Las contrataciones del súper ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello ya se investigan en el marco de la justicia federal. Es que luego de que se conociera que vía la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en la cartera facturaban hasta un grupo de rugbiers del colegio La Salle, se activó una denuncia que todavía se encuentra en etapa de pesquisa.
Así surge de una respuesta formal de la propia gestión de Capital Humano a un pedido de acceso a la información pública presentado por InfoGremiales hace ya casi 3 meses. Allí se le pedía acceso a las nóminas y los criterios tomados para tomar el personal que se contrata sin controles ni pruebas de idoneidad, a pesar del sistemático recorte en la planta estatal.
En su respuesta a InfoGremiales, luego de una prórroga pedida, la gestión libertaria niega los detalles de las contrataciones porque ”debe tenerse presente que el 31 de mayo del corriente, luego de una investigación interna realizada por el sujeto obligado, el propio Ministerio de Capital Humano ha formulado denuncia penal a efectos de que se investiguen cuestiones vinculadas con la temática requerida por el peticionante en la solicitud de acceso a información pública referenciada previamente”.
Además explica que esa causa se tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Fiscalía Federal Nº1, a cargo del Dr. Ramiro González.
Desde el Ministerio aseguran que, ”en el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón Nro. 124429/2024 el Sr. Fiscal Federal (conf. Res. MP 52/21) de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) se encuentran también sub examine hechos que están inmediata y directamente relacionados con la información peticionada”.
Para Pettovello, ”mientras la Justicia Federal se encuentre en etapa investigativa, hacer pública documentación y/o información vinculada a las causas, tal como se indicó ut supra, no sólo podría entorpecer o frustrar los fines de las mismas, lo cual es un riesgo real e identificable sino que, además, también podrían afectar, a no dudarlo, los derechos de las personas investigadas”.
Los convenios con la OEI – que existen desde hace tiempo – suelen estar destinados a proyectos en educación, cultura y ciencia, entre otros temas. Se trata de un organismo de cooperación multilateral que utiliza fondos del erario público argentino que, en este caso, habrían sido desviados de su finalidad tras la aparición de un conjunto de personas que aparecieron en una lista con facturaciones de entre 600.000 y 1.400.000 pesos pero que no tenían funciones en la cartera. O sea, reverendos ‘ñoquis’.
Info Gremiales