permanece en estado de latencia, casi olvidada, sin que los periódicos intentos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por imponer el tema en la agenda mediática logren conmover a la Cámara alta.
La causa es, desde al menos tres meses, siempre la misma. El proyecto quedó empantanado en las miasmas de los intereses de los principales bloques de la oposición dialoguista que, junto al kirchnerismo, se niegan a concederle a La Libertad Avanza (LLA) la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que es la causa principal, sino la única, por la que el Gobierno elaboró el proyecto. Los opositores consideran las primarias como una herramienta indispensable para ordenar las feroces internas que los atraviesan y evitar rupturas.
Hace diez días, en pleno recinto del Senado y ante un pedido para que se discutan los proyectos que buscan establecer el concepto de ficha limpia (que impide ser candidatos a quienes tengan condenas judiciales), la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), tomó el guante y dijo que en dos semanas se iba a retomar el debate de la reforma política y, con ella, el régimen que impulsan partidos como el Pro y la UCR.
“Que yo sepa, no hay novedades, todo sigue igual. No están los votos”, le dijo a La Nación un senador de extracción peronista y miembro activo de la oposición dialoguista. “En mi pueblo te contestarían: cri, cri, cri”, fue la original respuesta de una senadora radical ante la pregunta de este diario, que apeló a la analogía del cantar de los grillos para remarcar que no se han registrado avances.
Algo de razón tenían ambos legisladores. Horas después, Bullrich confirmaría que recién dentro de dos semanas podrá retomar la discusión del proyecto. “El debate lo vamos a arranca el 15” de septiembre, le dijo al medio poteño. La convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales se hizo oficial en la tarde del último viernes.
Sin embargo, la senadora también reconoció que no hubo cambios desde que el debate en comisiones quedó abandonado, allá por el mes de mayo, ya que todavía no tiene los votos para aprobar la derogación definitiva o, en su defecto, la suspensión de las PASO para el proceso con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo.
“No hay consenso, hoy lo estamos construyendo, pero todavía no los tenemos”, respondió Bullrich ante la pregunta directa de este diario sobre si ya había conseguido los votos para derogar o suspender las primarias. “Por eso vamos, a empezar con la reforma a paso moderado, trayendo invitados, especialistas, discutiendo todas las reformas de la ley de los partidos, políticos, la digitalización de las afiliaciones, y el financiamiento”, agregó la legisladora.
En otras palabras, la líder de los senadores oficialistas reconoció que la eliminación de las PASO, el tema que más interesa a la secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, quedará encapsulado, que seguirá en pausa, hasta que se alcance un acuerdo político que le permita avanzar.
La UCR y Pro, claves
Por tratarse de una reforma electoral, el proyecto necesita contar con mayoría absoluta, es decir la mitad más uno del total de miembros de cada cámara. En el caso del Senado, se trata de 37 votos afirmativos. La cifra parece accesible, pero no lo es. De hecho, un proyecto de ley especifico de ficha limpia, impulsado por la oposición y que contaba ya con la aprobación de Diputados, fracasó hace poco más de un año atrás en el Senado al no superar la barrera de los 36 votos por el sorpresivo rechazo de dos senadores de Misiones aliados de la Casa Rosada.
La Libertad Avanza cuenta hoy con 21 senadores, es decir que necesita del apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría que establece la constitución para sancionar reformas electorales.
Ahí es donde entran a tallar los 10 senadores de la UCR, los tres de Pro y una docena más compuesta por un mosaico proveniente de Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Córdoba y Corrientes en el que se mixturan peronistas críticos del kirchnerismo con legisladores alineados con el gobernador de su provincia y “silvestres” que no responden más que a sus propios intereses.
Según Bullrich, las fuerzas provinciales no tienen problemas con las PASO, ya que no es un tema que les preocupe en particular y, más aún, en algunos casos hasta les resultan molestas porque suman una instancia de voto más a un calendario que marchará desdoblado de las elecciones nacionales. En esta categoría entrarían unos cuatro o cinco votos.
El tema está, entonces, en convencer a los radicales y a Pro, un universo que, por tener en muchos casos gobernadores con intereses locales que proteger, escapa a las negociaciones entre las paredes del Senado.
Todas las miradas apuntan al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que arrancó su gestión prometiendo ponerse al hombro las negociaciones para conseguir los votos para la reforma política. El dirigente proveniente de Pro juró el cargo el 30 de junio último, tras la estrepitosa caída en cámara lenta de Manuel Adorni y su inefable incremento patrimonial. Desde entonces, no se ha registrado avance alguno en la reforma política.
De hecho, en la Casa Rosada también admiten que el proyecto se cayó del podio de iniciativas prioritarias y la dejan para discutirla en octubre. En el Senado, en tanto, hay opositores dialoguistas que apuestan a esperar los resultados de las elecciones de medio término de los Estados Unidos, a principios de noviembre, para ver cómo le va a Donald Trump con la renovación legislativa antes de definir su apoyan o no la eliminación de las PASO.
Lo concreto es que la reforma política sigue estancada en el Senado y, para colmo de males, el tiempo empieza a apremiar. Fuentes del Gobierno confirmaron que desde la Justicia electoral les han hecho saber que si quieren aplicar la reforma política en 2027, tendrán que aprobarla antes de fin de año. Un deadline que está a la vuelta de la esquina.
La Nación