Las tres personas que pidieron ser querellantes en la causa sobre la estafa con $LIBRA por haber perdido su inversión después de confiar en el tuit del presidente Javier Milei que la promovía, tendrán que esperar que la investigación judicial defina si existió una estafa. La jueza María Servini rechazó sus pedidos para ser considerados víctimas e intervenir en el expediente, aunque de acuerdo al argumento esgrimido no sería una decisión definitiva.
Mientras tanto, en las redes sociales y portales circula una enorme cantidad de prueba ideal para ser ponderada por el fiscal Eduardo Taiano, a cargo del expediente que tramita en Comodoro Py. Entre ese material, llamó la atención un video de enero último de uno de los empresarios investigados, Manuel Terrones Godoy, donde anuncia que Donald Trump “no va a ser el único presidente ni el único político que tenga su token, porque lo que a Trump le permitió esto es es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia…” Este discurso vendría a desnudar que la criptomoneda promovida por Milei posiblemente no estaba -como dijo – destinada a fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
Damnificados
Cuando se abrió en Comodoro Py la causa por la criptoestafa, como informó Página/12 se presentaron tres personas, representadas por el dirigente Juan Grabois y letrados de su equipo que habían comprado $LIBRA al ver el posteo de Milei el viernes 14 de febrero, publicado a las 19.01, fijado en su cuenta de “X” y borrado cuatro horas más tarde.
En ese ínterin invirtieron, la cotización creció de manera exponencial, y unas pocas billeteras se quedaron con millones. Ellos perdieron casi todo lo suyo, 8000 dólares el más afectado. Se trata de pequeños usuarios, uno de los cuales presentó información ante la jueza que mostraba, además, que la promoción del token se hacía en la plataforma “Ripio”, que le merecía confianza. Era publicitado como”el nuevo token que impulsó el presidente Javier Milei”. Eso le parecía más reaseguro todavía.
En los fundamentos para rechazar la querella, la jueza Servini sostuvo que todavía no está claro si el desplome del valor del cripto activo ‘Libra’ es un daño derivado de una maniobra premeditada o es parte del riesgo que corre cada inversor. Hasta que no se establezca si se corresponde con una actividad ilegal o si fue una consecuencia desfavorable de la inversión (que aclara que es algo que se está investigando) rechaza las solicitudes de ser tenidos como parte querellante de quienes alegan ser damnificados. A eso agrega que tienen que demostrar que fueron fehacientemente ellos quienes adquirieron la criptomoneda, para lo que hará falta la información de trazabilidad.
Más allá de que la magistrada no haya cerrado la puerta, pueden apelar. Grabois y diputado Itaí Hagman, además, habían denunciado la estafa en general, el papel del presidente, eventualmente otros funcionarios y empresarios.
Mientras que no haya querellante, solo impulsa (o no) medidas de investigación el fiscal Taiano, que pidió colaboración a dependencias especializadas de la Procuración. A otro denunciante, Fernando Miguez y su fundación por la Paz y el Cambio Climático, también le rechazaron un pedido para querellar por no mostrar un perjuicio directo, entre otras cosas.
Financiar la política
Terrones Godoy se hizo conocido por sus consejos como youtuber para ganar dinero con videojuegos, una de sus especialidades. Después de vivir siete años en México volvió en diciembre de 2024. Así lo comentó en sus redes sociales, donde se lo conoce como KmanuS88. Dijo que lo hacía porque el “país eligió cambiar de rumbo y quiero ser parte de la nueva Argentina”. Parece que llegaba con planes.
Con el trader Mauricio Novelli son socios en Tech Forum, el evento que el año pasado sirvió para que Milei –que allí fue orador– estrechara vínculos con los empresarios Hayden Davis, de Kelsier Ventures, el creador de la critpo $LIBRA y Julian Peh, de Kip Protocol, que participó del proyecto. Seguramente muchos, además, hicieron negocios. Novelli es alguien muy cercano al Presidente, tiene al menos siete ingresos a la Casa Rosada, algunos con Terrones Godoy, a lo largo del año pasado, varios autorizados por Karina Milei. Terrones Godoy también es socio de otro de los implicados en el cripto escándalo, Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores.
El experto en juegos es un libertario de la primera hora que suele repostear lo que publica Milei. Como lo hizo con la foto del 30 de enero que el mandatario compartió tras reunirse con Davis, quince días antes del lanzamiento de $LIBRA. “El javo se estuvo asesorando en blockchain”, decía. Davis, en efecto, dijo ser asesor de Milei en criptomonedas y que estaba planificando mucho más que este cripto activo.
El video que compartió Terrones Godoy en su canal de Youtube y también en “X” es particularmente llamativo y sugestivo respecto del uso de criptomonedas en la política. El 19 de enero, algo más de tres semana antes del Criptogate, escribió en la red social: “No creo que salga ninguna otra memecoin de la familia Trump pero no se extrañen que aparezcan más figuras fuertes de la política”.
A partir del minuto 5.55 del video dice que Trump “no va a ser el único presidente ni el único político que tenga su token, porque lo que a Trump le permitió esto, es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia, con esto puede poner senadores, diputados, gobernadores (…) su hijo o quien venga tiene capital para lanzarse en la presidencial dentro de cuatro años . Esto lo va a replicar mucha gente, en el momento adecuado, de la forma adecuada, pero van a ver que empieza una tendencia. Lo que se evita es la necesidad que hay en la política de robarle al estado para hacer política, los políticos le roban al Estado para hacer política. Con esto no hace falta, y hasta es mas transparente”.
Queda claro que no lo menciona a Milei directamente, pero es imposible no relacionarlo. Su enfoque abonaría la hipótesis de que no es real que $LIBRA estuviera previsto para pequeñas inversiones en el país. La firma KIP Protocol, por ejemplo, dijo en un comunicado que el tema fue mencionado pero no se había establecido nada al respecto.
Lo que debería sumar una línea de investigación es que es la nueva forma de financiar la política, lo que sucede es que en este caso alguien se quedó con millones perdidos por los inversores. Taiano pidió información sobre las regulaciones del mercado de las criptomonedas, pero se encontrará con lo que sabe todo el mundo: que no hay, aunque las empresas que quieren operar deberían registrarse, algo que tampoco ocurrió.
La dudosa autoinvestigación
Como informó este diario, el gobierno creó una “Unidad Transitoria de Investigación” (UTI) del Libragate, en teoría para juntar información del caso, y esta semana quedó a cargo la jefa de gabinete del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, María Florencia Zicavo. Ya había instruido, además – algo que tienen prohibido el Poder Ejecutivo – a la Oficina Anticorrupción (OA) para investigar el tema. El organismo, que conduce Alejandro Melik, un exsocio Cúneo Libarona, está en la esfera del Ministerio de Justicia. Una de sus decisiones, tiempo atrás, fue no exigirle a Milei que revele sus clientes como economista o conferencista entre 2021 y 2023.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) difundió este jueves un comunicado donde rechaza la decisión de designar a Zicavo a cargo de la UTI. “Dejar cualquier tarea de investigación, así se llame ‘recopilación de información’ , a cargo de una funcionaria directamente dependiente del Presidente implicado en la causa, genera un conflicto de intereses y vulnera los principios de independencia y objetividad que deben regir toda investigación sobre hechos de corrupción”.
También advierte que a esa Unidad se le asignaron tareas que son “competencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal, como órgano autónomo de investigación, y no pueden ser asumidas por el Poder Ejecutivo, menos en un caso de corrupción que involucra al Presidente”. Esa injerencia del mandatario, señala el organismo, “genera un riesgo directo encubrimiento e impunidad”.
Página 12