La decisión del cierre de esa herramienta creada en 1997 fue celebrada por la administración de La Libertad Avanza (LLA) a través de un comunicado en el que malintencionadamente volvió a apuntar a los supuestos gastos administrativos y salarios que demandaba la puesta en marcha de ese programa.
El FONCAP funcionó durante todos estos años como una herramienta que democratizó el acceso al crédito a sectores de bajos recursos que no tenían cómo financiar un emprendimiento, debido a su imposibilidad para acceder a préstamos del sistema bancario formal.
Su puesta en marcha se extendió a todo el país no sólo con la asistencia económica a personas y organizaciones sociales, sino también con programas de formación y capacitación de empleos tras los cuales miles de beneficiarios pudieron acceder a la compra de herramientas de trabajo.
Se estima que el programa de microfinanzas asistía en la actualidad a alrededor de 70 mil emprendedores, que luego tenían la obligación de devolver el crédito recibido.
Cada crédito se ajustó a la realidad de cada emprendedor. Era de fácil acceso, se otorgaba en forma escalonada y con plazos cortos de devolución, y a través de trámites y requisitos mínimos y sin la necesidad de garantías tradicionales.
Fue creado para promover el desarrollo y crecimiento de emprendimientos y microempresas, sin embargo, para el gobierno de Javier Milei, esta posibilidad de salida y de creación de empleo propio dejó de ser una prioridad.
El decreto 985/2024 que elimina el FONCAP alude a una auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en la que detectó presuntas “debilidades en los procesos de rendición de cuentas o registración de información administrativa, contable y financiera”. También “ausencia de monitoreo y control”, y “atrasos” en los estados contables.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía afirmó que “a lo largo de casi 3 décadas de existencia, (el FONCAP) estuvo lejos de lograr los resultados buscados y evidenció, sobre todo en los últimos años, una pésima administración de los recursos públicos a su cargo”.
En su intento por desacreditar la iniciativa, se refirió a “falencias” de administración, “ausencia de un esquema de promoción al financiamiento de minipymes” e “incumplimiento” de inversiones.
Además, aseguró que la existencia del fondo le generaba al Estado un gasto de 100 millones de pesos mensuales y adujo que se dinero “en mantener los gastos de administración y no en cumplir con el objetivo noble por que cual fue constituido”, añadió.
Lejos de corregir esas supuestas “falencias”, el Gobierno decidió cerrarlo y dejar a la deriva a los emprendedores que recibían esa ayuda. Además, acusó al programa de tener “un esquema de administración híper dimensionado, con sobre ejecución de gastos, deficiencias o discrecionalidad en los créditos otorgados, falta de gestión en los recuperos de los créditos y en el debido cuidado del capital de la sociedad”.
Página/12