Jueces y fiscales recibieron una nota que denuncia la situación crítica del organismo creado por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo. Ya hubo presentaciones de unidades especializadas.
Distintos jueces y fiscales recibieron una nota que causó alarma. El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo creado a instancia de las Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado, no podrá seguir tomando muestras biológicas por el recorte presupuestario al que lo sometió Javier Milei. De continuar esta situación, la búsqueda de quienes fueron apropiados corre un grave riesgo. En distintas jurisdicciones del país le dijeron a Página/12 que ya están analizando el tema.
“No podremos llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas estrictamente por cuestiones presupuestarias”, comienza la nota que el viernes pasado envió la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, a distintos tribunales y juzgados federales donde tramitan causas de lesa humanidad.
Las autoridades del BNDG explicaron que el organismo enfrenta una situación crítica de operatividad que compromete la continuidad de servicios esenciales, como limpieza, vigilancia y mantenimiento del edificio. Si esos servicios se interrumpen, el BNDG tendrá serias dificultades para seguir funcionando.
Sin vigilancia ni mantenimiento del edificio, se pone en riesgo la cadena de custodia y la preservación de toda la documentación con la que cuenta el BNDG. De esta forma, podrían verse afectadas las muestras biológicas que tiene la institución para determinar si una persona es hija de desaparecidos. Entre otras, el BNDG almacena muestras de sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos fuente de ADN secuestrados en distintos allanamientos.
Desde el BNDG le advirtieron al Poder Judicial que estarán imposibilitados de cumplir en tiempo y forma con los pedidos de análisis vigentes y que la situación podría derivar en la “eventual suspensión o demora en la producción de pericias genéticas”.
Un tema que preocupa especialmente en la Justicia es que también informaron que puede haber una “alteración de las condiciones técnicas indispensables para la validez de los procesos periciales”.
Al no haber presupuesto, tampoco hay viáticos para que los expertos del BNDG viajen a tomar muestras a distintos puntos del país. Existen casos en los que las personas no pueden acercarse a hacerse los análisis a la sede central del organismo, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, y son los técnicos quienes deben desplazarse. Hay situaciones más delicadas, que incluyen exhumaciones de cuerpos para completar las pericias.
La nota habría llegado también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque este diario no consiguió una confirmación oficial. Hace tiempo que el máximo tribunal no se preocupa por el avance de las investigaciones por crímenes cometidos durante la última dictadura ni su titular, Horacio Rosatti, convoca a la comisión interpoderes creada para acelerar los procesos.
La Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante), que dirige el fiscal Pablo Parenti, ya hizo presentaciones en los tribunales. También se sumó la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de La Plata —integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira—, que expresó su preocupación por lo que implicaría la paralización de la labor del BNDG.
“El correcto funcionamiento del BNDG es una condición necesaria para que los casos de apropiación de niños en contexto de terrorismo estatal comprendidos en el objeto procesal de esta causa puedan ser resueltos; y, en consecuencia, se descubra la verdad, se restituyan las identidades, se sancione a los responsables y se compruebe la extensión de los daños provocados y se los repare”, dice el escrito que ingresó en las últimas horas en los juzgados federales a cargo de Ernesto Kreplak y Alejo Ramos Padilla. En ambas dependencias confirmaron a este diario que estaban al tanto de la cuestión y que la estaban estudiando.
Fue Raúl Alfonsín quien impulsó la creación del BNDG después de una reunión con las Abuelas, en la que ellas le explicaron que con el “índice de abuelidad” podrían encontrar a chicos apropiados. Durante sus primeros años de existencia, el BNDG funcionó en el Servicio de Inmunología del Hospital Durand. En 2009, el Congreso decidió que pasara a operar bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, pero le otorgó autonomía y autarquía para que no quedara sujeto a los vaivenes políticos.
En el BNDG se almacenan muestras de las familias que buscan a bebés que nacieron en los campos de concentración o que fueron secuestrados junto con sus padres y madres por los grupos de tareas. También están las muestras de quienes sospechan que pueden ser hijos de desaparecidos.
El 23 de mayo del año pasado se publicó el decreto 351 en el Boletín Oficial (BO). A través de él, el Gobierno transformó al BNDG en un organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete. Es decir, perdió autonomía y autarquía. Con esos cambios, además, se eliminó el cargo de subdirector administrativo. Si bien el decreto 351 fue rechazado por el Congreso, el Gobierno jamás restituyó la estructura administrativa del BNDG.
En el Ministerio de Justicia reconocieron estar al tanto de la grave situación que atraviesa el BNDG y dijeron que intentarían hacer gestiones ante el Ministerio de Economía para resolver el ahogo presupuestario que vive la institución.
En organismos oficiales explican que, en realidad, el presupuesto aprobado para 2025 representa apenas la mitad de lo que necesitaría el BNDG —que también interviene en casos de robo de bebés vinculados al tráfico o la trata de personas— para funcionar correctamente.
En su último informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la situación del BNDG y por el impacto que el ajuste podría tener en la búsqueda de los nietos y las nietas.
El Gobierno de Milei ha buscado, a través de distintas vías, obstaculizar la búsqueda de los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado. En primer lugar, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad rechazaron enviar documentación a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).
A través de otro decreto, Milei también desmanteló la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Conadi y que estaba facultada para acceder a archivos en poder del Estado que pudieran contribuir a encontrar a los chicos apropiados.
“El ajuste de Milei no está recortando gastos superfluos: está afectando instituciones fundamentales de la democracia argentina”, advirtió Andrés La Blunda, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y uno de los nietos encontrados por las Abuelas, en diálogo con este diario.
“Es una catástrofe lo que está sucediendo con el Estado. En particular, lo del BNDG podría tener consecuencias muy graves para continuar la búsqueda de quienes fuimos víctimas de apropiación ilegal”, sumó, por su parte, la exlegisladora Victoria Montenegro.
Página/12