La Justicia rechazó este jueves la apelación y ratificó la prisión de Antonio Benítez en el caso Loan Peña, desaparecido el 13 junio en la localidad correntina de 9 de Julio. La defensa de Benítez había apelado a la decisión de Pozzer Penzo pero la Cámara Federal de Corrientes determinó que el caso es de gravedad para dar un retroceso de estas características.
La Justicia rechazó este jueves la apelación y ratificó la prisión de Antonio Benítez en el caso Loan Peña, desaparecido el 13 junio en la localidad correntina de 9 de Julio. La defensa de Benítez había apelado a la decisión de Pozzer Penzo pero la Cámara Federal de Corrientes determinó que el caso es de gravedad para dar un retroceso de estas características.
El lunes 9 de diciembre Antonio Benítez apeló el procesamiento por la presunta sustracción y ocultamiento del menor de cinco años. Luego de manifestar que no habían “suficientes pruebas”, la Justicia ratificó este jueves su decisión de detención.
Para la Cámara Federal de Corrientes, “se advierte que las circunstancias y naturaleza del hecho presentan una notoria gravedad, en virtud los acontecimientos ocurridos el día de la desaparición de Loan”, dice el documento con fecha de 26 de diciembre.
En los considerandos del tribunal compuesto por las juezas Gladis Sotelo y Selva Spessot: “Corresponde rechazar la prisión domiciliaria solicitada dado que sus hijos menores tienen cubiertos los derechos de resguardo parental, atención, contención “habiéndose otorgado la morigeración a la consorte de la causa-“.
La Justicia aclara además que los menores hoy están al cuidado de Macarena Peña. “Además, la imputada Laudelina Peña, tiene una hija mayor de otra relación, quien sería Macarena Peña, quién actualmente se encuentra al cuidado de sus hermanos menores de edad, quienes residen también junto a su abuelo paterno, y se vincularían con su padre y madre mediante video llamadas”, sostienen.
Además, destacan que dada la informalidad laboral del imputado, podría darse las condiciones y se corre peligro de fuga del país.
“No se trata de un cuestionamiento al trabajo informal que podría poseer el nombrado, sino a la falta de certeza de sí realmente contaría con un empleo/ocupación que le permita obtener algún ingreso económico, lo que eventualmente podría conjugarse con el peligro de que aquél abandone el país o se oculte, en caso de recuperar su libertad”, señala el documento.
El Litoral