La situación judicial de Alberto Fernández no solo quedó comprometida por el impulso que tuvo la causa por agresiones contra su ex esposa y denunciante Fabiola Yañez, sino que podría complicarse todavía más con el correr de las horas, en el expediente original que investiga maniobras por intermediación irregular de brokers en los seguros que debía contratar el Estado.
El fiscal federal Carlos Rívolo podría solicitar a su par Ramiro González acceder a la prueba recabada en ese expediente donde se secuestró el teléfono de Fernández a los fines de comprobar si, tal como denunció la exprimera dama, recibió hostigamiento y violencia por parte de su expareja una vez que decidió radicar la denuncia por violencia de género.
Si bien el celular se obtuvo para comprobar si existió una violación a la manda judicial, su contenido podría abrir una nueva línea de investigación en la causa de los seguros. Quien debe definir es el mismo juez: Julián Ercolini, a cargo de ambos expedientes. Con el impulso fiscal, la causa por lesiones graves y amenazas avanza, pero podría nutrir la que señala abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La defensa del expresidente intentará oponerse si la justicia se decide a compartir información entre ambos legajos, algo posible dado que las pruebas indiciarias que generaron que se desprendiera la causa por violencia de género fueron halladas en el celular de la secretaria de Fernández, María Cantero, investigada por su rol para favorecer a su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa en los seguros.
De allí surgieron varios intercambios de chats entre Fernández y su exsecretaria privada que dan cuenta de que la búsqueda de acaparar contrataciones de seguros por parte de las empresas de Martínez Sosa no le era un tema ajeno, como había declarado en un primer momento.
Rívolo podría considerar que peritar el celular del expresidente serviría para confirmar esos intercambios, y permitiría, además, establecer si hubo o no borrado de información desde que estalló el escándalo hasta que se realizó el operativo de secuestro del aparato. El fiscal González no avanzará en la apertura de todo el contenido del teléfono del ex presidente, dado que se limita a confirmar si envió mensajes o intentó contactar por esa vía a Yañez cuando ya existía una restricción judicial a hacerlo.
La causa por lesiones no lo habilita para explorar su contenido por otro tipo de delitos. Pero en el caso de Rívolo, su investigación le permite ir hacia atrás para reconstruir la trama que se habría orquestado para beneficiar a Martínez Sosa con contratos de distintas reparticiones con Nación Seguros, cuyas comisiones eran pagadas a empresas relacionadas con brokers allegados.
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