Les prohibió la salida del país y dispuso la inhibición de sus bienes; entre ellos están Gonzalez Fraga, Lucas Llach y empresarios.
Unos 26 integrantes del directorio de la cerealera Vicentin y del Banco Nación en 2019 fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de ponerse de acuerdo para cometer un fraude, que habría provocado al Estado un perjuicio de al menos 260 millones de dólares, en el otorgamiento de créditos.
La decisión del juez federal Julián Ercolini, pedida por el fiscal Gerardo Pollicita tras una investigación de cinco años, implica además la inhibición general de bienes de los acusados y la prohibición de salida del país.
Entre los citados a indagatoria −según la decisión judicial a la que accedió LA NACION− se cuentan los exdirectores del Banco Nación Javier Antonio González Fraga, Lucas Llach y Carlos Alberto Castellani y los exdirectores de Vicentin Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Herman Roberto Vicentin, Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
La medida busca asegurar el recupero de un perjuicio patrimonial estimado en US$300.000.000 al Estado nacional. La fiscalía probó que parte del dinero −unos 16 millones de dólares− terminó en paraísos fiscales y en cuentas de Vicentin.
El fiscal Pollicita entendió que entre agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco de la Nación, en connivencia con los empresarios responsables del Grupo Vicentin, defraudaron al Estado nacional.
Según el fiscal Pollicita, dentro del Banco Nación hubo una “actuación coordinada de diversos agentes, quienes, a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro, desde sus funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda, pese a contar con el dinero resguardado en cuentas de garantía constituidas al efecto”.
Es decir, según el fiscal desarticularon las garantías que tenía el banco y “le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido”.
Del otro lado del mostrador, “los empresarios del grupo económico, quienes actuaron en todo momento en complicidad con los funcionarios, no pagaron los saldos adeudados a sabiendas de que no se los cobrarían”, agregó el fiscal.
Luego, continuó Pollicita, pidieron que les liberaran los fondos que tenían en garantía “conociendo que se los entregarían, omitieron deliberadamente dar las garantías que eran requeridas ya que tenían la certeza de que tampoco se las reclamarían, y solicitaron nuevas asistencias financieras a sabiendas de que se las otorgarían”.
Así “quitaron los fondos del ámbito del Banco de la Nación Argentina para que, cuando las nuevas autoridades procuraran cobrar la deuda de aproximadamente U$S 300.000.000, no pudieran hacerlo”.
Para concretar la maniobra, el fiscal dijo que “las autoridades de Vicentin vaciaron las cuentas del BNA para quitar el dinero de la esfera de custodia de dicha entidad y, cuanto menos, recurrieron a la utilización de facturación apócrifa en pos de simular gastos no concretados a través de proveedores falsos” por unos $222.780.392 de pesos, es decir unos 3,7 millones de dólares.
También se valieron del giro de fondos al exterior mediante operaciones simuladas por 16.942.805 de dólares, parte de los cuales culminaron en cuentas bancarias en paraísos fiscales, lo que les permitió desviar una porción de los fondos públicos defraudados.
El fiscal destacó que “la gravedad y magnitud de los hechos investigados radica en que el Grupo Vicentin −compuesto, entre otras, por las firmas Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA– era el principal cliente del BNA, en tanto tenía la línea crediticia más importante del “Sector Privado No Financiero”, que representaba más del 20% de todo el patrimonio del banco, lo que implicaba un exceso en el riesgo autorizado.
Pollicita dijo que los funcionarios del Banco Nación, lejos de proteger el patrimonio, “se apartaron de la conducta debida con el claro y evidente fin de beneficiar al particular, en perjuicio del Estado nacional”.
Explicó que el Grupo Vicentin, a causa de su actividad agroindustrial exportadora, tuvo asignada una línea de crédito que le permitía la prefinanciación de operaciones de comercio exterior.
Entre el 14 de junio de 2018 y el 30 de abril de 2019, el banco había autorizado prestarle hasta US$300.000.000, lo que fue prorrogado reglamentariamente hasta el 31 de julio de 2019.
A partir de agosto de 2019, el Grupo Vicentin quedó sin calificación crediticia ni de riesgo y, a su vez, se hallaba excedido y no podían volver a prestarle dinero, hasta tanto una resolución del directorio fijara las condiciones y los nuevos límites para el período 2019-2020.
