La Justicia Federal de Salta fue escenario ayer de un nuevo episodio en el trámite de la investigación penal que se sigue contra el diputado nacional Emilano Estrada, a quien se le atribuyen los delitos de abuso de autoridad y peculado por la difusión de noticias falsas.
La jueza federal de Garantías Mariela Giménez convocó ayer a dos audiencias en una. Primero fue para tratar los dos pedidos de inhibitoria de competencia interpuestos por el juez Sebastián Casanello, del Juzgado Correcional 7 de Capital Federal, y por la jueza Claudia Puertas, del Juzgado de Garantías 8 de la justicia provincial. Ambos pretenden tomar la causa contra el legislador.
Tanto el fiscal federal general Carlos Amad como la defensa de Estrada, a cargo del abogado Jorge Ovejero, se opusieron a estos pedidos.
El fiscal pidió que ambos planteos sean rechazados y se mantenga la competencia de la jueza Giménez. Afirmó que la competencia es de la Justicia Federal de Salta, porque fue cometido en esta jurisdicción y porque el “efecto del delito, que yo entiendo que es delito permanente, fue aquí en Salta”. El fiscal le atribuye a Estrada la comisión de los delitos de abuso de autoridad y el peculado de servicios.
Amad recordó que esta causa se inició el 14 de noviembre de 2024 en la Justicia provincial cuando se remitieron a la fiscalía especializada en Ciberdelitos “publicaciones en la red social TikTok”.
El fiscal cuestionó particularmente el planteo de la jueza Puertas, que ya intervino en este caso hasta que fue derivado a la Justicia Federal. “En qué cabeza cabe que un diputado nacional por una acción pueda ser juzgado en dos jurisdicciones totalmente diferentes: federal y provincial, imposible”, sostuvo.
Por su parte, el defensor de Estrada, afirmó que la Justicia Federal de Salta es la competente para tramitar esta causa. No hay “ninguna prueba que indique que el hecho se haya cometido o consumado en las oficinas del Congreso de la Nación”, aseguró.
Al momento de resolver, la jueza Giménez coincidió con el pedido del fiscal Amad y rechazó los pedidos del juez Casanello y la jueza Puertas, con lo que el caso sigue bajo la jurisdicción del Juzgado Federal 2 de Salta.
En la segunda parte la jueza Giménez había previsto que se desarrollara la audiencia de formalización de la investigación penal, trámite que no pudo concretarse porque el diputado Estrada no se presentó. Su abogado lo justificó, dijo que como no estaba firme la cuestión de la competencia, entendía que no se iba a avanzar con la imputación.
La jueza explicó que la norma legal admite seguir con el proceso, pues la discusión de la competencia no tiene carácter suspensivo.
La ausencia del legislador ofuscó al fiscal Amad, que solicitó su desafuero. “El artículo 49 Código Procesal Penal Federal es muy claro en ese sentido, que no se puede parar el inicio de las actuaciones por ningún tipo de excepción ni nada por el estilo”, afirmó.
El fiscal recordó que la oficina judicial había citado a Estrada y a su defensa. Tras la audiencia dijo que pidió el desafuero porque “me parece que él se parapetó en un privilegio indadmisible para no concurrir a la audiencia de formalización de la acusación, no escuchar los cargos que el Ministerio Público Fiscal le quería hacer después de una investigación”.
La defensa se opuso al pedido de desafuero. Pero, la jueza Giménez coincidió con la fiscalía y dispuso avanzar con el pedido de desafuero ante las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación.
El abogado defensor impugnó esta decisión, por lo que el pedido será revisado por la Camara Federal de Apelaciones de Salta.
El fiscal Amad repasó la acusación contra el diputado nacional. Sobre el abuso de autoridad, recordó que es porque dio órdenes ilegales a dos empleados del Congreso Nacional para que crearan cuentas falsas desde las que difundieron fakes news. Mientras que le atribuye el peculado porque usó los servicios de estas personas que eran pagadas con fondos públicos “para su propio provecho personal”.
Estos dos exempleados del Congreso fueron condenados por la justicia provincial por el delito de intimidación pública por la difusión de información falsa. Cuando declararon, ambos aseguraron que actuaron bajo órdenes de Estrada.
Página/12