La Policía Federal de Brasil acusó este martes al expresidente Jair Bolsonaro y a otros miembros de su gobierno de utilizar la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar ilegalmente a personas públicas, informaron medios locales. Las fuerzas de seguridad concluyeron la investigación, informalmente conocida como “Abin paralela”, y enviaron el informe a la Corte Suprema, que ahora deberá remitirlo a la Fiscalía para que evalúe si presenta una denuncia o si requiere nuevas diligencias.
“Abin paralela”
Esta nueva sospecha policial se suma a un juicio en curso al exmandatario de extrema derecha ante la Corte Suprema, acusado de liderar una trama golpista en 2022, y a su inhabilitación electoral hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación. Según informaciones de los medios, la investigación indicó que tanto policías como funcionarios públicos de la agencia nacional formaron una organización criminal para monitorear periodistas, miembros del sistema judicial y políticos opositores, invadiendo sus teléfonos celulares y computadoras.
Además del expresidente que, según el portal de noticias de Globo, “sabía y se beneficiaba del esquema”, entre los más de 30 acusados se encuentra el actual director de la Abin, Luiz Fernando Corrêa, el diputado federal Alexandre Ramagem, y uno de los hijos del exmandatario y actual concejal por Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro. De acuerdo con el medio, este último administraba los datos obtenidos para atacar públicamente a los personajes espiados.
En una publicación en su cuenta oficial de X, el actual concejal por Río de Janeiro escribió: “¿Alguien tenía alguna duda de que la PF de Lula haría eso conmigo? ¿Justificación? Creo que ya lo saben: ¿elecciones en 2026? ¡No lo creo! ¡Pura coincidencia!”. Carlos Bolsonaro manifestó en esta misma red social su deseo de presentarse nuevamente para otro cargo en las elecciones de 2026, ya sea en Río de Janeiro o en otro estado “donde pueda ser más útil al proyecto de liberación de Brasil”.
Según medios locales, Carlos Bolsonaro está estudiando la posibilidad de ser candidato a senador por el estado sureño de Santa Catarina en los comicios del año próximo. Jair Bolsonaro y Alexandre Ramagem no hicieron comentarios sobre la acusación, pero previamente negaron la existencia del esquema. La Abin afirmó que no haría comentarios sobre las acusaciones. En abril el director general de la agencia publicó una nota en la que se declaraba disponible para proporcionar cualquier aclaración a las autoridades competentes, ya sea en el ámbito administrativo, civil o penal.
En marzo se conoció una investigación del portal UOL en la que relataba que la agencia de inteligencia había sido utilizada para invadir ordenadores del gobierno de Paraguay con el fin de obtener informaciones confidenciales relacionadas con las tarifas de la hidroeléctrica binacional de Itaipú. El gobierno brasileño admitió la existencia de esa operación, pero atribuyó su montaje a la administración de Bolsonaro y afirmó que fue cancelada “tan pronto” como la nueva cúpula de la Abin “se enteró del hecho”, en marzo de 2023, a tres meses de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
La agencia se convirtió en los años dele bolsonarismo en una suerte de estructura paralela con la que se espió de manera ilegal a los entonces presidentes de la Cámara y el Senado, periodistas, jueces del Tribunal Supremo como Alexandre de Moraes, e incluso aliados del gobierno. Esta operación forma parte de un operativo que se puso en marcha en octubre de 2023 llamado “Primera Milla”, que investiga el supuesto uso ilegal de la aplicación de rastreo FirstMile, adquirida durante el mandato de Michel Temer.
Las otras causas pendientes
Además de esta investigación, el expresidente brasileño está presente en otras tres causas. La más avanzada está relacionada con un intento de golpe de Estado que lo señala como líder de una trama para mantenerlo en el poder después de las elecciones en las que enfrentó al presidente Lula en octubre de 2022. Hace unos días Bolsonaro prestó declaración ante el Tribunal Supremo junto al resto de cabecillas que conforman el denominado “núcleo crucial” de la trama, quienes esperan ya sentencia.
En su testimonio, Bolsonaro admitió que discutió “alternativas” tras su derrota en los comicios de 2022, pero negó haber dirigido un intento de golpe de Estado. También minimizó la campaña de desprestigio que promovió contra las instituciones democráticas mientras estuvo en el poder, la cual atribuyó a pura “retórica”, a su “comportamiento” explosivo y a un “desahogo” producido por sus reveses en la justicia.
El proceso por golpismo contra Bolsonaro tendrá al menos dos careos entre los propios imputados y testigos, según informó este martes el propio tribunal. En ambos casos, los careos fueron solicitados por las defensas de algunos de los ocho acusados y autorizados por el juez Alexandre de Moraes en su condición de relator del proceso en la Primera Sala del Supremo, que los convocó para el próximo 24 de junio.
El primer cara a cara entre imputados tendrá al teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán de Bolsonaro, y al general de la reserva del Ejército Walter Braga Netto, un exministro que fue candidato a vicepresidente en la fórmula del líder de la ultraderecha para las elecciones de 2022. El segundo será para cotejar las versiones dadas ante los jueces por el exministro de Justicia Anderson Torres, otro de los ocho imputados en esta fase del juicio, y el general de la reserva Marco Antonio Freire Gomes, antiguo comandante del Ejército que declaró en el proceso en calidad de testigo.
Después de que en marzo el Supremo archivara la investigación contra Bolsonaro por el supuesto fraude de las cartillas de vacunación contra el coronavirus, la otra que sigue abierta tiene que ver con la apropiación indebida de regalos de lujo y joyas entregados por las autoridades saudíes cuando era presidente. Bolsonaro está acusado de malversación y apropiación de bienes públicos, asociación criminal y lavado de dinero junto a decena de personas más. La Fiscalía apunta que intentó vender esos obsequios en Estados Unidos, llegando incluso a tener que recuperar algunos de ellos cuando apareció el caso en la prensa.
Página/12