Primero, los funcionarios del Banco Nación rechazaron la posibilidad de continuar asistiendo financieramente al grupo Vicentin y le denegaron una nueva prórroga a la calificación que había vencido.
El 9 de agosto de 2019, los empresarios del Grupo Vicentin dejaron de pagar los vencimientos de deuda de cada uno de sus préstamos, lo que se repitió y agravó los siguientes meses y llevó a que se acumulara más deuda vencida que era exigible y, en efecto, los funcionarios del BNA estaban facultados a cobrar.
No obstante, “posteriormente el Banco Nación les garantizó a los empresarios el no cobro de la deuda; la no ejecución de las garantías; la liberación de prácticamente todos los fondos que tenían y la refinanciación de US$105.500.000″.
Los empresarios “acumularon deuda y no la pagaron, se hicieron de los fondos depositados en garantía en beneficio propio y, finalmente, actuaron en coordinación con los funcionarios a fin de instaurar una puesta en escena que les permitiera a estos últimos otorgarles la refinanciación de la deuda”, dice el fallo.
Así, en lugar de cobrar los fondos adeudados por los préstamos vencidos y exigibles (US$264.500.000 hacia diciembre de 2019) los funcionarios no solo omitieron ejecutar las garantías que poseía el banco a ese fin, sino que también liberaron el dinero que se hallaba a resguardo como reaseguro en dos cuentas en las que se recaudaban fondos de la actividad comercial del grupo”.
Los funcionarios simularon que hacían todo lo posible para asegurar el cobro, a la vez que los empresarios, que desde octubre de ese año sabían que les serían otorgados los créditos, aparentaron que hacían todo lo posible por cumplir, evaluó el fiscal.
“Se fingió un acuerdo entre el banco y el grupo empresarial, que fue utilizado como justificativo para las asistencias financieras asignadas en noviembre de 2019″, dijo el fiscal. Así, “entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019 decidieron otorgarle al Grupo Vicentín US$105.500.000, a pesar de que registraba una deuda vencida y exigible que rondaba los US$150.000.000, no tenía calificación vigente ni análisis de riesgo, y tampoco había constituido una garantía”.
El perjuicio económico al BNA alcanzó, “cuanto menos, la suma de US$264.500.000”, de los cuales unos US$4.600.000.000 fueron transferidos a otras cuentas del Grupo Vicentin, y más de US$20.000.000 desviados al exterior por los empresarios.
La citación a indagatoria alcanza a 26 personas, quienes deberán presentarse ante el juzgado en un cronograma que se extiende desde el 27 de octubre hasta el 18 de diciembre.
Por parte del BNA fueron citados Javier Antonio González Fraga (presidente), Lucas Llach (vicepresidente) y los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseniuk y Agustín Pesce; el gerente general Juan José Fragati y los subgerentes Martín Enrique González, Susana Graciela Ojeda y Maricel Leonor Moschini; los gerentes zonales José Luis Testa, Luis María Celestino Restelli, Darío Marcelo Giacossa, Néstor Ariel Bled y Alexis Diosnel Tortul, y el síndico Alejandro Fabián Díaz.
Por parte del Grupo Vicentin fueron citados Daniel Néstor Buyatti (presidente); Alberto Julián Macua (vicepresidente); Herman Roberto Vicentin (Apoderado) y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
El juzgado decretó la inhibición general de bienes de los 26 imputados, así como la prohibición de innovar sobre sus participaciones societarias. Esta medida cautelar busca asegurar el resguardo de los bienes y evitar que sean transferidos.
La decisión se fundamenta en la “verosimilitud en el derecho” y el “peligro en la demora”.
El juez señaló que los funcionarios poseen conocimientos técnicos para desprenderse rápidamente de sus bienes, mientras que los empresarios cuentan con un “conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero” y una estructura profesional para trasladar fondos.
Además, se recordó que parte de los fondos defraudados fueron girados a cuentas en el exterior y otra parte a personas humanas y jurídicas que emitieron facturación apócrifa.
La medida también se enmarca en las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de delitos de criminalidad compleja, para asegurar activos pasibles de decomiso y evitar que se siga gozando del producto de bienes ilícitos.
El tribunal destacó la “gran complejidad” de los hechos, que involucran la defraudación a una entidad de bien público como el Banco Nación a través del manejo de gigantescas sumas de dinero, “lo que justifica la adopción de estas diligencias precautorias para conservar el patrimonio de los investigados”.
La Nación