Javier Milei realizó la presentación del proyecto de presupuesto 2025 y, como cualquiera a esta altura podría aventurar, ni la educación ni la ciencia y la tecnología tienen un lugar de preponderancia. A contramano de la percepción social positiva sobre las universidades, sus docentes y los científicos, el texto que detalla la proyección económica que realiza el gobierno se propone la suspensión de leyes de financiamiento que, precisamente, aseguran el desarrollo de las actividades en los rubros comprometidos con la producción de conocimiento en Argentina.
El Gobierno prevé incumplir normas vitales para la supervivencia del sector educativo y científico, apenas unos días después de que el Senado haya sancionado por una amplia mayoría una nueva Ley de financiamiento para las Universidades. ¿El argumento oficial? La necesidad de un “déficit cero” que le ponga “un cepo al Estado” como justificación ante todos los recortes.
De manera específica, el artículo 27 del texto presentado por Milei plantea, “en el marco de la emergencia pública” declarada en la Ley Bases, la suspensión para el ejercicio 2025 del “cumplimiento del artículo n° 9 de la Ley n° 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; de los artículos n° 5, n° 6 y n° 7 de la Ley n° 27.614 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo n° 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional”. ¿Qué implica, en concreto, este cambio?
En diálogo con Página 12, Daniel Filmus, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología, desmenuza: “Hay tres leyes de financiamiento de educación, ciencia y tecnología. Las tres están suspendidas por el presupuesto que mandó Milei. Eso es un hecho gravísimo, que significará un retroceso enorme. No se va a cumplir con el 0.2 por ciento del presupuesto que en el 2005 dictó la Ley de educación técnica; no se va a cumplir con el 6 por ciento del PBI que en el 2006 incluye la Ley de financiamiento educativo; ni tampoco se va a cumplir con el 0.45 que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025”.
Luego continúa con el detalle: “Esto significa que caerá un 33.5 por ciento el presupuesto de ciencia a nivel nacional y un 45.1 por ciento el presupuesto educativo”. De este último, la mayor parte se vincula con el desfinanciamiento de Universidades y el incentivo salarial docente que se transfiere a las provincias.
Este artículo incluido en el proyecto, sin embargo, es la cristalización de una situación que ya sucede de hecho. El presidente solicita formalmente autorización para dejar de cumplir algo que, en la práctica, el gobierno no cumple. La Ley de financiamiento del sistema CyT, por caso, preveía un incremento plurianual en la inversión que el Estado debía realizar en el sector. Así, hacia 2032, el objetivo era conquistar el 1 por ciento del PBI. Sin embargo, en el presente, el gobierno subejecuta los fondos comprometidos por ley para este 2024 (0.39 por ciento del PBI).
Roberto Salvarezza, actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, señala: “Si se aprueba la propuesta del gobierno nacional, se dejarán sin efecto aquellos artículos que implicaban el incremento progresivo en el sector. En última instancia, es un reconocimiento implícito de que en el 2024 la ley está vigente y los actuales funcionarios no la están cumpliendo. De hecho, al día de hoy la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene ejecutado el 3 por ciento de los 79 mil millones que tiene disponibles”.
Y agrega: “Es bueno recordarles a los funcionarios públicos que ellos deben velar por el cumplimiento de las leyes y que si no lo hacen son pasibles de ser denunciados por incumplimiento de sus funciones”.
De esta manera, de aprobarse el texto y sancionarse con fuerza de ley en el Congreso podrían incumplirse leyes que fueron votadas por amplias mayorías parlamentarias. Precisamente, fueron votadas por un amplio abanico de partidos políticos porque se consideraban políticas de Estado. Filmus advierte: “No estamos ante una política pendular de ajuste, como históricamente fueron las políticas neoliberales, sino de tipo anarcocapitalista. El planteo de la escuela económica austriaca apunta directamente que el Estado no se tiene que hacer cargo de estas áreas. Afrontamos un peligro de destrucción de la educación, la ciencia y la tecnología”.
La motosierra, que durante 2024 no demostró racionalidad para discriminar rubros, promete afilarse –y enceguecerse– aún más durante el año que viene. Su accionar, en efecto, choca de frente con las aspiraciones de instituciones que, por el contrario, pretenden resguardar la promoción de la educación y la ciencia. A fines del mes pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores y rectoras de todas las universidades nacional del país, elevó una planilla que estipula un total de 7.19 billones de pesos para poder funcionar en 2025. Sin embargo, el gobierno se propone asignarles tan solo 3.8 billones. Las universidades tienen su ley, pero también tendrán su veto. ¿La sociedad tendrá su megamarcha?
Página 12