El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla levantó este martes la medida cautelar con la que había ordenado al Gobierno garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo fundamental en la restitución de identidades en causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El Poder Ejecutivo destinó $590.000.000 de presupuesto y así quedó subsanado el riesgo de inminente paralización de las actividades, según plasmó el magistrado en un fallo al que tuvo acceso Infobae.
Los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, a cargo de la fiscalía especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE), habían solicitado la medida a partir de distintos informes de BNDG, en el marco de una causa por una posible supresión de identidad.
En estos documentos se advirtieron limitaciones en recursos humanos y materiales, que impactaron en los tiempos de entrega de resultados de los análisis de ADN y en la capacidad de cumplir con los requerimientos de la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad (CONADI) y los juzgados federales.
Un punto crítico fue la afectación del pago a proveedores de servicios esenciales, como seguridad, mantenimiento informático y las condiciones ambientales necesarias para la preservación del material genético. Las autoridades del Banco advirtieron que, si bien se priorizó la operatividad, la creciente fragilidad y la falta de recursos ponían en riesgo la continuidad de estos servicios.
La situación presupuestaria se tornó aún más compleja al revelarse que, si bien se había formulado un presupuesto considerando el ejercicio anterior, la Ley de Presupuesto Nacional aprobó solo el 55,96% del monto requerido, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades durante el 2026.
Esto generó una situación de “extrema criticidad” que puso en riesgo la operación de los laboratorios y podría afectar la cadena de custodia de las muestras y la preservación de la documentación.
Abuelas de Plaza de Mayo se sumó a la presentación de los fiscales, expresando su profunda preocupación por la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
La organización, querellante en la causa de supresión de identidad, solicitó medidas urgentes para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo y preservar las muestras biológicas y genéticas que integran el Archivo Nacional de Datos Genéticos.
Con la firma de su presidenta, Estela De Carlotto, Abuelas enfatizó el “carácter irremplazable” de estos elementos probatorios para las investigaciones en curso sobre la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, y recordó el “rol fundamental” del BNDG en la restitución de identidades.
Ante este panorama, el juez Ramos Padilla dictó hace dos semanas una medida cautelar interina en la que requirió al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, que dispusiera de manera inmediata “las medidas administrativas y asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento” del Banco.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete presentó un informe en el que argumentó que los requerimientos presupuestarios del BNDG habían sido tramitados y que la falta de operatividad se debía a una gestión ineficiente de los recursos disponibles y a la falta de impulso de los procesos administrativos.
Sin embargo, en el mismo informe, se reconoció la necesidad de una compensación de crédito por $590.000.000 para garantizar la continuidad operativa del BNDG, y se comprometieron a tramitarla. A partir de esto, el Ejecutivo pidió que la cautelar fuera dejada sin efecto.
Una vez destrabado el presupuesto, el Juzgado Federal N° 1 de La Plata dio por cumplida la finalidad de la medida cautelar interina, aunque se dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos.
“Se concluye que el Banco Nacional de Datos Genéticos reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados, en tanto constituye el perito oficial exclusivo previsto por la Ley 26.548 para la obtención, almacenamiento y análisis de información genética necesaria en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Los peritajes allí producidos han constituido históricamente una herramienta central —y en numerosos casos, la única prueba científicamente idónea— para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad, posibilitando la reconstrucción de vínculos familiares, el restablecimiento del derecho a la identidad y el avance de los procesos judiciales correspondientes”, resolvió el juez Ramos Padilla en su fallo.
Fuente: Infobae