El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, en el uso de sus facultades de diseño de la política criminal, envió un oficio al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en el que propuso al Poder Ejecutivo una modificación normativa para reemplazar el sistema vigente de montos fijos aplicable al contrabando menor y su pauta de actualización, regulados en el artículo 947 y subsiguientes del Código Aduanero.
El planteo tiene su origen en una presentación promovida por los fiscales federales Luis Roberto Benítez (Formosa), Flavio Adrián Ferrini (Corrientes), Roberto Javier Salum (Reconquista) y Federico Martín Carniel (Resistencia), quienes pusieron de manifiesto la problemática derivada del incremento de casos penales en materia aduanera. Señalaron que los montos establecidos en la ley 27.430 -que modificó el Código Aduanero en 2017- para determinar el contrabando menor han quedado desfasados de la realidad económica debido a la depreciación monetaria y el aumento del valor de las mercaderías. Los montos actuales son de 500 mil pesos para la mercadería en general y de 160 mil pesos para el tabaco y sus derivados.
Los fiscales indicaron que, debido a esta situación, conductas de escasa significación económica que anteriormente se encuadraban como infracciones aduaneras hoy son criminalizadas como delitos, lo que desvirtúa el propósito original del legislador y sobrecarga el sistema de justicia federal con casos de menor relevancia penal.
En uso de sus atribuciones legales para diseñar la política criminal, el procurador Casal encomendó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) el análisis técnico de la problemática planteada. A partir de los antecedentes obtenidos, se determinó la necesidad de una revisión del sistema de montos fijos y la implementación de un mecanismo de actualización adecuado.
El oficio remitido al Ministerio de Justicia expone diversas alternativas normativas, contempladas en proyectos legislativos y en antecedentes jurídicos, para que el Poder Ejecutivo evalúe cuál se adecúa mejor a la realidad económica actual y a una política criminal efectiva en la materia.
La iniciativa presentada es resultado de un trabajo coordinado y conjunto entre los fiscales federales que impulsaron el planteo, la PROCELAC y la Secretaría de Coordinación Institucional.
El objetivo de la propuesta es garantizar un sistema normativo más equilibrado, eficiente y ajustado a la realidad económica, que evite la judicialización de casos que deberían tramitarse en el ámbito administrativo y permita que el fuero federal concentre sus esfuerzos en delitos de mayor gravedad.
Fiscales