Esa cautelar, que había sido impuesta por la jueza María Eugenia Bona ante un planteo de Poggi, generó el rechazo del Gobierno provincial debido a su impacto directo en las obras que se venían desarrollando y fue considerada como una “gravedad institucional”, debido a que varias están financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y hay un plazo establecido para concretarlas.
Rodríguez Saá explicó que se utilizó el recurso legal del “per saltum” para acudir al Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano judicial de la provincia, para evitar la demora de las obras paralizadas que eran de “importancia estratégica” para San Luis como escuelas, hospitales y suministro de agua potable.
“Vamos a trabajar para recuperar estos siete días de suspensión y cumplir nuestros sueños”, afirmó tras la revocación de la cautelar.
El gobernador saliente señaló que “la jueza decía que se comprometía al nuevo período de gobierno, pero ella nos estaba quitando la parte de nuestro periodo y le estaba dando al otro que decida sobre este; nosotros tenemos mandato constitucional hasta el próximo 9 de diciembre”, remarcó.
Además, expresó su descontento por las pérdidas económicas que causó la paralización, al estimar que la provincia había perdido cerca de 5 mil millones de pesos durante los 7 días de suspensión.
Télam