El Juez hizo lugar a un pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Y en acuerdo con el fiscal, resolvió: ”Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, suspender preventivamente los efectos de la ley 6789 en cuanto habilita la implementación del fuero del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Además aclaró que, ”la suspensión dispuesta tendrá vigencia hasta tanto se dicte sentencia dirimiendo la cuestión de fondo referida a la constitucionalidad de las leyes impugnadas; o bien, el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concreten los acuerdos institucionales requeridos por la ley 24.588 y la cláusula transitoria 13ª de la Constitución CABA para la habilitación de órganos judiciales locales con competencia en materia laboral”.
El fallo, que lleva la firma del Juez Santiago Carrillo, es bienvenido en el universo sindical que había sido espacialmente crítico con el proyecto del Gobierno porteño.
El Gobierno de la Ciudad encabezado por Jorge Macri había argumentado que la medida facilitaría un sistema judicial más ágil, que reduciría tiempos y costos de litigio. Entre las ventajas mencionadas están la incorporación de tecnología mediante el expediente electrónico y audiencias virtuales, que según las autoridades locales, mejorarían la eficiencia del proceso judicial.
Sin embargo, desde la CGT señalaron que esta ”agilidad” podría favorecer a los empleadores en detrimento de los trabajadores, al afirmar que el cambio propuesto solo busca satisfacer ”las necesidades del patrón” y no proteger a la ”parte más débil del eslabón”.
Para la CGT, el fuero laboral es un pilar histórico en la defensa de los derechos laborales y sociales, un sistema establecido por Juan Domingo Perón para resguardar las conquistas de los trabajadores.
De hecho, desde Azopardo habían recalcado que su eventual ”desmantelamiento” serviría como una señal de tranquilidad para los grandes capitales y empresarios, quienes verían en esta reforma una vía para operar sin las limitaciones que, actualmente, les impone la Justicia laboral.
La central obrera recordó que los trabajadores ”son quienes crean la riqueza de un país” y no pueden ser los señalados como responsables de las crisis económicas, reiterando que recortar derechos laborales para fomentar la inversión ”es desconocer la historia y subestimar el movimiento obrero organizado”.
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