La Justicia decidió intervenir parcialmente su administración y avanzar con la designación de un coadministrador judicial, en una señal contundente sobre el deterioro operativo, financiero y laboral de la empresa, que se encuentra en concurso preventivo desde comienzos de este año.
La medida fue dispuesta por el juez civil y comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich, quien resolvió avanzar con un esquema de coadministración, una figura intermedia que no desplaza totalmente a las autoridades de la compañía, pero que limita severamente su margen de maniobra. A partir de ahora, ninguna decisión con impacto económico o patrimonial podrá tomarse sin la intervención del funcionario judicial designado, bajo pena de nulidad.
Si bien este caso resulta emblemático, no escapa a la coyuntura de muchas industrias lácteas que atraviesan por estos días crisis de gran envergadura. Los problemas en usinas como Verónica, también en Santa Fe, La Suipachense, ARSA, y Sudaméricana de Lácteos, son algunos de los casos que sirven de ejemplo para graficar una crisis sectorial histórica, mientras la producción primaria de leche se ubica en buenos niveles.
Un control “real y efectivo” sobre la empresa
Según surge de la resolución, la Justicia consideró que SanCor incumplió de manera reiterada con sus obligaciones básicas como empresa en concurso, desde el pago de salarios hasta la entrega de información clave sobre su funcionamiento interno, contratos vigentes y flujos financieros.
En concreto, el juez entendió que la cooperativa no colaboró adecuadamente con la sindicatura ni con el Comité Provisorio de Control, dificultando el acceso a datos indispensables para evaluar la verdadera situación de la empresa.
Entre otros puntos, se cuestionó la falta de precisiones sobre la actividad real de sus plantas industriales, los acuerdos con terceros para la elaboración y comercialización de productos, los niveles de producción, stock y ventas, y el destino de los fondos que ingresan.
Frente a ese escenario, la resolución plantea la necesidad de establecer un control en tiempo real sobre la gestión, con capacidad para auditar operaciones, intervenir en pagos, revisar contratos y requerir información tanto a directivos como a terceros vinculados a la compañía.
Salarios impagos y profunda crisis laboral
Uno de los factores determinantes para la intervención fue la grave situación laboral que atraviesa SanCor. De acuerdo con lo informado al expediente, la empresa acumula meses de atraso en el pago de salarios, adeuda el aguinaldo completo de 2025 y continúa generando pasivos posteriores a la apertura del concurso, una señal de alerta máxima en cualquier proceso concursal.
Entre otros puntos, se cuestionó la falta de precisiones sobre la actividad real de sus plantas industriales, los acuerdos con terceros para la elaboración y comercialización de productos, los niveles de producción, stock y ventas, y el destino de los fondos que ingresan.
Frente a ese escenario, la resolución plantea la necesidad de establecer un control en tiempo real sobre la gestión, con capacidad para auditar operaciones, intervenir en pagos, revisar contratos y requerir información tanto a directivos como a terceros vinculados a la compañía.
Salarios impagos y profunda crisis laboral
Uno de los factores determinantes para la intervención fue la grave situación laboral que atraviesa SanCor. De acuerdo con lo informado al expediente, la empresa acumula meses de atraso en el pago de salarios, adeuda el aguinaldo completo de 2025 y continúa generando pasivos posteriores a la apertura del concurso, una señal de alerta máxima en cualquier proceso concursal.
A esto se suma el envío de miles de telegramas laborales por parte de los trabajadores, sin respuesta de la empresa, y denuncias sobre la emisión de recibos de sueldo que reflejarían pagos que no se habrían efectivizado. También se pusieron bajo la lupa prácticas que podrían implicar irregularidades previsionales, vinculadas a la liquidación de salarios y aportes a la seguridad social.
Este cuadro no solo compromete la continuidad operativa de la firma, sino que agrava su situación judicial, ya que el incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales posteriores al concurso puede derivar en consecuencias más severas.
La sombra de la causa penal y el frente judicial abierto
El fallo también toma nota de que la crisis de SanCor no se limita al plano comercial o financiero. En paralelo al concurso, la empresa y exdirectivos enfrentan una causa penal en la Justicia federal, vinculada a presuntas irregularidades en el manejo de aportes a la seguridad social.
Si bien ese proceso avanza por un carril independiente, el juez concursal consideró relevante el contexto general, especialmente en lo referido a la conducta de la administración y al cumplimiento de sus deberes legales.
Qué implica la coadministración y cuánto puede durar
La coadministración dispuesta tendrá un plazo inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga. El coadministrador será un profesional especializado en procesos concursales y podrá apoyarse en un equipo técnico interdisciplinario, integrado por contadores, abogados, especialistas en lechería y otros expertos.
Entre sus funciones se destacan la intervención en toda operación con impacto económico, la auditoría de la gestión, el relevamiento integral de la situación productiva y financiera y la elaboración de informes periódicos para la sindicatura y el juzgado.
La medida no busca, al menos por ahora, desplazar totalmente a las autoridades de la cooperativa, sino condicionar su accionar y garantizar que el proceso concursal avance con información completa, veraz y oportuna.
La cooperativa que sigue perdiendo espacio
Detrás de la decisión judicial aparece un dato que agrava el diagnóstico, y es que SanCor enfrenta esta crisis en un contexto que, al menos desde el punto de vista productivo, le fue relativamente favorable al sector lácteo primario, con altos niveles de producción de leche en el último año.
Sin embargo, la empresa no logró capitalizar ese escenario, ni ordenar su estructura de costos ni normalizar su operatoria básica. Para la Justicia, esa incapacidad refuerza la necesidad de un control más estricto, ante el riesgo de un mayor deterioro si las condiciones del mercado se vuelven menos favorables.
Esta intervención judicial envía una señal clara a todos los actores involucrados como trabajadores, acreedores, proveedores y potenciales inversores. El objetivo declarado es preservar la empresa y su actividad, pero bajo reglas más estrictas, con supervisión efectiva y sin margen para nuevas irregularidades.
Historia reciente
En los últimos meses, la situación de SanCor se fue deteriorando de manera sostenida. A pesar de encontrarse bajo concurso preventivo, la cooperativa no logró estabilizar su operatoria ni frenar la acumulación de nuevos pasivos, especialmente en el frente laboral. Los atrasos en el pago de salarios se repitieron, se sumaron deudas por aguinaldos y crecieron los reclamos de los trabajadores, en un contexto de fuerte incertidumbre sobre la continuidad de la actividad.
Al mismo tiempo, la empresa fue perdiendo previsibilidad en su funcionamiento productivo y comercial. Parte de su operatoria quedó atada a acuerdos con terceros para la elaboración y comercialización de productos, mientras varias plantas trabajaron con capacidad reducida. Según advirtieron los órganos de control del concurso, esa reconfiguración no estuvo acompañada por información clara y completa sobre volúmenes producidos, ventas, stocks ni flujos de fondos.
Ese combo de crisis laboral, fragilidad financiera y una administración que no logró dar respuestas consistentes, terminó de encender las alarmas en la Justicia. A casi diez meses del inicio del concurso, y en un escenario sectorial que no resultó adverso para la lechería, el juez consideró que la situación de SanCor no solo no mejoró, sino que se agravó, lo que derivó en la decisión de intervenir su gestión mediante la designación de un coadministrador judicial.